Responda a seis preguntas para saber si su empresa u organización está obligada a disponer de un sistema interno de información (canal de denuncias) según la Ley 2/2023, de 20 de febrero, y qué exige la ley en ese caso. El resultado es orientativo y no sustituye el análisis de su situación concreta.
1. ¿Cuántos trabajadores tiene contratados su empresa u organización?
La ley se refiere a las entidades que «tengan contratados cincuenta o más trabajadores» (art. 10.1.a). Si su plantilla varía mucho a lo largo del año o hay muchos contratos a tiempo parcial o temporales, conviene revisar el cómputo.
2. ¿Cuál de estas situaciones describe mejor a su organización?
3. ¿Su organización recibe o gestiona fondos públicos?
Es relevante para partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y sus fundaciones (art. 10.1.c).
4. ¿Forma parte su empresa de un grupo de sociedades?
5. ¿Tiene su empresa un programa de compliance o modelo de prevención de delitos?
6. ¿Opera su empresa en otros países de la Unión Europea?
Más información en nuestras guías sobre el canal de denuncias obligatorio y las sanciones por no tenerlo. Si además quiere revisar su modelo de prevención de delitos, puede hacer el test de compliance penal.
Preguntas frecuentes
¿Qué empresas están obligadas a tener canal de denuncias?
Las que tengan contratados 50 o más trabajadores; con independencia de su plantilla, las incluidas en el ámbito de los actos de la UE sobre servicios financieros, prevención del blanqueo, seguridad del transporte y medio ambiente citados en la ley; los partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y sus fundaciones que reciban o gestionen fondos públicos (art. 10 de la Ley 2/2023), y todas las entidades del sector público (art. 13).
¿En qué plazos hay que responder a una comunicación?
El procedimiento debe prever el acuse de recibo en los siete días naturales siguientes a la recepción, salvo que ponga en peligro la confidencialidad, y un plazo máximo de tres meses para responder, ampliable otros tres en casos de especial complejidad (art. 9.2 de la Ley 2/2023).
¿Quién puede ser el Responsable del Sistema?
Una persona física designada por el órgano de administración o de gobierno, o un órgano colegiado que delegue en uno de sus miembros. En el sector privado debe ser un directivo que actúe con independencia, y puede serlo quien ya ejerza la función de cumplimiento normativo. Su nombramiento y cese se comunican a la autoridad competente en diez días hábiles (art. 8).
¿Qué sanciones hay y quién las impone?
No disponer del sistema es infracción muy grave, sancionada con multa de 600.001 a 1.000.000 € para las personas jurídicas (arts. 63.1.g y 65.1). Sanciona la Autoridad Independiente de Protección del Informante, en funcionamiento desde el 1 de septiembre de 2025, o el organismo autonómico al que la comunidad autónoma haya atribuido la competencia (art. 61).