Para reclamar certificaciones de obra pública impagadas, lo primero es precisar dónde se ha detenido el expediente: puede faltar la aprobación, existir una incidencia con la factura o haber vencido ya la obligación de pago. Con esa cronología reconstruida, el contratista puede reclamar por escrito el pago y los intereses a la Administración, acudir en su caso a la vía contencioso-administrativa y, sobre todo, evitar que la reclamación prescriba.
Esta guía se dirige al contratista de una Administración pública en un contrato de obras sujeto a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP). Los contratos de entidades del sector público que no sean Administración pública pueden tener otro régimen (artículos 25 y 26 LCSP). Si la obra es para un cliente privado, consulte la guía sobre impagos de obra privada.
Compruebe el contrato y quién tiene derecho a cobrar
La fecha del impago no determina por sí sola la ley aplicable. La disposición transitoria primera LCSP mantiene la normativa anterior para los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos adjudicados antes de su entrada en vigor. Hay que revisar adjudicación, pliegos y régimen temporal.
También importa quién reclama. Esta secuencia corresponde al contratista frente a la Administración. El subcontratista no se convierte automáticamente en acreedor de esta: el artículo 215.8 LCSP excluye su acción directa, sin perjuicio del régimen de pagos directos de la disposición adicional quincuagésima primera.
Certificación a cuenta, certificación final, liquidación y factura
El artículo 240 LCSP prevé certificaciones mensuales, expedidas en los diez primeros días siguientes al mes correspondiente, salvo previsión distinta del pliego. Sus abonos son pagos a cuenta: pueden rectificarse con la medición final y no equivalen a la aprobación y recepción de la obra.
La certificación final sigue una secuencia diferente. El artículo 243.1 LCSP establece un plazo de tres meses desde la recepción para aprobarla. En obras de valor estimado superior a doce millones de euros con mediciones y liquidaciones especialmente complejas, el pliego puede ampliar ese plazo hasta cinco meses. Su pago es a cuenta de la liquidación: certificación final y liquidación no son lo mismo. El artículo 210.4 remite expresamente las obras al régimen específico del artículo 243.
La liquidación del contrato llega después. Dentro de los quince días anteriores al fin del plazo de garantía —que no puede ser inferior a un año salvo casos especiales—, el director facultativo informa sobre el estado de las obras; si el informe es favorable, se procede a la devolución de la garantía, a la liquidación y al pago de las obligaciones pendientes en el plazo de sesenta días (art. 243.3 LCSP). Si la Administración demora la liquidación, el contratista puede instarla.
La factura es otro documento. Interesa conservar su fecha de emisión, el justificante de presentación en el registro correspondiente y cualquier rechazo o subsanación. Un correo con la factura adjunta no acredita, por sí solo, su correcta presentación en ese registro.
Además del pliego, debe comprobarse la normativa autonómica aplicable: los artículos 240 y 243 no tienen carácter básico, según la disposición final primera LCSP.
Cuándo vence el pago y desde cuándo se calculan intereses
El artículo 198.4 LCSP obliga a la Administración a pagar dentro de los treinta días siguientes a la aprobación de la certificación. Regula también el plazo de aprobación y exige, para iniciar el cómputo del devengo de intereses, que la factura se haya presentado en tiempo y forma ante el registro administrativo correspondiente, conforme a las reglas de facturación electrónica, en los treinta días siguientes a la entrega efectiva o la prestación. Si el contratista incumple ese plazo, el devengo no empieza hasta que transcurran treinta días desde la correcta presentación de la factura sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el abono.
Por tanto, no basta con sumar treinta días a la emisión de la factura. Una aprobación tardía también exige examen: no debe aceptarse su fecha sin comprobar cuándo correspondía aprobar. Las comunidades autónomas pueden reducir los plazos del artículo 198 en los términos de su apartado 8.
