Si ha sufrido un posible phishing bancario, esta herramienta le ayuda a ordenar dos importes: las operaciones que cuestiona y el principal que ya le han reintegrado. Calcula la diferencia entre ambos. No determina cuánto tiene derecho a recuperar, no calcula intereses o costas y no valora la viabilidad de una reclamación.
La diferencia es un dato aritmético del principal. No implica que el banco deba devolverla ni sustituye la revisión de la autorización de las operaciones, la prueba y los plazos.
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Puede enviarnos la documentación, escribirnos a través de contacto: la consulta por escrito es gratuita. Si necesita una reunión, la atención es con cita previa por videoconferencia: 50 € + IVA (60,50 € IVA incluido).
¿Cómo funciona esta calculadora?
La operación es sencilla: importe de las operaciones que cuestiona menos principal ya reintegrado y documentado. Por ejemplo, si las operaciones suman 1.000 euros y el extracto acredita una devolución de 300 euros de ese principal, la diferencia es de 700 euros.
Compruebe que ambos importes corresponden a las mismas operaciones. No añada intereses, comisiones, costas ni otros conceptos: requieren una valoración separada. La herramienta tampoco decide si procede aplicar una franquicia o si existe derecho a obtener la devolución de la diferencia.
Qué requiere una valoración jurídica
El importe pendiente de reintegro y la viabilidad de una reclamación son cuestiones distintas. Para valorar la segunda hay que revisar la autorización y ejecución de las operaciones, los mensajes, la autenticación, la respuesta del banco y la documentación disponible. Puede consultar nuestro análisis de la STS 571/2025, de 9 de abril y la explicación sobre negligencia grave.
La denominación del engaño, como SIM swapping o vishing, no sustituye la revisión de lo que ocurrió y de su prueba. Esta calculadora no clasifica los casos como favorables o desfavorables.
La herramienta no comprueba si una comunicación o reclamación está dentro de plazo. Revise también los plazos para reclamar y las fechas que constan en los extractos y justificantes.
Siguiente paso: reclamación o demanda
Si aún no ha reclamado al banco, puede usar nuestro generador de reclamación o el modelo de reclamación, y seguir la guía paso a paso. Para las reclamaciones sobre los derechos y obligaciones de los títulos II y III del RDL 19/2018, el servicio de atención al cliente debe responder en quince días hábiles desde la recepción. En situaciones excepcionales por razones ajenas a su voluntad, debe enviar una respuesta provisional que explique el retraso y señale cuándo contestará definitivamente; el plazo de respuesta definitiva no puede exceder de un mes (art. 69).
Puede valorar una reclamación ante el Banco de España, cuyo informe no es vinculante y no constituye un paso obligatorio antes de demandar, o consultar los plazos de la demanda judicial. Antes de acudir a juicio debe comprobarse el requisito de negociación previa que corresponda. En acciones individuales de consumidores, la disposición adicional séptima de la LO 1/2025 permite cumplirlo mediante la reclamación extrajudicial previa a la empresa cuando no responde en el plazo legal o su respuesta no es satisfactoria.
Valoración del despacho
La calculadora ayuda a ordenar importes, pero no resuelve las cuestiones jurídicas de una reclamación. Antes de decidir los siguientes pasos conviene reunir los extractos, los justificantes de devoluciones, la denuncia si la hay, las capturas de mensajes y llamadas y la respuesta del banco. La revisión debe distinguir las operaciones que se cuestionan, las cantidades ya abonadas y los conceptos que puedan requerir un análisis separado. Si quiere una valoración de su caso concreto, puede escribirnos a través de contacto.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa el resultado de la calculadora?
Es la diferencia aritmética entre las operaciones que cuestiona y el principal que indica como ya reintegrado. Si los datos introducidos son correctos, permite ordenar esa diferencia; no determina qué cantidad tiene derecho a recuperar ni evalúa las probabilidades de éxito. No calcula intereses, costas o indemnizaciones ni descuenta automáticamente una franquicia.
¿Si facilité códigos OTP ya no puedo reclamar?
Depende. Facilitar un código engañado mediante una técnica verosímil no es necesariamente negligencia grave, y es el banco quien debe probarla (art. 44.3 RDL 19/2018). El riesgo aumenta si se ignoraron advertencias claras. Cada caso requiere revisar los mensajes y el contexto del engaño.
¿Qué plazo tengo para avisar al banco?
Debe comunicar la operación no autorizada sin demora injustificada desde que la conoce. El artículo 43 del RDL 19/2018 establece, como regla general, un máximo de trece meses desde el adeudo. Ese plazo de notificación no se aplica cuando el proveedor no ha proporcionado ni puesto a disposición la información exigida sobre la operación. El artículo 34 permite pactar un plazo distinto cuando el usuario no es consumidor. El plazo de notificación no debe confundirse con el de una acción judicial.
¿Qué es la franquicia de 50 euros?
No es una deducción general para cualquier fraude. El artículo 46.1 del RDL 19/2018 prevé hasta 50 euros en determinados supuestos de uso de un instrumento extraviado, sustraído o apropiado indebidamente, con excepciones como la imposibilidad de detectar la pérdida antes del pago, salvo fraude, o ciertas actuaciones del proveedor y sus colaboradores. Si las pérdidas derivan de fraude o de un incumplimiento deliberado o por negligencia grave de las obligaciones del usuario, este soporta todas las pérdidas. El artículo 46 también contempla reglas específicas para compras a distancia con datos impresos, operaciones posteriores a la notificación y falta de medios para comunicar la pérdida. Si el proveedor no exige autenticación reforzada, el usuario solo soporta consecuencias económicas si actuó fraudulentamente. La aplicación requiere revisar los hechos y el régimen del contrato; esta herramienta no descuenta automáticamente esa cantidad.
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Revisado el 03/10/2026: alcance aritmético de la herramienta y explicación normativa sobre reclamación previa, comunicación de operaciones y responsabilidad del usuario.
