Una oferta anormalmente baja solo puede excluirse de una licitación pública después de pedir al licitador que la justifique y de valorar esa justificación con los parámetros que fijaban los pliegos, no con criterios creados a posteriori. Así lo ha recordado el TSJ de Aragón al anular una exclusión basada en criterios ex post, y el Tribunal Supremo ha precisado qué ocurre con las puntuaciones de los demás licitadores cuando se excluye la oferta. Esta guía reúne esos criterios y otros dos que afectan a la competencia en precio: los umbrales de saciedad y las ofertas coordinadas de empresas de un mismo grupo.
Cómo se tramita una oferta anormalmente baja
El artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) regula el procedimiento. Los pliegos deben contemplar «los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal» (art. 149.2); por ejemplo, un pliego puede considerar anormales las ofertas que excedan en un 10 %, por lo menos, la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones. Identificada la presunción de anormalidad, debe requerirse al licitador para que justifique y desglose «razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta» (art. 149.4), y esa petición «deberá formularse con claridad de manera que estos estén en condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta».
Todo ello se rige por los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia y proporcionalidad (art. 132 LCSP) y por el objetivo de una eficiente utilización de los fondos públicos mediante «la definición previa de las necesidades a satisfacer», la salvaguarda de la libre competencia y «la selección de la oferta económicamente más ventajosa» (art. 1 LCSP).
La exclusión no puede basarse en criterios ex post
Sentencias públicas de otros procedimientos, seleccionadas como referencia; no son asuntos de este despacho. El resultado de cada caso depende de sus circunstancias.
La sentencia del TSJ de Aragón 268/2026, de 6 de julio (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª, recurso 271/2023; ROJ: STSJ AR 1107/2026, ECLI:ES:TSJAR:2026:1107; ponente: Alejandra Esteban Aruej) resolvió sobre la concesión del transporte regular metropolitano de viajeros por carretera del área de Zaragoza. Una oferta del lote 2 quedó incursa en presunción de anormalidad; el informe técnico que analizó su justificación, de 23 de enero de 2023, fijaba unas «bases generales del procedimiento de análisis» que, según la Sala, contenían criterios no previstos en los pliegos: parámetros concretos de aceptación o rechazo de partidas (consumos, costes, hipótesis económicas), exigencias sobre la forma de acreditación y umbrales de admisibilidad. Con base en ese informe se acordó la exclusión el 1 de marzo de 2023, y el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón desestimó el recurso especial (Acuerdo 40/2023, de 28 de abril).
El TSJ estimó el recurso por tres razones:
- Criterios ex post. Los pliegos son la ley del contrato, y aunque no detallen todos los extremos de la justificación, deben permitir conocer de antemano el nivel de exigencia y los parámetros esenciales de valoración. Las determinaciones del informe «no pueden calificarse como simples «bases generales», sino que constituyen auténticos criterios sustantivos de valoración, aplicados con posterioridad a la presentación de las ofertas. La introducción de tales criterios en fase de valoración vulnera los principios esenciales de la contratación pública».
- Límite de la discrecionalidad técnica. El órgano de contratación tiene margen para valorar la suficiencia de la justificación, pero esa discrecionalidad «se ejerce sobre la base de criterios previamente establecido[s] y no habilita para crear ex novo reglas de valoración o requisitos de acreditación». El informe introdujo «un marco de análisis propio que altera sustancialmente las condiciones de valoración», lo que vulnera la transparencia y la igualdad de trato.
- Acreditación no prevista y falta de motivación. Exigir pruebas «in situ» de consumo con los vehículos ofertados no tenía respaldo en los pliegos ni en el proyecto de explotación, que solo pedían un estudio económico-financiero con la documentación justificativa de sus hipótesis. Y la licitadora había justificado los consumos con un certificado de una entidad independiente basado en el estándar SORT, que la Administración se limitó a calificar de «ideales» sin un análisis técnico concreto.
La Sala anuló la exclusión y ordenó retrotraer las actuaciones al momento previo a la valoración de las ofertas evaluables mediante fórmulas para incluir la oferta excluida, con costas a la Administración limitadas a 1.500 euros. La recurrente alegó además un trato desigual, porque la mesa habría concedido a otro licitador un trámite de aclaración que a ella no se le ofreció; la nulidad, sin embargo, se fundó en los criterios no previstos. La demanda invocó también doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Qué pasa con las puntuaciones al excluir la oferta
Cuando la fórmula económica del pliego toma como referencia la oferta más baja, excluirla altera la puntuación de todos los demás. La STS 206/2026, de 23 de febrero (Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo; recurso de casación 2399/2023; ROJ: STS 881/2026; ECLI:ES:TS:2026:881; ponente: José Luis Gil Ibáñez) resolvió un caso de transporte escolar de la Xunta de Galicia en el que, en un lote, se presentaron ofertas de 190,70, 4.447,98 y 4.665,53 euros. El pliego daba 55 puntos a la oferta más baja, cualquiera que fuera su importe, y puntuaciones proporcionales al resto, junto con criterios técnicos sobre los vehículos y el servicio. Excluida la oferta de 190,70 euros, la mesa valoró las dos restantes con todos los criterios del pliego. Una licitadora sostuvo que la clasificación debía ser única y que había que adjudicar al siguiente en el orden ya calculado, sin nueva valoración.
