UTE en contratación pública: cómo constituirla y licitar

Una UTE en contratación pública permite que varias empresas liciten juntas y sumen su solvencia técnica y económica sin crear una sociedad, pero todas quedan obligadas solidariamente frente a la Administración. Además, según la STS 319/2026, cada integrante debe tener de forma completa la habilitación empresarial que exijan los pliegos: a diferencia de la solvencia, la habilitación no se suma entre los miembros.

Esta guía explica el marco legal de la Unión Temporal de Empresas (UTE), los requisitos para licitar, la doctrina del Tribunal Supremo sobre la habilitación, cómo se formaliza la unión, qué responsabilidad asume cada empresa y qué ocurre si cambia su composición.

Qué es una UTE y cuál es su marco legal

La UTE es un sistema de colaboración entre empresarios regulado por la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de empresas. No tiene personalidad jurídica propia (art. 7 de la Ley 18/1982): cada miembro conserva su independencia, pero actúan conjuntamente frente a la Administración para la ejecución de un contrato determinado. Es una de las fórmulas más utilizadas para acceder a licitaciones que, por volumen o complejidad, superan la capacidad individual de una empresa.

En el ámbito de la contratación pública, el artículo 69 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), permite que los empresarios concurran a la licitación formando una unión temporal, sin que sea necesario formalizarla en escritura pública hasta que se les haya adjudicado el contrato (art. 69.1). A efectos de la licitación, deben indicar los nombres y circunstancias de los integrantes, la participación de cada uno y el compromiso de constituirse formalmente en UTE si resultan adjudicatarios; quedan obligados solidariamente y deben nombrar un representante o apoderado único (art. 69.3).

Requisitos para licitar en UTE

• Capacidad y prohibiciones. Cada miembro debe tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones de contratar del artículo 71 LCSP.
• Habilitación empresarial o profesional. Si los pliegos la exigen (art. 65 LCSP), todos los miembros deben tenerla de forma completa, aunque realicen tareas accesorias o complementarias, como se explica en el apartado siguiente.
• Solvencia conjunta. Cada integrante acredita su solvencia y, para determinar la de la unión, se acumulan las características acreditadas por cada uno (art. 24.1 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), lo que permite a empresas más pequeñas acceder a contratos de mayor envergadura. Si se exige clasificación, se atiende a las clasificaciones acumuladas de las empresas (art. 69.6 LCSP). La UTE puede, además, recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión (art. 75.1 LCSP). Conviene revisar si el pliego establece reglas específicas sobre la acreditación de la solvencia y la clasificación por las uniones temporales.
• Compromiso de constitución. La oferta debe incluir el compromiso de constituirse formalmente en UTE si resultan adjudicatarios, con los nombres y circunstancias de los integrantes, el porcentaje de participación de cada empresa y, en los términos que exija el pliego, la persona que actuará como representante.

La habilitación empresarial no se suma: la STS 319/2026

Sentencias públicas de otros procedimientos, seleccionadas como referencia; no son asuntos de este despacho. El resultado de cada caso depende de sus circunstancias.

¿Basta con que una de las empresas de la UTE tenga la habilitación empresarial exigida en los pliegos, o deben acreditarla todas? La STS 319/2026, de 16 de marzo (ROJ: STS 1190/2026, ECLI:ES:TS:2026:1190), dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con ponencia de la Excma. Sra. D.ª María Alicia Millán Herrandis, fija doctrina casacional: la habilitación es un requisito que debe cumplir cada miembro, y no puede suplirse con la de otro.

El caso: verificación ferroviaria para ADIF

ADIF licitó un contrato de servicios para la verificación CE de interoperabilidad, en fase de diseño general, de los subsistemas de infraestructura, energía y control-mando y señalización en tierra de la red ferroviaria convencional. Los pliegos exigían como habilitación empresarial la acreditación como Organismo Notificado (NoBo) y como Organismo Designado (DeBo), vinculadas a la Directiva (UE) 2016/797 y al Real Decreto 929/2020.

El contrato se adjudicó a la UTE Belgorail/Bureau Veritas. Ambas empresas tenían la habilitación NoBo para todos los subsistemas, pero solo Belgorail disponía de la habilitación DeBo completa; Bureau Veritas carecía de ella para los subsistemas de Infraestructura y Energía. La Asociación de Acción Ferroviaria (CETREN), otro licitador, impugnó la adjudicación. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), por resolución de 31 de julio de 2020, y la Audiencia Nacional, por sentencia de 21 de diciembre de 2022, dieron por válida la acreditación de la habilitación por la UTE en su conjunto. El auto de admisión de 2 de octubre de 2024 (recurso de casación 9060/2023) preguntó si todos los miembros de la UTE deben contar con la habilitación aun cuando realicen actuaciones accesorias o complementarias, y cuál es el alcance del art. 65.2 LCSP frente a la solvencia técnica o económica.

