Competencia y empresa: riesgos legales que debe conocer

Competir en el mercado expone a la empresa a dos bloques de riesgo legal: el derecho de defensa de la competencia, que persigue cárteles, abusos de posición dominante y concentraciones con multas que pueden alcanzar el 10 % del volumen de negocios total mundial, y la competencia desleal, que permite a las autoridades de consumo y a los competidores reaccionar frente a prácticas comerciales engañosas u opacas. A ambos se suman la prohibición de contratar con el sector público, las demandas de daños y la responsabilidad personal de los administradores.

Esta guía ordena esos riesgos, explica las normas que los regulan y propone las revisiones que conviene hacer antes de que llegue un requerimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), una inspección, una sanción de consumo o una demanda.

Mapa de riesgos: defensa de la competencia y competencia desleal

Qué prohíbe la Ley de Defensa de la Competencia

Tres conductas están en el origen de la mayoría de los riesgos de competencia:

• Conductas colusorias (art. 1 LDC): acuerdos, decisiones colectivas o prácticas concertadas o conscientemente paralelas que tengan por objeto o efecto restringir la competencia, como la fijación de precios, el reparto de mercados o la limitación de la producción. Son nulos de pleno derecho, salvo que estén amparados por las exenciones legales.
• Abuso de posición dominante (art. 2 LDC): por ejemplo, la imposición de precios o condiciones no equitativos o la negativa injustificada a suministrar.
• Falseamiento de la libre competencia por actos desleales (art. 3 LDC): actos de competencia desleal que, por falsear la libre competencia, afectan al interés público.

Las multas pueden alcanzar el 1 %, el 5 % o el 10 % del volumen de negocios total mundial de la empresa infractora en el ejercicio anterior, según la infracción sea leve, grave o muy grave (art. 63.1 LDC). Los cárteles y el abuso de posición dominante son infracciones muy graves (art. 62.4 LDC).

Demandas de daños por infracciones de competencia

Para una pyme o una empresa mediana, las reclamaciones de daños por infracciones de competencia suponen varios riesgos:

• Reclamaciones años después de la conducta. La acción de daños prescribe a los cinco años, que no empiezan a contar hasta que cesa la infracción y el perjudicado conoce, o pudo razonablemente conocer, la conducta, el perjuicio y la identidad del infractor. El plazo se interrumpe mientras la autoridad de competencia investiga y hasta un año después de que su resolución sea firme (art. 74 LDC).
• Efecto cascada de las sanciones. La constatación de la infracción en una resolución firme de una autoridad de competencia española se considera irrefutable en la acción de daños (art. 75.1 LDC), y en los cárteles se presume, salvo prueba en contrario, que causaron daños (art. 76.3 LDC). Es la base de las reclamaciones civiles posteriores a la sanción (follow-on actions).
• Fondos de litigación como adversarios. Ya no se litiga solo contra el cliente perjudicado: hay fondos que adquieren créditos de múltiples afectados, profesionalizan la reclamación y pueden elevar de forma notable la cuantía y la complejidad del procedimiento.

Antes de demandar en el orden civil, el perjudicado debe haber acudido a algún medio adecuado de solución de controversias (art. 5 de la Ley Orgánica 1/2025). En los daños por infracciones de competencia, el inicio de un procedimiento de solución extrajudicial interrumpe además la prescripción respecto de las partes que participen en él (art. 74.4 LDC).

La futura ley de acciones colectivas

El Congreso tramita desde 2025 el Proyecto de Ley de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, que transpone con retraso la Directiva (UE) 2020/1828. A 29 de septiembre de 2026 no constaba su aprobación ni su publicación en el BOE. Para las empresas, un solo procedimiento podría aglutinar a muchos reclamantes, con implicaciones en provisiones contables, riesgo reputacional y costes de defensa.

Licitaciones públicas: detección de cárteles y prohibición de contratar

La CNMC utiliza Brava (Bid Rigging Algorithm for Vigilance in Antitrust), una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por la propia Comisión para detectar la manipulación de licitaciones públicas entre competidores (bid rigging). Según la CNMC, BRAVA se basa en un algoritmo de aprendizaje automático que toma como fuente la base de datos de contratación pública del Estado, y se utiliza tanto cuando hay indicios o denuncias como de oficio, para detectar posibles casos de colusión sin denuncia previa.