Prepare una cronología documental por cada certificación. Las fechas pendientes no deben completarse con estimaciones:
| Hito | Fecha | Documento |
|---|---|---|
| Período de obra ejecutada | Por completar | Mediciones y relación valorada |
| Expedición de la certificación | Por completar | Certificación identificada |
| Aprobación | Por completar | Acuerdo o constancia del expediente |
| Presentación correcta de la factura | Por completar | Justificante de registro y subsanaciones |
| Pago total o parcial | Por completar | Justificante de abono |
| Reclamación escrita | Por completar | Escrito y justificante de presentación |
Qué se puede reclamar: principal, intereses, costes de cobro y otros conceptos
El escrito debe permitir entender cuánto se reclama y por qué. Conviene individualizar certificaciones y facturas, descontar pagos parciales y separar el principal de los intereses y de los costes de cobro. El artículo 198.4 remite estos dos últimos conceptos a la Ley 3/2004, cuyo artículo 7 fija como tipo legal de interés de demora el del BCE más ocho puntos porcentuales; la liquidación debe justificar períodos, base y tipo aplicados. Para una primera estimación puede servirse de la calculadora de intereses de demora de la Administración.
Sentencias públicas de otros procedimientos, seleccionadas como referencia; no son asuntos de este despacho. El resultado de cada caso depende de sus circunstancias.
La base puede incluir el IVA. La STS 686/2026, de 3 de junio, fundamento sexto, apartado 5 (ECLI:ES:TS:2026:2376), establece su inclusión en los intereses por retraso en el pago de certificaciones parciales, sin exigir al contratista acreditar el ingreso previo del impuesto en Hacienda. El supuesto se regía por el texto refundido de 2011. Esta conclusión no fija el día inicial de los intereses: el fundamento séptimo mantiene el período de mora de instancia porque no se discutía en casación.
Una vez finalizada la obra, puede haber además otros conceptos:
- Indemnizaciones por suspensión de las obras acordada por la Administración: el derecho a reclamarlas prescribe en un año desde que el contratista recibe la orden de reanudar la ejecución (art. 208.2.c LCSP).
- Sobrecostes derivados de modificados no compensados, que conviene identificar separadamente: reclamar una certificación aprobada y discutir una partida no reconocida son problemas distintos (véase la guía de modificados del contrato de obras en la LCSP).
- Revisión de precios, cuando proceda conforme al artículo 103 LCSP.
Cada uno de estos conceptos puede tener un plazo y un dies a quo distintos, lo que exige un análisis individualizado.
Reclamar por escrito y valorar la vía judicial
Transcurrido el plazo de pago, el artículo 199 LCSP permite reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación y, cuando proceda, los intereses. Identifique el contrato, las certificaciones, las cantidades pendientes y su cálculo, y acompañe los justificantes de aprobación, registro y pagos recibidos.
Si pasa un mes sin respuesta, el precepto entiende reconocido el vencimiento del plazo de pago y permite recurrir la inactividad ante la jurisdicción contencioso-administrativa, solicitando como medida cautelar el pago inmediato. Eso no supone aceptar cualquier importe: la Administración puede acreditar que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cantidad exigible es menor.
Si existe una denegación expresa, habrá que examinar su contenido, notificación y vía de impugnación. Y el vencimiento del pago no debe confundirse con la prescripción, que se explica más abajo.
No suspenda los trabajos por el solo hecho del impago
El artículo 198.5 LCSP contempla, en su caso, la suspensión cuando la demora supera cuatro meses, comunicándola a la Administración con un mes de antelación. Su apartado 6 reconoce el derecho a resolver el contrato y al resarcimiento cuando la demora supera seis meses. Deben comprobarse el cómputo, el procedimiento y las posibles reducciones autonómicas; esas previsiones no justifican abandonar unilateralmente la obra ante cualquier retraso.
Prescripción: cuatro años, pero ¿desde cuándo?
Las obligaciones económicas de la Hacienda Pública prescriben conforme al artículo 25 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria (LGP), que fija un plazo de cuatro años, salvo lo establecido por leyes especiales. El precepto distingue dos supuestos:
- El derecho al reconocimiento o liquidación de una obligación: el plazo se cuenta desde que concluyó el servicio o la prestación o desde el día en que el derecho pudo ejercitarse (art. 25.1.a LGP).
- El derecho a exigir el pago de obligaciones ya reconocidas o liquidadas: se cuenta desde la notificación del reconocimiento o de la liquidación (art. 25.1.b LGP).
El Tribunal Supremo interpreta conjuntamente este precepto y el artículo 198.4 LCSP para fijar el inicio del cómputo. Los derechos de la Administración frente al contratista derivados de la liquidación siguen otra vía (art. 15 LGP en relación con el art. 66 de la Ley General Tributaria), también con un plazo de cuatro años.
