El control riguroso de las obligaciones tributarias, contables y mercantiles se ha convertido en una parte central de la gestión de las empresas. Este artículo explica por qué el compliance mercantil y fiscal afecta directamente a socios y administradores, y qué consecuencias tiene descuidarlo.
Qué es el compliance fiscal y mercantil y por qué importa
El término compliance designa el conjunto de procedimientos internos que una empresa establece para garantizar el cumplimiento de la normativa que le resulta aplicable. Cuando se habla de compliance fiscal, el foco se sitúa en las obligaciones tributarias: presentación de declaraciones, correcta aplicación de deducciones, precios de transferencia, obligaciones de información y, en general, todo lo que la Agencia Tributaria puede revisar. El compliance mercantil, por su parte, abarca el cumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital, la llevanza de libros obligatorios, la formulación y depósito de cuentas anuales, la convocatoria regular de juntas y la observancia de los deberes de los administradores.
Ambas dimensiones están íntimamente conectadas. Un incumplimiento fiscal puede derivar en responsabilidad personal del administrador; un defecto en la contabilidad puede fundamentar la impugnación de acuerdos sociales aprobados sobre la base de unas cuentas incorrectas; y la falta de transparencia en las obligaciones mercantiles puede desencadenar conflictos entre socios que acaben en los tribunales.
¿Es obligatorio tener un programa de compliance?
Conviene aclararlo desde el principio: con carácter general, ninguna ley impone a todas las sociedades la obligación de implantar un programa de compliance. Lo que sí existe son deberes legales concretos (contables, tributarios, societarios) y consecuencias muy relevantes para quien no se organiza para cumplirlos.
En el ámbito penal, el artículo 31 bis del Código Penal hace responsables a las personas jurídicas de determinados delitos cometidos en su nombre o por su cuenta y en su beneficio, entre ellos los delitos contra la Hacienda Pública (art. 310 bis CP, que prevé multas proporcionales a la cantidad defraudada —del tanto al doble o del doble al cuádruple, según la pena prevista para la persona física—, pérdida de subvenciones y beneficios fiscales durante tres a seis años y posible prohibición de contratar con las Administraciones Públicas). La persona jurídica puede quedar exenta si, antes del delito, el órgano de administración adoptó y ejecutó con eficacia un modelo de organización y gestión idóneo, supervisado por un órgano con poderes autónomos de iniciativa y control (en las sociedades que pueden presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, esa función puede asumirla el propio órgano de administración). Si esas circunstancias solo se acreditan parcialmente, se valoran como atenuante.
El apartado 5 del artículo 31 bis fija los requisitos mínimos del modelo: identificar las actividades de riesgo; establecer protocolos de formación de la voluntad y de toma de decisiones; disponer de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados; imponer la obligación de informar de riesgos e incumplimientos al órgano de vigilancia; contar con un sistema disciplinario; y verificar periódicamente el modelo y modificarlo cuando se detecten infracciones relevantes o cambios en la organización o la actividad.
La norma UNE 19602 (sistemas de gestión de compliance tributario) es un estándar técnico de adopción voluntaria. Certificarse conforme a ella no es obligatorio ni garantiza por sí solo la exención penal, aunque puede ser un elemento útil para acreditar que el modelo existe y funciona.
Responsabilidad de los administradores por deficiencias en el compliance
El artículo 225 de la Ley de Sociedades de Capital impone a los administradores un deber de diligencia de un ordenado empresario, que incluye adoptar las medidas precisas para la buena dirección y el control de la sociedad y el deber de exigir y el derecho de recabar la información adecuada y necesaria para cumplir sus obligaciones. No basta con delegar la gestión contable y fiscal en un tercero: el administrador debe supervisar que esa gestión se realiza correctamente.
Responsabilidad tributaria subsidiaria y solidaria
La Ley General Tributaria (artículos 42 y 43) prevé supuestos de responsabilidad solidaria y subsidiaria por las deudas tributarias de la sociedad. Son responsables solidarios quienes causen o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria, también si son administradores (art. 42.1.a). Y son responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho cuando la sociedad haya cometido infracciones tributarias y ellos no hayan realizado los actos necesarios de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, hayan consentido el incumplimiento o hayan adoptado acuerdos que lo posibilitaran (art. 43.1.a), así como cuando la sociedad haya cesado en su actividad con obligaciones tributarias pendientes y no hayan hecho lo necesario para su pago (art. 43.1.b).