Solvencia técnica y habilitación: dos conceptos distintos

El Abogado del Estado sostenía que la habilitación tenía carácter estrictamente técnico y que, por proporcionalidad, debía aplicarse la acumulación de capacidades del art. 69.6 LCSP y de la STS 886/2021, de 21 de junio (RC 7906/2018, ECLI:ES:TS:2021:2757). CETREN defendía que la habilitación del art. 65.2 es un requisito de legalidad y de carácter personalísimo.

El Supremo estima la casación, anula la sentencia de la Audiencia Nacional y la resolución del TACRC. Para la Sala, la solvencia técnica mide la aptitud material para ejecutar el contrato y puede acreditarse combinando medios de los miembros: uno aporta lo que a otro le falta. La habilitación empresarial o profesional del art. 65.2 LCSP, en cambio, es una condición de aptitud legal, el título jurídico que la normativa sectorial exige para ejercer la actividad; tiene carácter personalísimo y no puede integrarse, suplirse ni completarse con aportaciones de otros operadores, porque su ausencia no refleja insuficiencia técnica, sino falta de capacidad. La STS de 21 de junio de 2021 se refería solo a la solvencia técnica, y aplicar la acumulación a la habilitación introduciría inseguridad jurídica, al obligar a valorar caso por caso si una habilitación es «técnica».

La doctrina queda fijada en el fundamento jurídico octavo:

«Las habilitaciones empresariales o profesionales para ser admitido a la licitación de un contrato del sector público a que se refiere el artículo 65.2 de la LCSP constituyen requisitos adicionales de capacidad para determinados contratos y si los Pliegos de un contrato exigen una determinada habilitación empresarial/ profesional, todos los licitadores que concurren en UTE deben constar [contar] con ésta de forma completa, aun cuando se trate de sociedades que en el conjunto de la agrupación realicen actuaciones que ocasionalmente puedan ser consideradas accesorias o complementarias dentro de la misma prestación objeto del contrato.»

La Sala se apoya, además, en dos sentencias sobre el momento y la forma de acreditar la habilitación:

• STS 35/2026, de 21 de enero (RC 192/2023, ECLI:ES:TS:2026:190): la habilitación empresarial debe concurrir antes de la expiración del plazo de presentación de ofertas y subsistir en el momento de la perfección del contrato.
• STS 1226/2025, de 1 de octubre (RC 2889/2022, ECLI:ES:TS:2025:4310): en un contrato de seguridad privada, la falta de habilitación del contratista principal no puede suplirse subcontratando prestaciones que formen parte del objeto del contrato y no sean meramente accesorias o complementarias, aunque la subcontratada esté habilitada.

Consecuencias prácticas

• Comprobación previa. Antes de constituir la UTE, cada integrante debe verificar que posee individualmente la habilitación exigida en los pliegos; no basta con que la UTE la acredite en su conjunto.
• Sin excepciones por tareas accesorias. Aunque un miembro solo realice actuaciones accesorias o complementarias, debe acreditar la habilitación completa. En el caso resuelto, la Sala subrayó además que la escritura de constitución de la UTE no diferenciaba la actuación asumida por cada empresa.
• Momento de acreditación. La habilitación debe concurrir en la fecha límite de presentación de proposiciones y subsistir hasta la perfección del contrato. Lo que puede subsanarse, en su caso, es la acreditación documental de una habilitación que ya se tenía, no su falta.
• Riesgo de anulación. Una UTE adjudicataria con un miembro no habilitado se expone a la anulación de la adjudicación, con todas las consecuencias para las empresas y para el órgano de contratación. La vía para impugnar adjudicaciones se explica en la guía del recurso especial en materia de contratación.
• Sectores regulados. En actividades como la ferroviaria, la seguridad, el transporte sanitario o los servicios técnicos, lo que antes podía intentar resolverse repartiendo funciones ahora requiere que cada miembro esté plenamente habilitado. La solvencia, en cambio, sigue admitiendo la acumulación.

Ventajas de licitar en UTE

La principal ventaja es la suma de capacidades: una empresa con experiencia técnica pero sin músculo financiero puede aliarse con otra que aporte la solvencia económica necesaria. Además:

• Acceso a contratos mayores, cuyo presupuesto o complejidad excede la capacidad individual.
• Reparto interno de la inversión y de los resultados según lo pactado, aunque frente a la Administración todos responden solidariamente.
• Complementariedad técnica: cada miembro aporta su propio ámbito (ingeniería, construcción, suministros).
• Régimen fiscal específico: las UTE inscritas en el registro especial del Ministerio de Hacienda pueden aplicar el régimen de la Ley 18/1982 y del artículo 45 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, que imputa a las empresas miembros las bases imponibles de la unión.

