Abogado concurso de acreedores en Madrid

El concurso de acreedores es el procedimiento legal previsto en nuestro ordenamiento para gestionar la insolvencia de una empresa. Lejos de ser siempre el final de un negocio, puede ser también una herramienta de reestructuración cuando se activa a tiempo y con la estrategia adecuada. Asesoramos tanto a empresas en dificultades como a acreedores que quieren proteger sus créditos.

El marco legal: el TRLC

El Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, es la norma que regula el concurso de acreedores en España. Ha incorporado las exigencias de la Directiva Europea sobre reestructuración e insolvencia (Directiva 2019/1023), ampliando las herramientas disponibles para las empresas en dificultades antes de llegar al concurso.

El TRLC distingue entre el concurso voluntario, solicitado por el propio deudor, y el concurso necesario, instado por los acreedores. Solicitar el concurso en plazo evita la presunción de culpabilidad por incumplir el deber de solicitarlo (art. 444.1.º TRLC), aunque no impide por sí solo la calificación culpable si concurren otras conductas de los arts. 442 y 443 TRLC.

Preconcurso: actuar antes de que sea tarde

La comunicación de apertura de negociaciones (el llamado «preconcurso» o comunicación del artículo 585 TRLC) es un mecanismo que permite al deudor ganar tiempo para negociar con sus acreedores sin que estos puedan solicitar el concurso necesario durante ese período.

Una vez comunicada, sus efectos duran tres meses, prorrogables por otros tres a petición del deudor o de acreedores que representen más del 50 % del pasivo afectado (art. 607 TRLC), para alcanzar un plan de reestructuración. Las microempresas no pueden acudir a esta vía y deben utilizar el procedimiento especial de los arts. 685 y ss. TRLC. Este período es clave: bien gestionado, puede ser suficiente para sanear la empresa sin pasar por el concurso. Mal aprovechado, agrava la situación y reduce las opciones disponibles.

Convenio con los acreedores

Si la empresa entra en concurso y existe una base viable de negocio, la solución preferible es el convenio: un acuerdo entre el deudor y sus acreedores que establece las condiciones de pago (quita, espera o ambas) que permiten la continuidad de la empresa. El convenio requiere la adhesión de acreedores que representen la mayoría de pasivo exigida según su contenido (desde más pasivo adherido que opuesto hasta el 65 % del pasivo ordinario, art. 376 TRLC) y la aprobación judicial.

Asesoramos en la elaboración de la propuesta de convenio, la negociación con los distintos tipos de acreedores (ordinarios, con privilegio general, con privilegio especial) y la defensa del plan en el procedimiento concursal.

Liquidación concursal

Cuando no es posible alcanzar un convenio o cuando la empresa carece de negocio viable, el concurso desemboca en la fase de liquidación. En esta fase se realizan los activos de la empresa y se distribuye el producto entre los acreedores según el orden de prelación establecido en el TRLC.

Intervenimos en la fase de liquidación tanto desde la perspectiva del deudor (para minimizar la responsabilidad de los administradores y, si el deudor es persona natural, obtener la exoneración del pasivo insatisfecho) como desde la perspectiva de los acreedores (para maximizar el cobro y ejercer las acciones de reintegración o de responsabilidad que procedan). Puede encontrar más información sobre nuestra práctica en el área de derecho mercantil.

Responsabilidad de administradores

En el concurso culpable, los administradores y liquidadores de derecho y de hecho de la empresa pueden ser declarados responsables del déficit concursal, es decir, de la parte de las deudas que no puede pagarse con los activos de la empresa. Esta responsabilidad puede alcanzar el patrimonio personal de los administradores.

El concurso se califica como culpable cuando en la generación o agravación de la insolvencia ha mediado dolo o culpa grave del deudor o, en personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho (art. 442 TRLC), y en todo caso en los supuestos del art. 443 TRLC (alzamiento de bienes, salidas fraudulentas de bienes, irregularidades contables relevantes, entre otros). Asesoramos a los administradores en la defensa frente a estas acciones y en la adopción de decisiones documentadas que minimicen el riesgo de calificación culpable.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo está obligada una empresa a solicitar el concurso?

El deudor tiene el deber de solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia actual. El incumplimiento de esta obligación puede determinar la calificación del concurso como culpable y la responsabilidad personal de los administradores por el déficit concursal.

¿Puede el administrador concursal prescindir de los contratos vigentes de la empresa?

El TRLC permite solicitar al juez la resolución de contratos con obligaciones recíprocas cuando sea necesario o conveniente para el interés del concurso. La solicitud corresponde al concursado en caso de intervención y a la administración concursal en caso de suspensión de facultades (art. 165 TRLC). En ese caso, el contratante tiene derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos, crédito que se clasificará según las normas generales de prelación de créditos.

¿Cómo puedo proteger mi crédito si un cliente ha entrado en concurso?

Lo más urgente es comunicar el crédito a la administración concursal en el plazo legal de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la declaración de concurso en el BOE (art. 28.1.4.º TRLC). Los créditos no comunicados en plazo pueden clasificarse como subordinados, lo que reduce significativamente las posibilidades de cobro. También conviene revisar si existen garantías reales o personales que puedan ejecutarse de forma separada al concurso.

¿Qué son los planes de reestructuración y para qué sirven?

Desde la Ley 16/2022, los antiguos acuerdos de refinanciación han sido sustituidos por los planes de reestructuración, que modifican la composición, las condiciones o la estructura del activo, del pasivo o de los fondos propios del deudor y pueden homologarse judicialmente (arts. 614 y ss. TRLC). Si el plan se homologa y los créditos afectados representan al menos el 51 % del pasivo total, en un concurso posterior no son rescindibles, salvo fraude, la financiación interina, la nueva financiación ni los actos razonables y necesarios para negociar y ejecutar el plan (art. 667 TRLC). Son la alternativa privilegiada al concurso cuando la empresa tiene una estructura de deuda financiera relevante.

Si su empresa atraviesa dificultades financieras o necesita estrategia frente a un concurso en curso, contacte con nosotros a través de la página de contacto.