El dies a quo cuando no hay liquidación: los actos concluyentes
La STS 1320/2025, de 21 de octubre (rec. 5871/2022, ECLI:ES:TS:2025:4613, ponente: José Luis Gil Ibáñez) reitera la doctrina de las sentencias de 25 de octubre de 2021 (rec. 8243/2019) y de 19 de abril de 2022 (rec. 6677/2018). Cuando no existe el acto formal de liquidación del contrato que la ley exige, el plazo de prescripción de la acción del contratista comienza cuando se producen otros actos concluyentes que ponen de manifiesto la conclusión o extinción de la relación contractual; como ejemplo, el Tribunal cita la certificación final de las obras seguida de la devolución de las garantías definitivas.
En el caso resuelto, el Supremo rechazó contar el plazo desde el acta de recepción de junio de 2014, como pretendía el ayuntamiento: no constaba la liquidación, la certificación final seguía pendiente de pago y ninguno de esos actos evidenciaba, en esas circunstancias, la extinción de la relación contractual. La reclamación presentada en diciembre de 2019 no había prescrito.
La consecuencia práctica es doble: si existe liquidación notificada, el plazo se cuenta desde ella (art. 25.1.b LGP); si no existe, habrá que examinar caso por caso qué acto pone fin de forma inequívoca a la relación contractual, sin que la recepción de las obras sea, por sí sola, determinante.
La devolución de la garantía definitiva
La devolución de la garantía importa para la prescripción, porque la jurisprudencia la menciona, junto a la certificación final, como acto que puede evidenciar la conclusión de la relación contractual cuando falta la liquidación. Conforme al artículo 111 LCSP, aprobada la liquidación y transcurrido el plazo de garantía sin responsabilidades, se devuelve la garantía o se cancela el aval; el acuerdo debe adoptarse y notificarse en dos meses desde el fin del plazo de garantía y, si se retrasa por causa imputable a la Administración, esta debe abonar el interés legal del dinero; el artículo 111.5 prevé además la devolución cuando, por causas no imputables al contratista, no hay recepción formal ni liquidación al año de terminar el contrato (seis meses en ciertos casos). La guía sobre garantías en contratación pública desarrolla su régimen.
Interrupción de la prescripción
La reclamación dirigida a la Administración interrumpe la prescripción conforme al Código Civil, al que remite el artículo 25.2 LGP. Conviene que identifique y cuantifique todos los conceptos, para evitar discusiones sobre si la interrupción alcanza a partidas que no se incluyeron.
En la situación inversa (crédito de la Administración frente al contratista por una liquidación impugnada judicialmente), la STS 13/2026, de 14 de enero (rec. 7138/2022, ECLI:ES:TS:2026:85, ponente: Pilar Cancer Minchot), con voto particular del magistrado Juan Pedro Quintana Carretero, declaró inaplicable el último párrafo del artículo 68.7 LGT: la interrupción causada por el recurso dura hasta que concluye el proceso, aunque no se haya suspendido la liquidación.
Si no hay contrato válido: encargos irregulares y enriquecimiento injusto
A veces la prestación se encargó sin el procedimiento legal: encargos verbales o por correo electrónico, prórrogas no formalizadas. Si el contrato se declara nulo, lo que el contratista puede recuperar se limita sustancialmente: el artículo 42.1 LCSP abre una fase de liquidación en la que las partes deben restituirse recíprocamente lo recibido o, si no es posible, su valor.
La STS 744/2026: costes efectivos e IVA, pero no beneficio industrial
La sentencia del Tribunal Supremo 744/2026, de 15 de junio (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta; ROJ STS 2604/2026, ECLI:ES:TS:2026:2604, ponente: Antonio Narváez Rodríguez) ha precisado los límites de la restitución. En julio de 2018, el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat pidió por correo electrónico trabajos urgentes de mantenimiento de edificios municipales, que ACSA Obras e Infraestructuras ejecutó hasta el 14 de abril de 2019. En diciembre de 2020, el Ayuntamiento declaró irregular la contratación y, sin revisión de oficio por la buena fe de la contratista, le reconoció 1.022.132,99 euros de coste efectivo, sin los gastos generales, el beneficio industrial ni el IVA facturados (379.552,04 euros más). El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 13 de Barcelona (sentencia 268/2022, de 28 de julio) y el TSJ de Cataluña (sentencia 3340/2024, de 2 de octubre) rechazaron la reclamación de esa diferencia y de los intereses de la Ley 3/2004.
