Abogado mercantil en Madrid

El derecho mercantil regula las relaciones entre empresas y entre estas y sus socios, administradores, competidores y terceros. Cuando esas relaciones se deterioran o generan conflictos, la respuesta jurídica exige tanto un conocimiento sólido del derecho sustantivo como experiencia real en sala. La litigación mercantil es el núcleo de nuestra práctica.

Litigación mercantil: cuando el conflicto no admite espera

Las Secciones de lo Mercantil de los Tribunales de Instancia (antiguos Juzgados de lo Mercantil) conocen de materias tasadas: sociedades mercantiles, competencia desleal y publicidad, propiedad industrial e intelectual, defensa de la competencia, transporte, derecho marítimo y aéreo, y concursos de acreedores. Las reclamaciones por incumplimiento de contratos entre empresas corresponden, con carácter general, a las Secciones Civiles.

La litigación mercantil tiene especificidades técnicas y plazos que no admiten improvisación. Una demanda bien construida, con prueba anticipada cuando procede y estrategia procesal desde el primer momento, marca la diferencia entre ganar y perder un pleito que en el fondo tiene la razón de su parte.

Competencia desleal

La Ley de Competencia Desleal (LCD) prohíbe actos que, realizados en el mercado con fines concurrenciales, sean objetivamente contrarios a la buena fe. Entre los actos desleales tipificados figuran la imitación sistemática de productos o servicios, la apropiación de secretos empresariales, la denigración de competidores, la publicidad engañosa y la violación de normas concurrenciales para obtener ventaja.

Las acciones disponibles frente a la competencia desleal incluyen la cesación de la conducta, la rectificación de las informaciones incorrectas, la indemnización de daños y perjuicios y, en algunos casos, la remoción de los efectos del acto desleal. La rapidez en la reacción es clave: las medidas cautelares pueden detener la conducta mientras se tramita el procedimiento principal.

Conflictos societarios

Los conflictos entre socios pueden paralizar la toma de decisiones en una empresa, poner en riesgo su continuidad o derivar en responsabilidad para los administradores. Asesoramos en impugnaciones de acuerdos sociales, exclusión de socios, responsabilidad de administradores, acciones derivadas de pactos parasociales incumplidos y conflictos en sociedades familiares.

En estos casos, la estrategia jurídica ha de considerar no solo el resultado del litigio sino también el impacto sobre la relación entre los socios y sobre la propia empresa. A veces la solución negociada, bien articulada, es más valiosa que la sentencia. Cuando no lo es, sabemos litigar.

Propiedad industrial e intelectual

La protección de marcas, patentes, diseños industriales, nombres comerciales y derechos de autor es parte esencial de la estrategia competitiva de cualquier empresa. Asesoramos en la solicitud y defensa de estos derechos, en las acciones por infracción y en los procedimientos de nulidad o caducidad ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o ante los Juzgados de lo Mercantil.

La propiedad industrial e intelectual puede conectar con cuestiones de competencia desleal. Sin embargo, la copia de una marca registrada se combate con la Ley de Marcas, y la LCD solo se aplica cuando concurren circunstancias de deslealtad distintas de las ya protegidas por el derecho de marca (principio de complementariedad relativa). Abordamos ambas dimensiones de forma integrada. Para más información sobre nuestra práctica general, consulte el área de derecho mercantil.

Reclamación de deudas entre empresas

El impago en las relaciones comerciales es un problema que drena recursos financieros y de gestión. Disponemos de los instrumentos procesales adecuados para cada situación: el juicio monitorio, el juicio verbal (hasta 15.000 €), el juicio ordinario o, cuando el deudor es insolvente, la solicitud de concurso necesario. La elección del cauce depende de la cuantía, el tipo de deuda y la solvencia del deudor. Salvo las excepciones legales, antes de demandar debe intentarse un medio adecuado de solución de controversias (art. 5 LO 1/2025).

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre el juzgado de lo mercantil y el juzgado civil?

Las Secciones de lo Mercantil de los Tribunales de Instancia (antes, Juzgados de lo Mercantil) son órganos especializados del orden civil que conocen de las materias previstas en el art. 87 LOPJ: concursos y planes de reestructuración, competencia desleal y publicidad, propiedad industrial e intelectual, sociedades mercantiles, defensa de la competencia y transporte, entre otras. Las Secciones Civiles de los Tribunales de Instancia conocen del resto de materias civiles. La especialización del juzgado mercantil suele traducirse en mayor conocimiento técnico de las cuestiones que le corresponden.

¿Puedo solicitar medidas cautelares mientras dura el juicio?

Sí. Las medidas cautelares permiten, por ejemplo, prohibir con carácter provisional que un competidor siga usando una marca que infringe la suya, o retener bienes del deudor para garantizar el cobro de la futura sentencia. Para obtenerlas es necesario acreditar la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris), el peligro de mora procesal (periculum in mora) y, generalmente, prestar caución. La solicitud puede hacerse antes incluso de presentar la demanda principal.

¿Qué es un pacto parasocial y puede ejecutarse judicialmente?

Un pacto parasocial es un acuerdo entre socios que regula aspectos de la relación societaria al margen de los estatutos: derechos de venta conjunta, prohibición de transmisión de participaciones, compromisos de voto, etc. Es vinculante entre quienes lo suscriben, pero no frente a la sociedad. Su incumplimiento genera responsabilidad contractual y puede dar lugar a una indemnización, aunque la ejecución forzosa específica tiene límites cuando implica obligaciones de hacer o no hacer de naturaleza personal.

¿Cuándo puede ser excluido un socio de una sociedad limitada?

La Ley de Sociedades de Capital permite excluir al socio que incumpla voluntariamente la obligación de realizar prestaciones accesorias y al socio administrador que infrinja la prohibición de competencia o haya sido condenado por sentencia firme a indemnizar a la sociedad por actos contrarios a la ley o a los estatutos o realizados sin la debida diligencia (art. 350 LSC). Los estatutos pueden añadir otras causas (art. 351 LSC). El procedimiento exige acuerdo de la junta general y, si el socio tiene al menos el 25 % del capital y no se conforma, también resolución judicial firme, salvo en el caso de condena del socio administrador (art. 352 LSC).

Si su empresa se enfrenta a un conflicto mercantil o necesita asesoramiento preventivo, puede contactarnos a través de la página de contacto.