El régimen de garantías en la contratación pública
Las garantías en contratación pública son instrumentos que aseguran el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la licitación y la ejecución del contrato. La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) regula la garantía provisional (art. 106), la garantía definitiva (arts. 107 a 111) y la garantía complementaria del artículo 107.2, a la que a veces se denomina garantía especial.
Conocer el régimen de garantías es esencial para cualquier empresa que participe en licitaciones públicas, ya que su incorrecta constitución puede suponer la exclusión del procedimiento, la pérdida de la adjudicación o la resolución del contrato.
Garantía provisional
La garantía provisional responde del mantenimiento de las ofertas hasta la perfección del contrato. Desde la entrada en vigor de la LCSP, su exigencia es excepcional: solo procede cuando el órgano de contratación, por motivos de interés público, la considera necesaria y lo justifica motivadamente en el expediente (art. 106.1).
Cuando se exige, su cuantía no puede superar el 3 % del presupuesto base de licitación (PBL), excluido el IVA; si el contrato se divide en lotes, se calcula sobre el importe de los lotes a los que se licita (art. 106.2). Se constituye con carácter previo, en los términos que fije el pliego, y se extingue automáticamente y se devuelve a los licitadores inmediatamente después de la perfección del contrato (art. 106.4).
Al licitador seleccionado como adjudicatario se le devuelve cuando constituye la definitiva: puede aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o constituir esta última de nuevo (art. 106.4). Si el licitador que presentó la mejor oferta no atiende en plazo el requerimiento de documentación, se entiende que retira su oferta y se le exige una penalidad del 3 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido, que se hace efectiva en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido (art. 150.2).
Garantía definitiva
La garantía definitiva es la principal garantía en la contratación pública. Su finalidad es asegurar que el adjudicatario cumple las condiciones del contrato durante toda su ejecución y durante el plazo de garantía.
Su cuantía es del 5 % del precio final ofertado, excluido el IVA; cuando el precio se formula en función de precios unitarios, se calcula sobre el presupuesto base de licitación, IVA excluido (art. 107.1 y 3). El licitador que haya presentado la mejor oferta debe acreditar su constitución en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que reciba el requerimiento (arts. 109.1 y 150.2). Si no cumplimenta adecuadamente el requerimiento en plazo, se entiende que ha retirado su oferta, se le exige la penalidad del 3 % antes indicada y se requiere la documentación al siguiente licitador por el orden de clasificación de las ofertas.
El órgano de contratación puede eximir de la garantía definitiva, justificándolo en el pliego (por ejemplo, en suministros de bienes consumibles que se entregan antes del pago), pero no en los contratos de obras ni en los de concesión de obras (art. 107.1).
Formas de constitución
La garantía definitiva puede constituirse en efectivo o en valores de Deuda Pública, depositados en la Caja General de Depósitos o en las cajas equivalentes de las comunidades autónomas o entidades locales; mediante aval de bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito o sociedades de garantía recíproca autorizados; o mediante seguro de caución con entidad aseguradora autorizada (art. 108.1). Además, cuando así lo prevea el pliego, en los contratos de obras, suministros y servicios (y en las concesiones de servicios cuyas tarifas abone la Administración) puede constituirse mediante retención en el precio, en la forma y condiciones que fije el propio pliego (art. 108.2).
Devolución de la garantía definitiva
La garantía no se devuelve ni se cancela hasta que vence el plazo de garantía y se ha cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declara su resolución sin culpa del contratista (art. 111.1). Aprobada la liquidación y transcurrido el plazo de garantía, si no resultan responsabilidades, se devuelve la garantía o se cancela el aval o seguro; el acuerdo de devolución debe adoptarse y notificarse en dos meses y, si el retraso es imputable a la Administración, esta debe abonar el interés legal (art. 111.2). El plazo de garantía lo fija el pliego; en obras, con carácter general, no puede ser inferior a un año (art. 243.3).
Si durante la ejecución se hacen efectivas sobre la garantía penalidades o indemnizaciones, el contratista debe reponerla o ampliarla en el plazo de quince días; de no hacerlo, incurre en causa de resolución (art. 109.2). También debe reajustarla cuando una modificación del contrato altere su precio (art. 109.3).
Garantía complementaria o especial
En casos especiales, el pliego puede exigir, además de la definitiva, una garantía complementaria de hasta un 5 % del precio final ofertado, excluido el IVA, de modo que la garantía total puede alcanzar el 10 % de ese precio (art. 107.2). Son casos especiales los contratos en los que, por el riesgo que asume el órgano de contratación debido a su naturaleza, régimen de pagos o condiciones de cumplimiento, resulte aconsejable incrementar la garantía, lo que debe acordarse mediante resolución motivada. En particular, puede preverse para los casos en que la oferta del adjudicatario haya estado inicialmente incursa en presunción de anormalidad.
Incautación de la garantía
La garantía definitiva responde de los conceptos que enumera el artículo 110 LCSP: la obligación de formalizar el contrato en plazo, las penalidades impuestas al contratista, la correcta ejecución de las prestaciones y los daños y perjuicios cuando no proceda la resolución, la incautación en los casos de resolución y, en obras, servicios y suministros, los vicios o defectos durante el plazo de garantía. Si el contrato no se formaliza en plazo por causa imputable al adjudicatario, se le exige una penalidad del 3 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido, que se hace efectiva en primer lugar contra la garantía definitiva (art. 153.4).
La garantía no limita la responsabilidad del contratista. Cuando el contrato se resuelve por incumplimiento culpable, se le incauta la garantía y debe, además, indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios en lo que excedan del importe incautado (art. 213.3).
Errores frecuentes con las garantías
Entre los errores que pueden provocar la exclusión de licitadores o problemas durante la ejecución están: constituir la garantía fuera de plazo, calcular incorrectamente su importe (por ejemplo, incluyendo el IVA en la base), elegir una modalidad no admitida por la ley o por el pliego, y no reponer la garantía tras la aplicación de penalidades.
Valoración del despacho
Las garantías no son un mero trámite: tienen consecuencias económicas directas. Antes de licitar conviene comprobar tres cosas en el pliego: si se exige garantía provisional y con qué motivación, porque la ley la configura como excepcional y su exigencia sin justificación en el expediente puede discutirse; qué formas de constitución admite, ya que el plazo de diez días hábiles para acreditar la definitiva es breve y conviene tener previsto con antelación el aval o el seguro de caución; y si se prevé garantía complementaria, en particular para ofertas que hayan estado incursas en presunción de anormalidad. Durante la ejecución, el punto crítico es la reposición en quince días cuando se aplican penalidades sobre la garantía, porque no hacerlo es causa de resolución. Y al terminar el contrato, conviene solicitar la devolución por escrito una vez vencido el plazo de garantía: la ley obliga a acordarla en dos meses y, si la demora es imputable a la Administración, genera intereses.
Asesoramiento en materia de garantías
Un error en la constitución de garantías puede suponer la pérdida de una licitación o la resolución de un contrato en ejecución. Si necesita asesoramiento sobre el régimen de garantías en contratación pública, consulte con un abogado que revise los pliegos y le oriente sobre la mejor opción para su empresa.
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Actualizado el 29/09/2026: revisadas las sentencias citadas y la normativa aplicable.
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