Solvencia y clasificación en licitaciones públicas: guía práctica

Para participar en una licitación pública, su empresa debe acreditar solvencia económica, financiera y técnica, y la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) ofrece dos vías: la clasificación empresarial, obligatoria en obras de valor estimado igual o superior a 500.000 euros, y la acreditación directa con los medios que fije el pliego. Si no la alcanza por sí sola, puede integrarla con medios de otras entidades o concurrir en unión temporal; si no la acredita tras la subsanación, queda excluida.

Qué es la solvencia en licitaciones públicas

La solvencia es el conjunto de requisitos que acreditan que una empresa tiene la capacidad económica, financiera y técnica necesaria para ejecutar un contrato público; es un requisito esencial de aptitud para contratar con el sector público. El artículo 74 de la LCSP impone su exigencia, y los artículos 86 a 91 regulan los medios para acreditarla y los criterios con los que el órgano de contratación fija en los pliegos los niveles mínimos.

Clasificación empresarial: cuándo es obligatoria

La clasificación empresarial es un sistema de acreditación previa, otorgado por las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado o por los órganos equivalentes de las comunidades autónomas (art. 80 LCSP), que certifica que la empresa reúne las condiciones de solvencia necesarias para contratar con la Administración en determinados grupos y subgrupos de actividad y hasta determinadas categorías de cuantía.

• Obras de valor estimado igual o superior a 500.000 euros: la clasificación es obligatoria (art. 77.1.a LCSP).
• Obras de valor estimado inferior a 500.000 euros: la clasificación en el grupo o subgrupo que recojan los pliegos es una forma alternativa de acreditar la solvencia económica y técnica.
• Servicios: no es exigible. El pliego puede indicar el grupo, subgrupo y categoría que corresponden al contrato, pero solo como vía alternativa: el licitador puede acreditar su solvencia indistintamente mediante la clasificación o cumpliendo los requisitos específicos del pliego (art. 77.1.b).
• Suministros y demás tipos contractuales: tampoco es exigible (art. 77.1.c).

La clasificación en el grupo o subgrupo que corresponda, con categoría igual o superior a la exigida, acredita la solvencia sin necesidad de aportar documentación adicional.

Acreditación directa de solvencia

Cuando la clasificación no es exigible (servicios, suministros y obras de valor estimado inferior a 500.000 euros), la solvencia se acredita con los medios que establezca el pliego, dentro de los previstos en los artículos 87 a 91 de la LCSP. Para una primera comprobación frente a una licitación concreta puede utilizar el test de solvencia para licitaciones.

Solvencia económica y financiera (art. 87 LCSP)

El pliego debe indicar qué medio exige y su importe mínimo, a elección del órgano de contratación entre los siguientes:

• Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles. El mínimo exigido no puede exceder de una vez y media el valor estimado del contrato, salvo en casos debidamente justificados (por ejemplo, riesgos especiales vinculados a la naturaleza de la prestación), cuyas razones deben indicarse en los pliegos (art. 87.1.a). Se acredita con las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el registro oficial que corresponda; los empresarios individuales no inscritos, con sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados (art. 87.3.a).
• Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales, por el importe que fije el pliego.
• Patrimonio neto, o ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio para el que esté vencida la obligación de aprobar las cuentas anuales.

Si el pliego no concreta los requisitos, se aplica el criterio supletorio: un volumen anual de negocios, en el mejor de los tres últimos ejercicios concluidos, de al menos una vez y media el valor estimado del contrato o su valor anual medio, si dura más de un año (art. 87.3.a). En los contratos de servicios profesionales, la solvencia puede acreditarse en ese caso con un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe no inferior al valor estimado del contrato (art. 87.3.b).

Solvencia técnica o profesional (arts. 88 a 90 LCSP)

El medio principal es la relación de trabajos previos, con periodos y criterios supletorios distintos según el tipo de contrato:

El pliego puede exigir otros medios: en obras, el personal técnico, las titulaciones, la plantilla media o la maquinaria disponible; en servicios, títulos académicos y profesionales del personal directivo, descripción de las instalaciones técnicas y medidas de calidad, plantilla media anual, equipamiento técnico o personal técnico disponible; en suministros, muestras, descripciones o fotografías de los productos y certificados de conformidad expedidos por institutos o servicios oficiales de control de calidad, entre otros.