Para quien concurre habitualmente a licitaciones públicas, el nivel de escrutinio aumenta: los intercambios de información entre competidores, la rotación de adjudicaciones o las ofertas de cobertura pueden detectarse de oficio, antes incluso de que exista una denuncia.

La prohibición de contratar, a veces peor que una multa

El art. 71.1.b) de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) impide contratar con el sector público a quienes hayan sido sancionados con carácter firme por infracción grave en materia de falseamiento de la competencia. La STS 1655/2025, de 16 de diciembre (Sala Tercera; ROJ: STS 6103/2025, ECLI:ES:TS:2025:6103), declara que la autoridad de competencia puede fijar en su resolución sancionadora el alcance y la duración de esa prohibición, y que corresponde al órgano de contratación apreciarla y aplicarla en cada licitación; si la resolución no lo fija, se determinan mediante el procedimiento del art. 72 LCSP. La misma sentencia precisa que la referencia a la infracción grave es un umbral mínimo que no excluye las muy graves.

No es una herramienta nueva: la CNMC ya había acordado prohibiciones de contratar en resoluciones anteriores, como la de 14 de marzo de 2019 en el expediente de electrificación y electromecánica ferroviarias, cuya ejecutividad analizó la STS 377/2022, de 28 de marzo (ROJ: STS 1259/2022, ECLI:ES:TS:2022:1259). Las causas y la forma de evitar esta medida se desarrollan en la guía sobre prohibiciones de contratar en la LCSP.

Su impacto económico puede superar al de la multa. Una sanción pecuniaria, por elevada que sea, puede provisionarse; una prohibición de contratar excluye a la empresa del mercado público durante un período determinado, lo que puede comprometer la viabilidad de compañías cuyo negocio depende de la contratación administrativa. La exención de la multa por clemencia comprende también la de la prohibición de contratar, y la reducción puede incluir su exclusión (arts. 65.4 y 66.5 LDC).

De ahí la importancia de un programa de cumplimiento normativo (compliance) efectivo, no como ejercicio formal, sino como herramienta real de autocorrección. La ley no menciona expresamente estos programas entre las atenuantes del art. 64.3 LDC, que es una lista abierta, pero un programa eficaz permite detectar y cortar la conducta a tiempo (lo que sí es atenuante) y valorar con rapidez una solicitud de clemencia.

Control de concentraciones: interés general y primera prohibición

Según su balance de 2025, ese año la CNMC analizó 123 operaciones en el marco del control de concentraciones, entre ellas la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell, y prohibió una por primera vez. Son los dos casos más relevantes:

1. La OPA de BBVA sobre Sabadell, que no prosperó. Tras la autorización de la CNMC en segunda fase con compromisos, el Gobierno elevó la decisión al Consejo de Ministros (art. 60 LDC) y el Ministerio de Economía abrió, de forma inédita, una consulta pública sobre los criterios de interés general del art. 10.4 LDC. El Consejo de Ministros autorizó la operación con la condición de que ambas entidades mantuvieran durante tres años personalidad jurídica y patrimonio separados y autonomía de gestión, plazo que puede ampliarse dos años más. La oferta fracasó: según la CNMV, la aceptó el 25,33 % del capital, por debajo del mínimo fijado por BBVA (16 de octubre de 2025). La irrupción de consideraciones de interés general distintas de la defensa de la competencia genera incertidumbre sobre los criterios aplicables en futuras operaciones.
2. La prohibición de la adquisición del Institut de Radiofarmàcia Aplicada de Barcelona (IRAB) por Curium. La CNMC la prohibió el 6 de octubre de 2025, primera decisión expresa de prohibición de una concentración adoptada por la CNMC desde su creación, lo que muestra que está dispuesta a ejercer esa potestad cuando considera que ningún compromiso resuelve los riesgos para la competencia efectiva.

