Qué son las prohibiciones de contratar
Las prohibiciones de contratar son circunstancias legales que impiden a una empresa o persona física contratar con el sector público. Están reguladas en los artículos 71 a 73 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP): el artículo 71 recoge las causas, el 72 la competencia y el procedimiento para apreciarlas y el 73 sus efectos. Constituyen un mecanismo de protección del interés público que aparta de la contratación pública a quienes han incurrido en determinadas conductas.
Para cualquier empresa que depende de contratos con la Administración, una prohibición de contratar puede suponer la pérdida de buena parte de su actividad. Por eso es fundamental conocer las causas, quién las declara, su duración y las vías legales para evitarlas o revisarlas.
Causas de prohibición de contratar (art. 71 LCSP)
El catálogo del artículo 71 LCSP es extenso. Distingue las causas del apartado 1 y las del apartado 2, estas últimas vinculadas a la conducta del empresario en licitaciones y contratos anteriores. Las principales son las siguientes:
Condenas penales firmes
Constituye prohibición de contratar haber sido condenado mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales y delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, así como a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio (art. 71.1.a). La prohibición alcanza a las personas jurídicas declaradas penalmente responsables y a aquellas cuyos administradores o representantes, de hecho o de derecho, se encuentren en esa situación mientras ocupen el cargo.
Obligaciones tributarias y de Seguridad Social
No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes es causa de prohibición (art. 71.1.d). Esto incluye tener deudas pendientes con la Agencia Tributaria o con la Tesorería General de la Seguridad Social, aunque la empresa se considera al corriente cuando las deudas están aplazadas, fraccionadas o suspendidas con ocasión de su impugnación. Esta causa la aprecian directamente los órganos de contratación y subsiste mientras dure la situación (art. 72.1).
Resolución culpable de contratos anteriores y otros incumplimientos
Haber dado lugar, por causa de la que el contratista hubiera sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con una entidad del sector público (art. 71.2.d). La prohibición alcanza también a las empresas cuyo contrato se resolvió por incumplimiento culpable de obligaciones que los pliegos habían calificado como esenciales. En el mismo apartado 2 figuran otras causas: retirar indebidamente la proposición o no aportar en plazo la documentación del artículo 150.2 mediando dolo, culpa o negligencia; dejar de formalizar el contrato por causa imputable al adjudicatario; o incumplir cláusulas esenciales, incluidas las condiciones especiales de ejecución, cuando los pliegos o el contrato definan ese incumplimiento como infracción grave, concurra dolo, culpa o negligencia y haya dado lugar a penalidades o a indemnización.
Sanciones administrativas firmes
Haber sido sancionado con carácter firme por infracción grave en materia profesional que ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia, de integración laboral e igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad o de extranjería; por infracción muy grave en materia medioambiental; o por infracción muy grave en materia laboral o social, entre otros supuestos que enumera el artículo 71.1.b.
Cuota de discapacidad y plan de igualdad
Las empresas de 50 o más trabajadores incurren en prohibición si no cumplen el requisito de que al menos el 2 % de su plantilla sean trabajadores con discapacidad. Igualmente, incurren en prohibición las empresas de 50 o más trabajadores que no cuenten con un plan de igualdad conforme al artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, que deben inscribir en el registro laboral correspondiente (art. 71.1.d LCSP, en su redacción vigente). Ambos extremos se acreditan mediante la declaración responsable del artículo 140.
Otras causas
El artículo 71.1 incluye además, entre otras, haber solicitado o hallarse en concurso o haber sido declarado insolvente, con las salvedades legales (letra c); haber incurrido en falsedad en la declaración responsable o en los datos de capacidad y solvencia (letra e); estar afectado por una prohibición impuesta por sanción firme conforme a la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria (letra f); y los supuestos de incompatibilidades de altos cargos y cargos electos (letras g y h).
Quién declara la prohibición y con qué alcance
Las causas de concurso, deudas tributarias o con la Seguridad Social, cuota de discapacidad y plan de igualdad, sanciones de la Ley General de Subvenciones o de la Ley General Tributaria e incompatibilidades las aprecian directamente los órganos de contratación (art. 72.1). Las condenas penales y las sanciones administrativas también se aprecian directamente cuando la sentencia o la resolución se pronuncian de forma expresa sobre el alcance y la duración de la prohibición; si no lo hacen, estos se fijan en un procedimiento instruido al efecto, cuya resolución corresponde al Ministro de Hacienda, previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (art. 72.2 y 72.3), con efectos en todo el sector público (art. 73.1).
En los supuestos del artículo 71.2 y en los de falsedad en la declaración responsable o en los datos de capacidad y solvencia, la declaración corresponde al órgano de contratación y la prohibición afecta a su ámbito, aunque puede extenderse al sector público en el que se integra y, excepcionalmente, a todo el sector público (art. 73.1). Las prohibiciones declaradas se inscriben en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el registro autonómico equivalente (art. 73.2).