Proporcionalidad: lo que el pliego no puede exigir

Los requisitos mínimos de solvencia deben estar vinculados al objeto del contrato y ser proporcionales a él (art. 74.2 LCSP). El órgano de contratación no puede exigir niveles desproporcionados que restrinjan injustificadamente la competencia, y la solvencia económica exigida no debe suponer un obstáculo a la participación de las pymes (art. 87.4), cuestión que desarrolla la guía sobre licitaciones públicas para pymes. En la práctica:

• Los contratos de referencia deben guardar relación con el objeto y la cuantía de la licitación.
• No pueden exigirse certificaciones o clasificaciones que excedan lo necesario para garantizar la capacidad del licitador.

Cuando el contrato admite recurso especial (art. 44 LCSP), los pliegos que fijen requisitos desproporcionados pueden impugnarse en el plazo de 15 días hábiles (art. 50.1.b). Con carácter general, no se admite el recurso contra los pliegos si el recurrente ya ha presentado oferta, salvo supuestos de nulidad de pleno derecho.

Qué hacer si su empresa no reúne la solvencia por sí sola

Integración de solvencia con medios externos (art. 75 LCSP)

Una empresa puede basarse en la solvencia y los medios de otras entidades, cualquiera que sea el vínculo jurídico que tenga con ellas, siempre que demuestre que dispondrá efectivamente de esa solvencia y esos medios durante toda la ejecución del contrato y que la entidad a la que recurre no está incursa en una prohibición de contratar. El compromiso por escrito de esa entidad se presenta cuando se requiere la documentación al licitador que ha presentado la mejor oferta (art. 75.2). Para los títulos académicos y profesionales o la experiencia profesional, solo cabe recurrir a otra entidad si esta va a ejecutar las prestaciones para las que se exigen; y si se integra solvencia económica, el pliego puede exigir responsabilidad conjunta, incluso solidaria (art. 75.1 y 3). Es una vía útil cuando una empresa joven no tiene el historial de facturación exigido pero cuenta con un socio o una empresa matriz que sí lo tiene.

Sentencias públicas de otros procedimientos, seleccionadas como referencia; no son asuntos de este despacho. El resultado de cada caso depende de sus circunstancias.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia 1399/2024, de 23 de julio (rec. 5376/2021; ROJ: STS 4197/2024), ha declarado que la integración de solvencia por medios externos del artículo 75 LCSP es una forma más de completar la solvencia técnica o económica, distinta de la unión temporal de empresas y de la proposición conjunta, y compatible con ellas. El caso se refería a un concurso de transporte regular de viajeros por carretera, sujeto a su propia normativa sectorial.

Unión temporal de empresas (UTE)

Dos o más empresas pueden agruparse en una unión temporal de empresas para licitar conjuntamente (art. 69 LCSP). Para determinar la solvencia de la unión se acumulan las características acreditadas por cada integrante (art. 24 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) y, cuando se exige clasificación, se atiende a las clasificaciones acumuladas de sus miembros (art. 69.6 LCSP). Esa acumulación no alcanza a la habilitación empresarial o profesional que exijan los pliegos: el Tribunal Supremo ha declarado que todos los miembros de la UTE deben contar con ella de forma completa (STS 319/2026, de 16 de marzo). Es una alternativa útil cuando cada empresa aporta una capacidad distinta, por ejemplo, una constructora y una ingeniería.

Subcontratación

El contratista puede concertar con terceros la realización parcial de la prestación, con sujeción a lo que dispongan los pliegos (art. 215 LCSP). La LCSP vigente no fija un porcentaje máximo general de subcontratación, pero los pliegos pueden exigir que la oferta indique la parte que se prevé subcontratar y reservar al contratista principal determinadas tareas críticas, justificándolo en el expediente (art. 215.2.a y e). La subcontratación, por sí sola, no sustituye la acreditación de solvencia: para contar con los medios de un tercero, la vía es la integración del artículo 75, con el correspondiente compromiso escrito.