Implicaciones para la compraventa de empresas

Quien planifique una compraventa de empresas, una fusión o una adquisición debe tener en cuenta lo siguiente:

• Plazos más largos. Si la operación supera los umbrales del art. 8 LDC, debe notificarse y no puede ejecutarse hasta su autorización (art. 9 LDC). Esto debe reflejarse en el calendario de cierre y en las cláusulas de long stop date del contrato.
• Posibles condiciones. La CNMC puede subordinar la autorización al cumplimiento de compromisos (remedies) o condiciones; hay que anticipar qué activos o líneas de negocio podrían verse afectados.
• Interés general. En las operaciones autorizadas en segunda fase con compromisos o prohibidas, el Consejo de Ministros puede intervenir por razones de interés general (art. 60 LDC). Conviene preparar no solo un análisis competitivo sólido, sino también una estrategia de comunicación institucional.
• Due diligence reforzada. Antes de adquirir una empresa hay que verificar su exposición a riesgos de competencia —procedimientos abiertos, participación en licitaciones públicas, posibles prácticas coordinadas con competidores—, porque en una compra de acciones o participaciones esos pasivos permanecen en la sociedad adquirida.

Prácticas comerciales desleales: lo que enseña el caso Revolut

La Autoridad italiana de la Competencia y del Mercado (AGCM) anunció el 2 de abril de 2026 una sanción de 11,5 millones de euros a Revolut por prácticas comerciales desleales, dividida en tres bloques:

• 5 millones de euros por no informar de forma clara y completa sobre los costes adicionales y las limitaciones de las inversiones presentadas como «sin comisiones», incluidas las acciones fraccionadas, que presentan diferencias relevantes frente a las acciones enteras en términos de riesgos, derechos y transmisibilidad.
• 5 millones de euros por la gestión de las suspensiones, limitaciones y bloqueos de cuentas de pago, con información insuficiente o poco clara sobre sus condiciones, sin preaviso adecuado y sin asistencia efectiva a los usuarios afectados.
• 1,5 millones de euros por no aclarar los requisitos y plazos para obtener un IBAN italiano en lugar del lituano con el que operaba inicialmente.

Revolut manifestó su desacuerdo y anunció que recurriría. El caso no es solo un problema italiano: recuerda que la opacidad en la información precontractual y la gestión unilateral de contratos sin comunicación adecuada tienen un precio regulatorio concreto.

En España, la norma aplicable es la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, reformada por la Ley 29/2009, que incorporó la Directiva europea sobre prácticas comerciales desleales, la misma que está en la base de la normativa italiana. El uso de prácticas comerciales desleales con los consumidores es, además, una infracción en materia de consumo (art. 47.1.m TRLGDCU) que sancionan las autoridades de consumo; la CNMC solo interviene cuando los actos desleales falsean la libre competencia y afectan al interés público (art. 3 LDC). Las sanciones de consumo por infracciones muy graves oscilan entre 100.001 y 1.000.000 de euros, cuantía que puede sobrepasarse hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido; cuando se imponen en el marco de las acciones coordinadas del Reglamento (UE) 2017/2394, el máximo para las infracciones muy graves equivale al 4 % del volumen de negocio anual del empresario en España o en los Estados miembros afectados (art. 49 TRLGDCU).

Información precontractual

Uno de los ejes de la sanción fue que los clientes no recibieron, antes de contratar, información suficientemente clara sobre los costes y limitaciones de determinados productos ni sobre las condiciones de bloqueo de cuentas. En España, esta obligación se recoge en varias normas según el sector: el art. 60 TRLGDCU exige facilitar al consumidor, antes de contratar, información clara, comprensible, veraz y suficiente sobre las características principales del contrato, y atribuye al empresario la carga de probar que la ha dado; a ello se suman la normativa MiFID II para servicios de inversión o la Ley de Servicios de Pago.

En la contratación entre empresas no existe un deber general equivalente, pero las condiciones generales que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer, o que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, no quedan incorporadas al contrato (art. 7 de la Ley 7/1998, de Condiciones Generales de la Contratación). En contratos con consumidores, los tribunales españoles han declarado nulas cláusulas que, aunque formalmente incluidas, no superaban el control de transparencia por no haberse explicado o destacado suficientemente: la transparencia puede determinar que una cláusula no se aplique.

Productos complejos: engaño por acción y por omisión

Las acciones fraccionadas permiten invertir con menos capital, pero presentan diferencias relevantes frente a los títulos enteros. El problema no era el producto, sino comercializarlo destacando sus ventajas —acceso a grandes valores con poco dinero, sin comisiones— sin explicar sus limitaciones ni sus costes adicionales.