La derivación de responsabilidad cobra especial relevancia en situaciones de insolvencia de la sociedad. Un sistema de compliance fiscal robusto no solo protege a la empresa: ayuda a proteger personalmente al administrador.
Responsabilidad por daños a la sociedad y a terceros
Más allá del ámbito tributario, el administrador responde frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales del daño que cause por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o realizados incumpliendo los deberes inherentes al cargo, siempre que haya intervenido dolo o culpa (artículos 236 a 241 bis de la Ley de Sociedades de Capital). La ausencia de controles internos adecuados puede, según las circunstancias, considerarse una infracción del deber de diligencia que fundamente una acción de responsabilidad por deudas de la sociedad.
Un supuesto específico es el del administrador que, concurriendo una causa legal de disolución, no convoca la junta en el plazo de dos meses para que acuerde la disolución o la remoción de la causa, o no solicita la disolución judicial cuando procede. En ese caso responde solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa de disolución (artículo 367 LSC). Es el riesgo característico cuando la actividad se abandona sin liquidar ordenadamente la sociedad —lo que coloquialmente se conoce como persianazo—, escenario que se analiza en detalle en el artículo sobre el persianazo y la responsabilidad del administrador.
Cómo afecta el compliance a los conflictos entre socios
Muchos conflictos entre socios tienen su origen en la opacidad de la gestión. Cuando un socio mayoritario controla la administración y no facilita información financiera fiable, el socio minoritario queda en una posición de vulnerabilidad. Un programa de compliance mercantil bien diseñado actúa como mecanismo preventivo: si la sociedad cumple escrupulosamente con sus obligaciones de información, formulación de cuentas y celebración de juntas, se reduce el espacio para la desconfianza y el conflicto.
El derecho de información del socio como herramienta de control
En la sociedad limitada, el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital permite al socio solicitar por escrito, antes de la junta, o verbalmente durante ella, los informes o aclaraciones que estime precisos sobre los asuntos del orden del día; los administradores solo pueden denegarlos si su publicidad perjudica el interés social, y no pueden hacerlo si la solicitud la apoyan socios que representen al menos el 25 % del capital. En la sociedad anónima rige el artículo 197. Además, desde la convocatoria de la junta que debe aprobar las cuentas, cualquier socio puede obtener los documentos sometidos a aprobación, y en la limitada los socios que representen al menos el 5 % del capital pueden examinar en el domicilio social, por sí o con un experto contable, los documentos que sirven de soporte y antecedente de las cuentas anuales (artículo 272 LSC). Cuando la sociedad carece de un sistema ordenado de compliance contable y mercantil, estos derechos pierden eficacia práctica: no hay información fiable que examinar.
La vulneración del derecho de información puede fundar la impugnación de los acuerdos, pero con un límite legal: solo cuando la información incorrecta o no facilitada antes de la junta hubiera sido esencial para el ejercicio razonable del derecho de voto o de los demás derechos de participación por parte del socio medio (artículo 204.3.b LSC). En la sociedad anónima, la vulneración del derecho de información ejercitado durante la junta solo permite exigir el cumplimiento y los daños causados, no impugnar (artículo 197.5 LSC).
Si la situación de bloqueo o falta de transparencia resulta familiar, conviene conocer las opciones legales disponibles cuando no hay acuerdo entre socios.
Para empresas y administradores que necesiten evaluar su situación de compliance mercantil y fiscal, o que se enfrenten a un conflicto societario derivado de deficiencias en la gestión, José Manuel Domínguez González, abogado mercantil en Madrid (ICAM 137.813), ofrece asesoramiento en esta materia. Se puede contactar a través de la página de contacto.
Impugnación de acuerdos sociales por irregularidades contables y fiscales
Las deficiencias en el compliance no solo generan riesgo sancionador frente a la Administración: también abren la puerta a la impugnación de acuerdos sociales por parte de los socios disconformes.