Empresas de nueva creación

En los contratos de obras de valor estimado inferior a 500.000 euros y en los de servicios y suministros no sujetos a regulación armonizada, la empresa con antigüedad inferior a cinco años acredita su solvencia técnica por medios distintos de la relación de trabajos ejecutados, como el personal técnico, las titulaciones, la plantilla o los equipos (arts. 88.2, 89.1.h y 90.4 LCSP). También puede recurrir a la integración con medios externos, a la clasificación o a una UTE.

Errores frecuentes en la acreditación de solvencia

• No aportar la documentación en la forma exigida: si el pliego exige certificados de buena ejecución y se aportan facturas, la mesa de contratación puede excluir al licitador si el defecto no se corrige. Cuando la mesa aprecia defectos subsanables, debe conceder un plazo de tres días para corregirlos (art. 141.2 LCSP).
• No distinguir entre solvencia y experiencia: la solvencia acredita capacidad; la experiencia se valora como criterio de adjudicación. Son cosas distintas y se evalúan en fases diferentes del procedimiento.
• Acreditar solvencia con contratos fuera del plazo: la regla general es de cinco años para obras y tres para servicios y suministros. Si el pliego no amplía esos periodos (hasta diez años en obras), los contratos anteriores no sirven.
• Tratar la declaración responsable como un trámite: su contenido debe ser veraz y verificable; si la realidad documental la contradice, puede anularse la adjudicación incluso en fase avanzada, como muestra la STS 45/2026 que se analiza más abajo.
• No recurrir a tiempo la exclusión: si la mesa excluye al licitador por falta de solvencia y el contrato admite recurso especial (art. 44 LCSP), el recurso debe interponerse en 15 días hábiles desde que se tuvo conocimiento de la posible infracción (art. 50.1.c). El Tribunal Supremo, en su Sentencia 155/2026, de 16 de febrero (rec. 6631/2023; ROJ: STS 400/2026), ha declarado que, si el licitador recurrió su exclusión, el tribunal de recursos contractuales desestimó el recurso y el licitador consintió esa resolución sin acudir a la vía contencioso-administrativa, no puede volver a discutir la exclusión mediante un nuevo recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación.

Impugnar la solvencia del adjudicatario: la prueba nueva (STS 45/2026)

¿Qué ocurre cuando, tras la adjudicación, aparecen documentos que desmienten la solvencia técnica declarada por el licitador ganador? La Sentencia del Tribunal Supremo 45/2026, de 22 de enero (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta; rec. casación 2748/2023; ponente: Antonio Narváez Rodríguez; ROJ: STS 91/2026; ECLI:ES:TS:2026:91), responde que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) puede valorar esa prueba nueva.

El caso

Se trataba de una licitación de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos para servicios de impresión de elementos publicitarios, sometida a la Ley 31/2007, de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. La adjudicataria, CIOPRINT S.L., acreditó su solvencia mediante declaraciones responsables; la económica no se discutió. El pliego exigía una plantilla mínima de siete trabajadores fijos durante los tres años previos, y la empresa declaró cumplirlo, pero la documentación incorporada después de la adjudicación lo contradecía: según la Audiencia Nacional, solo constaba acreditado un trabajador en agosto de 2019 y los gastos salariales declarados no eran compatibles con esa plantilla.

La Audiencia Nacional, en sentencia de 6 de julio de 2022, estimó solo en parte el recurso de OFFSETTI S.L., segunda clasificada: anuló el acuerdo de formalización del contrato, pero consideró que la declaración responsable bastaba para confirmar la adjudicación y la resolución del TACRC.

La doctrina

«En el marco de un recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación de un contrato, la incorporación posterior de documentos nuevos que puedan cuestionar la solvencia técnica del licitador adjudicatario, podrán ser valorados por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, para decidir sobre aquella solvencia técnica, a los efectos de resolver sobre la anulación pretendida del acto de adjudicación.»