Ese patrón encaja en la Ley de Competencia Desleal. Su art. 5 considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, cuando afecte, entre otros aspectos, a las características principales del bien o servicio (incluidos sus riesgos) o a su precio. El art. 7 califica como desleal la omisión u ocultación de la información necesaria para adoptar una decisión con conocimiento de causa, así como ofrecerla de forma poco clara, ambigua o en un momento inadecuado. En las relaciones con consumidores, solo son prácticas desleales las previstas en los arts. 4, 5, 7 y 8 y en el capítulo específico de la ley, y las de los arts. 21 a 31 lo son en todo caso (art. 19 LCD).

Bloqueos y modificaciones unilaterales del contrato

En el ámbito mercantil, la modificación unilateral de las condiciones o la suspensión de servicios sin preaviso puede constituir un incumplimiento contractual que, si es grave, da derecho a la otra parte a resolver el contrato y reclamar daños y perjuicios. En contratos con consumidores son abusivas, además, las cláusulas que reserven al empresario facultades de modificación unilateral, salvo que concurran motivos válidos especificados en el contrato, con reglas particulares para los servicios financieros (art. 85.3 TRLGDCU).

El riesgo existe también entre empresas: en contratos de distribución, suministro o servicios tecnológicos, la suspensión unilateral de prestaciones sin respetar los procedimientos pactados puede generar una responsabilidad contractual significativa. Si el contrato no regula con precisión los supuestos de suspensión, los plazos de preaviso y los mecanismos de resolución de disputas, quien suspende asume un riesgo considerable. Por eso conviene revisar los contratos mercantiles marco con clientes y proveedores antes de que surja el conflicto.

Acciones de los competidores por competencia desleal

Las prácticas desleales también originan conflictos entre empresas. Un competidor que considere que la publicidad engañosa de otro le desvía clientes puede ejercitar las acciones del art. 32 LCD: declarativa de deslealtad, de cesación o prohibición, de remoción de efectos, de rectificación de informaciones engañosas, de resarcimiento de daños y perjuicios (que exige dolo o culpa del agente) y, en ciertos casos, de enriquecimiento injusto.

Estas acciones prescriben por el transcurso de un año desde que pudieron ejercitarse y el legitimado conoció a la persona que realizó el acto desleal y, en cualquier caso, de tres años desde que finalizó la conducta (art. 35 LCD). Antes de presentar la demanda civil debe haberse intentado algún medio adecuado de solución de controversias (art. 5 de la Ley Orgánica 1/2025), aunque las medidas cautelares previas a la demanda no lo requieren. En el ámbito de las relaciones mercantiles, estos conflictos pueden ser especialmente intensos en sectores con márgenes ajustados, donde la diferenciación competitiva se juega en el precio y en la comunicación comercial.

Responsabilidad de los administradores

Cuando el infractor de la LDC es una persona jurídica, pueden sancionarse también sus representantes legales y quienes integran sus órganos directivos que hayan intervenido en la conducta, con multas de hasta 60.000 euros por persona; quedan excluidos quienes, formando parte de órganos colegiados, no asistieron a las reuniones o votaron en contra o salvaron su voto (art. 63.2 LDC). En el ámbito sancionador de consumo, cuando la infracción se imputa a una persona jurídica pueden ser considerados también responsables quienes integran sus órganos rectores o de dirección (art. 51.5 TRLGDCU).

El riesgo no se agota en la multa. El art. 236 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) establece que los administradores responden frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos, o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al cargo, siempre que haya intervenido dolo o culpa. Si la empresa es sancionada y se acredita que los administradores conocían o debían conocer la conducta, o que no adoptaron las medidas precisas para el control de la sociedad, la sociedad (o los socios, en los términos legales) podría exigirles el daño que la sanción le haya causado, si concurren los presupuestos del art. 236 LSC. No actuar preventivamente puede valorarse como un incumplimiento del deber de diligencia. Es especialmente relevante en empresas medianas, donde el administrador tiene control directo sobre las decisiones de marketing, fijación de precios y diseño de contratos. Este régimen se explica con detalle en la guía sobre la responsabilidad del administrador de una sociedad limitada.