Aprobación de cuentas anuales con irregularidades
La aprobación de unas cuentas anuales que no reflejan la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la sociedad puede impugnarse como acuerdo contrario a la ley (artículo 204.1 LSC). Si las cuentas se han formulado sin respetar el Plan General de Contabilidad, o si ocultan operaciones vinculadas, pasivos contingentes o compromisos fiscales, pueden impugnarlas los socios que hubieran adquirido esa condición antes del acuerdo y representen, individual o conjuntamente, al menos el 1 % del capital (0,1 % en las cotizadas), además de los administradores y los terceros con interés legítimo (artículos 206.1 y 495.2.b LSC). Los socios que no alcancen ese porcentaje conservan el derecho a ser resarcidos del daño que el acuerdo les cause.
La acción de impugnación caduca en el plazo de un año, que se computa desde la fecha de adopción del acuerdo en junta o, si el acuerdo se inscribió, desde la fecha de oponibilidad de la inscripción; en las sociedades cotizadas el plazo es de tres meses. Para los acuerdos contrarios al orden público, la acción no caduca ni prescribe (artículos 205 y 495.2.c LSC). Antes de presentar la demanda debe cumplirse, además, el requisito de procedibilidad de la Ley Orgánica 1/2025: haber acudido previamente a algún medio adecuado de solución de controversias (artículo 5). Los detalles sobre plazos, causas y procedimiento de impugnación se explican en un artículo específico del blog.
Acuerdos adoptados con abuso de mayoría
En ocasiones, el socio mayoritario utiliza su posición de control para aprobar acuerdos que le benefician a costa de la minoría: retribuciones desproporcionadas, operaciones vinculadas en condiciones no de mercado o ampliaciones de capital dilutivas. El artículo 204.1, párrafo segundo, de la Ley de Sociedades de Capital considera que el acuerdo se impone de forma abusiva cuando, sin responder a una necesidad razonable de la sociedad, se adopta por la mayoría en interés propio y en detrimento injustificado de los demás socios, y lo hace impugnable aunque no cause daño al patrimonio social.
Un sistema de compliance que documente adecuadamente la justificación de cada decisión relevante dificulta que prospere una impugnación, pero también —y esto es igual de importante— dificulta que se adopten decisiones abusivas en primer lugar.
El papel de los pactos de socios en el compliance societario
Los pactos de socios son el instrumento por excelencia para establecer reglas de gobierno corporativo que van más allá de lo que prevén los estatutos sociales. En materia de compliance, un pacto de socios bien redactado puede incluir:
- Obligaciones de reporting financiero periódico a todos los socios, con independencia de su participación.
- Derechos de auditoría a favor de socios minoritarios, incluyendo la posibilidad de designar auditores independientes.
- Cláusulas de cumplimiento normativo que obliguen a la sociedad a mantener un programa de compliance fiscal y mercantil, con consecuencias contractuales en caso de incumplimiento.
- Mecanismos de resolución de conflictos: mediación, arbitraje o cláusulas de salida (drag-along, tag-along, opciones de compra y venta) que se activan ante determinados incumplimientos.
- Restricciones a la transmisión de participaciones y derechos de adquisición preferente que protejan la estabilidad del accionariado.
La importancia de contar con un pacto de socios sólido antes de que surjan los problemas se analiza en profundidad en el artículo sobre pactos de socios: por qué los necesita y qué deben incluir.
Compliance en operaciones de compraventa de empresas
El refuerzo de los equipos de compliance fiscal responde también a la importancia de esta materia en las operaciones de compraventa de empresas.
La due diligence fiscal y mercantil
En cualquier proceso de adquisición, la due diligence fiscal es uno de los capítulos más sensibles. El comprador necesita conocer con precisión las contingencias tributarias de la sociedad objetivo: actas de inspección abiertas, criterios fiscales agresivos que puedan ser revisados, obligaciones de información internacional (modelo 720, Country-by-Country Reporting), operaciones vinculadas y su documentación, y un largo etcétera.