Para el Supremo no tiene sentido que los mismos documentos que permiten anular en vía judicial la formalización del contrato no puedan extender la nulidad a la adjudicación ni ser revisados por el TACRC, que dispone de medidas provisionales, incluida la suspensión de la adjudicación. Invoca además la STS 903/2018, de 1 de junio (rec. 3718/2015; ROJ: STS 2007/2018), según la cual, cuando se discute la adjudicación, «puede cuestionarse su regularidad también desde el punto de vista de la solvencia técnica una vez que han aparecido documentos nuevos determinantes».

El fallo anuló la sentencia de instancia, la resolución del TACRC y los acuerdos de adjudicación y formalización, y reconoció a OFFSETTI el derecho a la adjudicación, como siguiente licitador con mayor puntuación, y a una indemnización por lucro cesante que se fijará en ejecución de sentencia: el 6 % de su oferta económica si el contrato ya se había ejecutado íntegramente o, en otro caso, el derecho a terminar su ejecución con reducción proporcional de la indemnización.

La Abogacía del Estado alegó que la adjudicataria había integrado su solvencia con medios de otra empresa mediante un contrato de puesta a disposición de 2017, distinto de la subcontratación; el Supremo no resolvió ese argumento de parte, porque no se discutía en casación que la adjudicataria carecía de la solvencia técnica exigida.

Consecuencias prácticas

• Para los licitadores que impugnan: pueden aportar con su recurso documentos posteriores a la adjudicación, por ejemplo, los obtenidos de registros públicos o informes no disponibles durante el procedimiento, y el TACRC debe valorarlos.
• Para los órganos de contratación: deben extremar la diligencia al comprobar la documentación que requieren al licitador que ha presentado la mejor oferta (art. 150.2 LCSP), sin limitarse a verificar que se ha presentado; la aparición de prueba contradictoria obliga a valorar la aptitud real del licitador.

Tanto si su empresa ha detectado irregularidades en la solvencia del adjudicatario como si es la suya la que se cuestiona, conviene contar con asesoramiento jurídico desde el primer momento. La página de contratación pública del despacho resume este ámbito, y la página de contacto permite plantear un caso concreto.

Valoración del despacho

La solvencia se decide, en buena medida, en la lectura del pliego: por cada requisito conviene preguntarse qué medio exige, qué umbral fija y con qué periodo de referencia. Si el pliego guarda silencio, rigen los criterios supletorios de la LCSP, que pueden resultar asumibles para empresas que daban el contrato por perdido, y las de nueva creación deben comprobar si el contrato encaja en los artículos 88.2, 89.1.h o 90.4. Cuando la empresa no llega por sí sola, la elección entre integración y UTE no es neutra: la integración exige el compromiso escrito de la entidad que presta los medios y, para experiencia o titulaciones, que esa entidad ejecute la parte correspondiente; la UTE implica responsabilidad solidaria de todos sus miembros frente a la Administración. Y la habilitación, a diferencia de la solvencia, no se suma.

Los plazos obligan a decidir pronto. Un requisito desproporcionado debe impugnarse antes de presentar la oferta, porque el plazo contra los pliegos es de quince días hábiles y, con carácter general, presentar oferta cierra esa vía. Si la mesa excluye a la empresa, lo prudente es recurrir en los quince días hábiles siguientes a conocer la exclusión, en lugar de reservar la discusión para la adjudicación.

La STS 45/2026 debe leerse con precisión: el caso se tramitó bajo la Ley 31/2007, aunque la doctrina se formula en términos generales y el Tribunal razona también con la LCSP. Quien disponga de documentos que desmienten la solvencia del adjudicatario debe aportarlos con el recurso y pedir que se valoren, sin reservarlos para la vía judicial; en contratos sujetos a la LCSP, el recurso contra la adjudicación suspende la tramitación del expediente (art. 53), y en otros casos conviene pedir medidas provisionales. El adjudicatario que piense apoyarse en medios de otra empresa debe indicarlo en su declaración y aportar el compromiso escrito cuando se le requiera (art. 75 LCSP): a juicio del despacho, la integración no sirve para subsanar a posteriori una declaración inexacta.