El Supremo desestimó el recurso. Distinguió entre la valoración inicial de la oferta económica, dirigida a detectar anormalidades, y la clasificación, que es «la ordenación decreciente de las ofertas conforme a todos los criterios de adjudicación previamente establecidos en el pliego a fin de efectuar la propuesta o la propia adjudicación del contrato». El artículo 149 regula la detección y exclusión; el 150, la clasificación y adjudicación, que es posterior a la depuración del procedimiento. Por eso fijó como doctrina que, cuando el pliego combina el precio con otros criterios y la valoración económica pueda estar condicionada por una oferta anormalmente baja luego excluida, los artículos 149.6 y 150.1 LCSP permiten una valoración inicial para verificar la anormalidad y, tras la exclusión, una nueva valoración de las ofertas económicas al clasificar las proposiciones conforme a todos los criterios cuantificables mediante fórmulas. Los criterios sujetos a juicio de valor se valoran previamente, como exige el artículo 146.2 LCSP.
Umbrales de saciedad: cuándo son válidos
Los umbrales de saciedad son límites a partir de los cuales mejorar el precio no da más puntos. No tienen regulación expresa en la LCSP, y la STS 205/2026, de 23 de febrero (Sección Tercera; recurso de casación n.º 1584/2023; ROJ STS 780/2026, ECLI:ES:TS:2026:780; ponente: Berta María Santillán Pedrosa) reiteró la doctrina de la sentencia de 5 de marzo de 2024 (recurso 7797/2020):
«En contratos en cuya adjudicación se ponderen diversos criterios de adjudicación, no existe, en la regulación de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, impedimento a la fijación en los pliegos de índices o umbrales de saciedad que limiten la valoración de las ofertas económicas, siempre que estén justificados en el expediente en relación con las prestaciones que constituyan el objeto del contrato y respeten las disposiciones legales sobre criterios de adjudicación y los principios en materia de contratación pública.»
Los criterios deben formularse de manera objetiva, con pleno respeto a la igualdad, la no discriminación, la transparencia y la proporcionalidad, y garantizar que las ofertas se evalúen en condiciones de competencia efectiva (art. 145.5.b y c LCSP); el artículo 146.2 LCSP exige justificar en el expediente la elección de las fórmulas. El Tribunal conectó esta doctrina con el artículo 67.2 de la Directiva 2014/24/UE, que permite que el factor coste adopte la forma de un precio o coste fijo sobre el que se compita solo en calidad. En el caso, la concesión del agua de Riba-roja de Túria, la licitadora alegaba que los umbrales eran previsibles y harían depender la adjudicación de los criterios subjetivos; el TSJ de la Comunidad Valenciana (sentencia 904/2022, de 22 de noviembre) y el Supremo consideraron válidos los criterios de reducción de la tarifa y de abono anual al Ayuntamiento, por guardar una relación equilibrada con el objeto del contrato. Para impugnar un umbral no basta su existencia ni su previsibilidad: hay que acreditar que no está justificado, que vulnera la igualdad, la transparencia o la proporcionalidad, o que desnaturaliza la competencia efectiva.
Ofertas coordinadas de empresas del mismo grupo
El artículo 139.3 LCSP exige que cada licitador presente una proposición única, independiente y no concertada. La STSJ CV 432/2026, de 16 de junio (ECLI:ES:TSJCV:2026:2153, ROJ: STSJ CV 2153/2026; ponente: Rosario Vidal Mas; recurso n.º 355/2025) confirmó la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y la exclusión de tres sociedades de un mismo grupo que se repartieron los 18 lotes de un contrato sanitario de la Generalitat Valenciana, limitado a cinco lotes por licitador, sin competir entre sí en ninguno. Presentaron la misma memoria técnica, firmada por el mismo apoderado, con precios prácticamente iguales y con apenas hora y cuarto de diferencia. Para la Sala, «todas sus ofertas se redactaron conjuntamente, siendo preparadas por las mismas personas que se repartieron los lotes», lo que supone un comportamiento anticompetitivo de reparto de mercado. La indemnización reclamada, de más de 41 millones de euros, se rechazó.