Conflictos entre socios derivados de una sanción

Una sanción de competencia puede abrir conflictos entre socios. El socio minoritario que no participó en la decisión infractora puede considerar que el administrador —a menudo vinculado al socio mayoritario— ha causado un daño patrimonial a la sociedad y promover la acción social de responsabilidad. También surgen discrepancias sobre la defensa: transigir o litigar, provisionar o no, colaborar con la CNMC a cambio de clemencia o mantener una posición de negación. Si esas decisiones no están reguladas en un pacto de socios, pueden escalar hasta la impugnación de acuerdos sociales o la solicitud de medidas cautelares.

Qué debe revisar su empresa

Riesgos de defensa de la competencia

1. Programa de compliance de competencia: adaptado al sector, con formación específica para quienes tienen contacto con competidores, participan en licitaciones o gestionan información comercial sensible.
2. Auditoría de exposición: acuerdos comerciales, participación en asociaciones sectoriales, intercambios de información con competidores y prácticas de fijación de precios.
3. Cláusulas de competencia en los pactos de socios: cómo se decide ante un procedimiento sancionador, quién asume los costes de defensa y qué consecuencias tiene para el administrador responsable.
4. Due diligence en operaciones corporativas: análisis específico de riesgos de competencia en cualquier adquisición, fusión o toma de participación significativa.
5. Protocolo ante inspecciones de la CNMC: las inspecciones (dawn raids) pueden realizarse sin previo aviso (art. 40.2 LDC) y obstaculizarlas es una infracción grave (art. 62.3.c LDC). Un protocolo claro y un asesor legal identificado de antemano pueden marcar la diferencia entre una gestión ordenada y un problema probatorio.

Prácticas comerciales y contratos

1. Información precontractual: ¿reciben los clientes, antes de contratar, información clara sobre el precio total, los costes adicionales, las condiciones de cancelación y los riesgos del producto o servicio?
2. Publicidad y comunicaciones comerciales: ¿reflejan fielmente las condiciones reales, sin ocultar las limitaciones relevantes?
3. Contratos tipo: ¿están redactadas con claridad y cumplen los requisitos legales las cláusulas de modificación unilateral, suspensión de servicios o resolución?
4. Atención al cliente: ¿existe un protocolo para comunicar cambios en las condiciones del servicio, con plazos de preaviso razonables?
5. Normativa sectorial: ¿se ha identificado la normativa específica del sector —servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico— y se han adaptado los procesos a ella?

Ninguna de estas revisiones garantiza la ausencia de conflictos, pero reducen el riesgo de que una práctica habitual acabe en un expediente sancionador o en una demanda. Si su empresa necesita evaluar su exposición, puede plantear su caso en la página de contacto.

Valoración del despacho

En una pyme, el riesgo de competencia puede pasar desapercibido hasta que llega un requerimiento de la CNMC, una inspección o una demanda de daños. El criterio del despacho es abordarlo con tres preguntas: si la empresa intercambia información sensible con competidores (directamente o a través de asociaciones), si concurre a licitaciones en las que coincide de forma recurrente con los mismos rivales y si la operación societaria que prepara supera los umbrales de notificación del art. 8 LDC. Si alguna respuesta es afirmativa, conviene revisar la conducta antes de que se detecte de oficio, porque la clemencia solo protege a quien llega primero y la prohibición de contratar puede afectar al núcleo del negocio. En el lado de la reclamación, la resolución firme de la CNMC facilita mucho la prueba de la infracción, pero la cuantificación del daño sigue exigiendo un trabajo pericial serio, y antes de demandar hay que cumplir el intento previo de negociación.

En las prácticas comerciales, el caso Revolut muestra que el riesgo está en comunicar las ventajas de un producto con más claridad que sus límites. Conviene revisar la comunicación comercial desde la perspectiva del destinatario medio y no desde la del departamento que diseñó el producto: si un mensaje como «sin comisiones» necesita matices para ser cierto, esos matices deben aparecer en el mismo momento y con la misma visibilidad, porque el art. 7 LCD también castiga la información que se da de forma poco clara o en un momento inadecuado. En los contratos, cada facultad de suspensión o modificación unilateral debe tener causas concretas, preaviso y un canal de reclamación que funcione.

Cuando es un competidor quien actúa de forma desleal, el plazo de un año del art. 35 LCD corre deprisa: documentar pronto la conducta y valorar si interesa pedir la cesación, la rectificación o los daños es tan importante como la solidez del fondo.