Duración de las prohibiciones de contratar
La duración depende de la causa. En el caso de condenas penales, si la sentencia firme fija la duración de la prohibición, se está a ella; si no la fija, no puede exceder de cinco años desde la fecha de la condena por sentencia firme. En el resto de supuestos —incluidas las sanciones administrativas y la resolución culpable de contratos— la duración no puede exceder de tres años (art. 72.6). Las causas que se aprecian directamente, como las deudas tributarias o con la Seguridad Social, subsisten mientras concurran las circunstancias que las determinan (art. 72.1).
Además, el procedimiento de declaración tiene plazos para iniciarse. Como regla general, no puede iniciarse si han transcurrido más de tres años desde la fecha de referencia que fija la ley para cada causa, por ejemplo la firmeza de la resolución sancionadora o la firmeza de la resolución del contrato (art. 72.7).
Medidas de autocorrección (self-cleaning)
La LCSP, en línea con las Directivas europeas de contratación, permite que una empresa incursa en causa de prohibición evite su declaración acreditando medidas de autocorrección. Según el artículo 72.5, no procede declarar la prohibición cuando, en el trámite de audiencia del procedimiento correspondiente, la empresa acredita:
El pago o compromiso de pago de las multas e indemnizaciones fijadas por la sentencia o resolución de la que deriva la causa de prohibición, siempre que haya sido declarada responsable de su pago, y la adopción de medidas técnicas, organizativas y de personal apropiadas para evitar la comisión de futuras infracciones (programas de cumplimiento normativo, auditorías internas, sistemas de control), entre las que se incluye acogerse al programa de clemencia en materia de falseamiento de la competencia. La Directiva 2014/24/UE (art. 57.6) añade la aclaración exhaustiva de los hechos colaborando activamente con las autoridades investigadoras, un elemento que conviene documentar aunque la LCSP no lo enumere expresamente.
Hay un límite importante: esta vía no se aplica cuando la causa es una condena penal del artículo 71.1.a. La prohibición ya declarada puede revisarse en cualquier momento de su vigencia si se acreditan esos extremos; la revisión corresponde al mismo órgano que dictó la declaración (art. 72.5).
Cómo actuar ante una prohibición de contratar
Si su empresa se enfrenta a una posible prohibición de contratar, existen varias vías de actuación según el momento procedimental:
Antes de la declaración: la mejor estrategia es preventiva. Mantener al día las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, implantar un programa de cumplimiento normativo, tener registrado el plan de igualdad y cumplir la cuota de discapacidad son medidas que eliminan varias de las causas que los órganos de contratación aprecian directamente.
Durante el procedimiento: si se ha iniciado un expediente de prohibición de contratar, el trámite de audiencia es el momento para alegar, comprobar si el procedimiento se ha iniciado dentro de plazo y aportar la prueba del pago o compromiso de pago y de las medidas de autocorrección adoptadas. Contar con asesoramiento jurídico en este momento es especialmente importante.
Tras la declaración: cabe impugnar la resolución que declare la prohibición en vía contencioso-administrativa. Además, la prohibición puede revisarse en cualquier momento de su vigencia si se acreditan las medidas de autocorrección del artículo 72.5.
Valoración del despacho
En materia de prohibiciones de contratar, el momento decisivo suele ser el trámite de audiencia del procedimiento de declaración: es ahí donde el artículo 72.5 permite evitarla acreditando el pago o compromiso de pago y las medidas de autocorrección, y llegar a ese trámite con la documentación preparada cambia el planteamiento. Por eso recomendamos actuar desde que se conoce la sentencia o la sanción de la que puede derivar la causa, sin esperar a la notificación del inicio del expediente: revisar si la resolución fija alcance y duración, calcular los plazos de inicio del artículo 72.7, cuantificar lo adeudado y documentar un programa de cumplimiento real, con responsables, controles y formación. En las causas de apreciación directa (deudas, cuota de discapacidad, plan de igualdad), la prevención es sencilla: una revisión antes de cada licitación, porque la declaración responsable del artículo 140 traslada ese riesgo a la empresa. Y si hay condena penal, conviene saber desde el principio que la autocorrección del artículo 72.5 no es aplicable.
Asesoramiento legal en contratación pública
Las prohibiciones de contratar afectan directamente a la supervivencia económica de muchas empresas. Si su empresa está en riesgo de ser excluida de la contratación pública o ya ha recibido una notificación de inicio de expediente, contacte con un abogado con experiencia en contratación pública que pueda evaluar su situación y diseñar una estrategia de defensa.
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Actualizado el 29/09/2026: revisadas las sentencias citadas y la normativa aplicable.