El tribunal se apoyó en la STJUE de 19 de mayo de 2009, asunto C-538/07 (Assitur): si la relación entre dos entidades ha influido concretamente en el contenido de sus ofertas, esa influencia, sin importar su forma, basta para excluirlas. Citó también la STJUE de 15 de septiembre de 2022, asunto C-416/2021, que admite la exclusión ante indicios fundados de coordinación siempre que se dé al operador la oportunidad de probar su fiabilidad (art. 57.6 de la Directiva 2014/24/UE, cuyo art. 57.4.d permite excluir ante indicios suficientemente plausibles de acuerdos para falsear la competencia). Que el Servicio de Defensa de la Competencia descartara prácticas colusorias en sentido estricto no impedía aplicar el artículo 139.3 LCSP. Las sociedades de un grupo pueden licitar, pero con ofertas realmente independientes: equipos y memorias distintos, representantes diferentes y competencia efectiva entre ellas.
Pautas prácticas
- Si su oferta es requerida por anormalmente baja: compare el requerimiento con los pliegos y el proyecto de explotación, y documente cada hipótesis con fuentes objetivas. Una exigencia que no figure en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el de prescripciones técnicas puede impugnarse, y el rechazo exige una motivación técnica específica, no una afirmación genérica sobre la falta de realismo (véase la guía sobre la falta de motivación en resoluciones administrativas).
- Si se excluye a un competidor: cuando la fórmula económica depende de la oferta más baja, la clasificación no está cerrada hasta que se resuelve la anormalidad; conviene simular antes de ofertar cómo cambiaría la puntuación.
- Para recurrir: la exclusión y los pliegos se combaten mediante el recurso especial cuando el contrato lo admite (art. 44 LCSP); los plazos y requisitos se explican en la guía del recurso especial en materia de contratación, y el cómputo puede comprobarse con la calculadora del plazo del recurso especial.
- Para el órgano de contratación: los parámetros de anormalidad deben definirse en los pliegos, el informe técnico debe limitarse a aplicarlos, y la igualdad de trato del artículo 132 LCSP impide tratar de forma distinta a licitadores en situaciones similares, también al pedir aclaraciones. Conviene diseñar fórmulas que amortigüen el efecto de ofertas extremas.
Para empresas que empiezan a licitar, la guía de licitaciones públicas para pymes reúne los aspectos básicos. El área de contratación pública del despacho analiza requerimientos, exclusiones y pliegos, y puede plantear su caso a través de la página de contacto.
Valoración del despacho
La sentencia del TSJ de Aragón es útil, pero no convierte cualquier exclusión en anulable: lo que censura es que el informe técnico introdujera parámetros y formas de acreditación que el pliego no contemplaba, no que la Administración rechace una justificación insuficiente. Por eso, la primera tarea del licitador es comparar, punto por punto, el requerimiento y el informe de exclusión con el pliego y el proyecto de explotación, y documentar cada hipótesis con fuentes objetivas, como certificados de terceros independientes, estándares reconocidos en el sector, tablas del convenio o presupuestos de proveedores. Si la exclusión se apoya en exigencias nuevas o en afirmaciones genéricas, conviene recurrirla en plazo: en los contratos del artículo 44.1 LCSP, la exclusión por anormalmente baja es directamente recurrible en vía especial. Y si el órgano de contratación pide aclaraciones a otros licitadores, es razonable solicitar el mismo trato antes de que se adopte la decisión.
Tras la STS 206/2026, pretender que se adjudique conforme a una clasificación calculada con la oferta inviable tiene poco recorrido cuando hay varios criterios y la puntuación económica depende de la oferta excluida; quien recurra debe centrarse en si la exclusión estaba bien motivada, si se aplicaron correctamente los parámetros de anormalidad y si la nueva valoración respetó las fórmulas y el orden de apertura de los sobres. Y quien redacte pliegos debería prever expresamente cómo se recalcularán las puntuaciones si se excluye una oferta. Con los umbrales de saciedad, el debate sobre su licitud en abstracto está cerrado: la impugnación de un pliego debe apoyarse en un análisis técnico (qué ofertas alcanzan el umbral, qué peso real conservan los criterios automáticos, si el expediente justifica la fórmula) y no en la mera previsibilidad de la puntuación. Además, los pliegos deben impugnarse en plazo, mediante el recurso especial cuando el contrato lo admita (art. 44.2.a LCSP), porque después la posibilidad de cuestionar sus criterios con ocasión de la adjudicación queda muy limitada; y el órgano de contratación debe documentar por qué fija cada umbral y cómo se relaciona con el objeto del contrato.