La Sala parte de lo declarado en la STS 1620/2025, de 11 de diciembre:
«[…] la indemnización que debe otorgarse al operador económico, en esos casos, debe incluir los costes en los que ha incurrido por la realización de las obras fuera del contrato administrativo, pero no los conceptos económicos que son propios de la ejecución de un contrato válidamente celebrado y presupuestado.»
Con esa base, la sentencia fija cuatro reglas:
- El principio de prohibición del enriquecimiento injusto debe restablecer el equilibrio económico cuando se han ejecutado prestaciones en el marco de un contrato declarado nulo por irregularidad en el procedimiento de contratación, siempre que la ejecución no pueda imputarse a la iniciativa del operador económico ni revele una voluntad fraudulenta o abusiva por su parte.
- La ejecución debe tener su origen en hechos de la Administración que generen razonablemente en el contratista la creencia de que le incumbía un deber de colaboración, como ocurre cuando existen indicios de un consentimiento al menos tácito, al realizarse los trabajos a su «ciencia, vista y paciencia» sin objeción alguna.
- La indemnización solo incluye los costes efectivos, con exclusión de los gastos generales y el beneficio industrial, que se calculan sobre el presupuesto de un contrato válido (art. 101.2 LCSP) que aquí no existe. El IVA correspondiente a esos costes sí debe incluirse, porque la Administración es la destinataria final de las prestaciones y el contratista que lo soporta sin poder repercutirlo no queda compensado (arts. 4, 78 y 84 de la Ley 37/1992).
- Se deben los intereses legales del artículo 24 de la Ley General Presupuestaria desde la reclamación, y no los de la Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
El Ayuntamiento fue condenado a abonar 214.647,93 euros en concepto de IVA (el 21 % de 1.022.132,99 euros), más esos intereses legales. La mejor protección es preventiva: verificar que la contratación sigue los cauces legales antes de ejecutar la prestación y conservar la documentación que acredite que el encargo procede de la Administración (correos, órdenes de trabajo, conformidades).
Qué revisar antes de presentar la reclamación
- Reúna contrato y pliegos, certificaciones, actas, acuerdos de aprobación, facturas, justificantes de registro, libro de órdenes, comunicaciones y pagos recibidos. Si falta un documento, identifique cuál y qué consta en el expediente.
- Determine si se reclama una deuda vencida o si antes hay que resolver una discrepancia sobre aprobación, medición o importe.
- No confíe en que un procedimiento judicial paralelo proteja conceptos que no se incluyeron en él.
El despacho estudia la documentación y la vía de actuación dentro de su servicio de contratación pública y del asesoramiento a constructoras, contratistas y subcontratistas.
Valoración del despacho
En materia de prescripción, uno de los errores más costosos es dar por hecho que el plazo corre desde la recepción de las obras o, al contrario, que no corre mientras no haya liquidación. La doctrina del Supremo obliga a reconstruir la cronología completa del contrato: fecha de recepción, aprobación y pago de la certificación final, existencia o no de liquidación notificada, devolución de la garantía y cualquier reclamación intermedia. Solo con ese mapa puede decidirse qué letra del artículo 25 LGP es aplicable y cuándo empezó a correr el plazo, sin olvidar los plazos cortos, como el de un año para la indemnización por suspensión. A juicio del despacho, lo prudente es presentar la reclamación administrativa en cuanto se tenga cuantificada, dejando constancia de todos los conceptos y reservando expresamente los que aún no puedan liquidarse, en lugar de esperar a una liquidación que puede no llegar nunca.
Cuando los trabajos se ejecutaron sin contrato válido, la STS 744/2026 aporta una precisión práctica relevante: el IVA de los costes efectivos forma parte de la restitución, lo que en contratos de cierta entidad supone una diferencia importante; en cambio, mantiene la exclusión del beneficio industrial y los gastos generales, de modo que el contratista asume, como mínimo, la pérdida de su margen. Lo aconsejable es no aceptar encargos sin cobertura contractual salvo verdadera emergencia tramitada conforme al art. 120 LCSP y, si los trabajos ya se han ejecutado, reclamar por escrito cuanto antes, porque los intereses legales corren desde la reclamación, reuniendo la prueba de que la iniciativa fue de la Administración y de que esta consintió los trabajos.
