Para muchas empresas de limpieza, los contratos públicos son una fuente relevante de actividad. La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), regula el procedimiento de licitación, los criterios de adjudicación y la ejecución del contrato. Una oferta mal preparada puede terminar en exclusión, y dejar pasar el plazo del recurso especial contra una adjudicación irregular priva al licitador de la vía más rápida para discutirla y de la suspensión que produce su interposición.
Requisitos de solvencia
Para licitar un contrato público de limpieza, la empresa debe acreditar la solvencia que fijen el anuncio y los pliegos. La solvencia económica y financiera puede exigirse mediante el volumen anual de negocios (art. 87 LCSP), que, salvo casos justificados, no puede superar una vez y media el valor estimado del contrato. Si el pliego no concreta el requisito, se aplica por defecto un volumen de negocios del mejor de los tres últimos ejercicios de al menos una vez y media el valor estimado (o el valor anual medio, si el contrato dura más de un año), acreditado con las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil. El pliego también puede pedir un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales o un patrimonio neto mínimo. La solvencia técnica se acredita normalmente con una relación de los principales servicios de igual o similar naturaleza realizados en, como máximo, los tres últimos años, con los certificados de buena ejecución correspondientes (art. 90 LCSP).
La clasificación empresarial no es exigible en los contratos de servicios (art. 77.1.b LCSP): es una vía alternativa para acreditar la solvencia cuando el pliego la contempla. Para la limpieza, el grupo y subgrupo aplicable es el U-1, «Servicios de limpieza» (art. 37 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).
Criterios de adjudicación
La LCSP establece que los contratos se adjudican con una pluralidad de criterios en base a la mejor relación calidad-precio (art. 145). En los servicios intensivos en mano de obra, como la limpieza, el precio no puede ser el único factor determinante de la adjudicación (art. 145.3.g). Los pliegos de limpieza pueden combinar el precio con criterios como el plan de trabajo (organización, medios, frecuencias, control de calidad), las mejoras, que deben estar suficientemente especificadas en el pliego (art. 145.7), y criterios sociales o medioambientales (inserción sociolaboral, subcontratación con centros especiales de empleo o empresas de inserción, planes de igualdad aplicados a la ejecución del contrato, productos y maquinaria de menor impacto ambiental). La ponderación de cada criterio la fija el pliego (art. 146.3), y conviene analizarla antes de decidir la estrategia de precio.
Presupuesto, costes salariales y ofertas anormalmente bajas
En los contratos en que el coste de los salarios del personal forma parte del precio, el presupuesto base de licitación debe indicar de forma desglosada, con desagregación de género y categoría profesional, los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia (art. 100.2 LCSP). En el cálculo del valor estimado de los servicios en los que la mano de obra es relevante deben tenerse especialmente en cuenta los costes laborales derivados de los convenios colectivos sectoriales (art. 101.2). Ese desglose es la primera referencia para comprobar si el presupuesto es suficiente y si una oferta es viable.
Presentar una oferta con un precio muy bajo sin poder justificarlo es un riesgo evidente. Cuando una oferta incurre en presunción de anormalidad según los parámetros objetivos del pliego, la mesa de contratación debe requerir al licitador para que justifique y desglose razonada y detalladamente sus precios o costes, y solo puede excluirla tras ese procedimiento y con el asesoramiento técnico del servicio correspondiente (art. 149 LCSP). La ley obliga a rechazar las ofertas anormalmente bajas que no cumplan las obligaciones laborales, incluido el convenio colectivo sectorial vigente, y considera que la justificación no es satisfactoria cuando es incompleta o se basa en hipótesis inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico (art. 149.4). En limpieza, donde el coste de personal pesa tanto, una justificación que no cuadre con las tablas salariales del convenio tiene pocas posibilidades de prosperar.
Subrogación en contratos públicos
Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general impone al adjudicatario la subrogación del personal, el pliego debe facilitar a los licitadores la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores afectados necesaria para evaluar con exactitud los costes laborales (art. 130.1 LCSP): convenio aplicable, categoría, tipo de contrato, jornada, antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual y pactos en vigor. La empresa saliente está obligada a proporcionar esos datos al órgano de contratación, y el pliego debe prever penalidades para el incumplimiento de esta obligación (art. 130.4). Si, una vez producida la subrogación, los costes laborales resultan superiores a los que se desprendían de la información facilitada por el antiguo contratista, el nuevo contratista tiene acción directa contra él (art. 130.5). Por eso la oferta debe calcularse sobre esa información, revisándola con cuidado y pidiendo aclaraciones durante el plazo de licitación si se detectan incoherencias.
Recursos contra la adjudicación
Si el contrato de servicios tiene un valor estimado superior a 100.000 euros (art. 44.1.a LCSP), la empresa que considere que la adjudicación no ha sido correcta puede interponer recurso especial en materia de contratación ante el tribunal administrativo de recursos contractuales competente. El plazo es de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación (art. 50.1.d), y el recurso es potestativo y gratuito (art. 44.7), aunque el tribunal puede imponer una multa si aprecia temeridad o mala fe (art. 58.2). Cuando se recurre la adjudicación, la tramitación del procedimiento queda en suspenso (art. 53). También pueden recurrirse los pliegos y los actos de exclusión, incluida la de una oferta considerada anormalmente baja (art. 44.2). Por debajo de ese importe, la vía es la de los recursos administrativos ordinarios y el recurso contencioso-administrativo (art. 44.6). Entre los motivos que pueden plantearse están la valoración incorrecta de las ofertas, la aceptación de una oferta anormalmente baja no justificada, la aplicación de criterios no previstos en el pliego y la falta de solvencia del adjudicatario.
Valoración del despacho
En las licitaciones de limpieza el margen de error es pequeño, porque el coste de personal marca el suelo real del precio. Antes de ofertar conviene contrastar tres documentos: el desglose de costes salariales del presupuesto, la información de subrogación del pliego y las tablas del convenio aplicable. Si el presupuesto no cubre esos costes, lo prudente es plantearlo en plazo, incluso recurriendo los pliegos antes de presentar oferta, y no descubrirlo durante la ejecución. Si la propia oferta queda incursa en presunción de anormalidad, la justificación debe ser documental y cuadrar partida por partida con el convenio y con la plantilla subrogable, porque una justificación incompleta no basta. Y si se pierde la adjudicación frente a una oferta difícil de explicar, conviene pedir acceso al expediente y valorar el recurso especial con rapidez: los 15 días hábiles corren desde la notificación y la suspensión solo opera si se recurre a tiempo.
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Actualizado el 29/09/2026: revisadas las sentencias citadas y la normativa aplicable.
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