Cómo formalizar la UTE paso a paso

1. Acuerdo previo entre las partes. Antes de presentar la oferta, las empresas deben pactar su participación, el reparto de trabajos y las condiciones económicas. Aunque no es obligatorio, es altamente recomendable firmar un acuerdo de colaboración privado.
2. Presentación de la oferta, indicando que se concurre como UTE, los datos de cada integrante, los porcentajes de participación y el compromiso de constitución formal.
3. Escritura pública de constitución. Solo es necesaria si la UTE resulta adjudicataria (art. 69.1 LCSP), y el pliego puede exigir su aportación antes de la formalización del contrato. Debe recoger el contenido previsto en el artículo 8 de la Ley 18/1982 (denominación, objeto, duración, domicilio fiscal, gerente único y participación de cada empresa, entre otros extremos). La inscripción en el registro especial del Ministerio de Hacienda es la que permite aplicar el régimen fiscal propio de las UTE.
4. Obtención del NIF. La UTE necesita su propio NIF ante la AEAT para facturar y cumplir sus obligaciones tributarias durante la vigencia del contrato.

Responsabilidad solidaria de los miembros

Los empresarios que concurren agrupados en UTE quedan obligados solidariamente frente a la Administración (art. 69.3 LCSP), y la responsabilidad frente a terceros por los actos y operaciones en beneficio común es solidaria e ilimitada (art. 8 de la Ley 18/1982). Cada empresa responde del cumplimiento total del contrato, no solo de su parte proporcional: si uno de los socios incumple, la Administración puede exigir la totalidad a cualquiera de los demás. Por ello, la elección de los socios exige analizar con cuidado la solvencia, la trayectoria y la fiabilidad de cada candidato.

Duración, cambios de composición y extinción

La duración de la UTE debe coincidir, al menos, con la del contrato hasta su extinción (art. 69.4 LCSP), por lo que conviene que la escritura prevea su subsistencia durante el plazo de garantía y hasta la liquidación. A efectos fiscales, la Ley 18/1982 exige una duración idéntica a la de la obra, servicio o suministro que constituya su objeto, con un máximo de veinticinco años (cincuenta si comprende la ejecución de obras y la explotación de servicios públicos).

Antes de la formalización del contrato, la modificación de la composición de la UTE supone su exclusión del procedimiento, salvo la alteración de las participaciones manteniendo la misma clasificación y las operaciones de fusión, escisión o transmisión de rama de actividad en las condiciones del artículo 69.8 LCSP. Una vez formalizado, los cambios en el número o la identidad de las empresas requieren autorización previa y expresa del órgano de contratación, que se haya ejecutado al menos el 20 % del contrato y que se mantenga la solvencia o clasificación exigida (art. 69.9). Cumplido su objeto, la UTE se disuelve y liquida conforme a lo pactado en la escritura.

Cuándo conviene licitar en UTE

La UTE es especialmente recomendable cuando la empresa no alcanza individualmente los umbrales de solvencia técnica o económica exigidos, cuando el contrato requiere capacidades técnicas diversas, cuando se quiere compartir el riesgo financiero en contratos de gran volumen o cuando los pliegos valoran favorablemente la participación de pymes. Las demás opciones para empezar a licitar se explican en la guía de licitaciones públicas para pymes, y el test de solvencia para licitaciones permite una primera evaluación orientativa de los requisitos.

Valoración del despacho

Para el despacho, la UTE es una herramienta útil, pero buena parte de sus riesgos se juega en el pacto interno. Antes de licitar conviene cerrar por escrito el reparto de trabajos, la participación económica, la gestión de la cuenta común, las reglas de decisión y qué ocurre si uno de los socios incumple, porque frente a la Administración todos responden solidariamente del contrato completo. La composición queda prácticamente fijada desde la presentación de la oferta: los cambios antes de la formalización conducen, con carácter general, a la exclusión, y después exigen autorización y un grado mínimo de ejecución. Elegir bien al socio es, por tanto, una decisión jurídica y no solo comercial.

La STS 319/2026 obliga, además, a cambiar el orden de trabajo. Lo primero no es repartir porcentajes ni sumar volúmenes de negocio, sino identificar qué habilitaciones exigen los pliegos para el objeto del contrato y comprobar, empresa por empresa, que cada integrante las tiene completas y vigentes a la fecha límite de presentación de ofertas, junto con su capacidad y la ausencia de prohibiciones de contratar: la falta de habilitación de un solo miembro puede costar la adjudicación. Si uno de los socios no la tiene, las alternativas deben valorarse antes de licitar: sustituirlo por otra empresa habilitada, que licite en solitario la empresa habilitada apoyándose, si lo necesita, en medios externos para la solvencia (no para la habilitación) o, si el contrato está dividido en lotes, limitar la oferta a aquellos para los que todos los miembros estén habilitados.

Para quien impugna, la doctrina ofrece un motivo claro frente a adjudicaciones a UTE con algún miembro no habilitado, siempre que el recurso se interponga en plazo. Y conviene recordar que se refiere a las habilitaciones que exigen los pliegos: su redacción sigue siendo el punto de partida del análisis.

Para preparar una oferta en UTE o revisar los requisitos de habilitación, puede consultar la página de abogado de contratación pública en Madrid.