Una sociedad que ha mantenido un programa de compliance fiscal riguroso suele presentar un perfil de riesgo menor para el comprador, lo que puede traducirse en:
- Mejor valoración: menos contingencias implica menos descuentos en el precio.
- Negociación más ágil: la información está ordenada y disponible, lo que acelera la due diligence.
- Menos garantías exigidas: el comprador necesita menos cláusulas de indemnización (representations & warranties) si el riesgo fiscal está controlado.
El proceso completo de una operación de este tipo, incluyendo las fases de negociación, due diligence y cierre, se detalla en el artículo sobre compraventa de empresas: proceso legal y due diligence.
Externalización de funciones: oportunidades y riesgos legales
La noticia de Expansión menciona la experiencia de Pedro Villar en procesos de outsourcing de funciones contables y administrativas. Esta práctica, muy extendida, plantea cuestiones mercantiles relevantes:
- La externalización no exime a la sociedad de su responsabilidad por la correcta llevanza de la contabilidad: el Código de Comercio permite que la lleven otras personas autorizadas, «sin perjuicio de la responsabilidad» del empresario (artículo 25.2). Tampoco releva a los administradores de su deber de supervisión (artículo 225 LSC).
- Los contratos de outsourcing deben incluir cláusulas de nivel de servicio, confidencialidad, protección de datos y responsabilidad por errores.
- En caso de conflicto entre socios, la externalización de funciones críticas puede ser cuestionada si se ha realizado sin la debida autorización o en condiciones no de mercado.
Señales de alerta: cuándo buscar asesoramiento mercantil
No todos los problemas de compliance son evidentes. Estas son algunas señales que deberían activar la consulta con un abogado mercantil en Madrid o en cualquier otra jurisdicción:
- Las cuentas anuales se depositan sistemáticamente fuera de plazo o no se depositan.
- No se celebran juntas generales ordinarias con regularidad.
- El administrador no facilita información financiera a los socios que la solicitan.
- Existen operaciones entre la sociedad y personas vinculadas al administrador sin documentación adecuada.
- Se han recibido requerimientos de la Agencia Tributaria o del Registro Mercantil sin que se hayan atendido correctamente.
- Un socio ha manifestado su intención de impugnar acuerdos o ejercitar acciones de responsabilidad.
- Se está considerando la venta de la empresa o la entrada de un nuevo socio inversor.
Cualquiera de estas situaciones requiere un análisis jurídico individualizado que permita evaluar los riesgos y definir una estrategia de actuación.
Valoración del despacho
Nuestro criterio es que el compliance fiscal y mercantil debe diseñarse a partir de los riesgos reales de cada sociedad y no como un documento estándar. En una pyme, lo prioritario suele ser muy concreto: cuentas formuladas y depositadas en plazo, actas y libros al día, operaciones vinculadas documentadas, un calendario fiscal controlado y respuestas por escrito a las solicitudes de información de los socios. Eso ya reduce buena parte del riesgo de derivación tributaria, de impugnaciones y de acciones de responsabilidad. Cuando la actividad presenta riesgo penal, el modelo debe cumplir los requisitos del artículo 31 bis.5 del Código Penal y, sobre todo, aplicarse de verdad: un manual que nadie ejecuta no sirve para acreditar la exención. Certificaciones como la UNE 19602 pueden ayudar como prueba, pero son voluntarias y no sustituyen el control efectivo. Y, si el conflicto con un socio ya ha aparecido, conviene revisar antes de la siguiente junta qué información se ha facilitado y cómo se ha documentado, porque de ello dependerá en buena medida la solidez de los acuerdos.
Conclusión: el compliance como inversión, no como coste
La demanda de profesionales especializados en compliance fiscal y mercantil refleja un cambio de mentalidad en el tejido empresarial español. Las empresas que invierten en cumplimiento normativo no solo reducen el riesgo de sanciones: protegen a sus administradores frente a la responsabilidad personal, previenen conflictos entre socios, facilitan las operaciones de compraventa de empresas y fortalecen su posición en caso de que sea necesario defender la validez de sus acuerdos sociales.
Para cualquier consulta relacionada con compliance mercantil, conflictos societarios, impugnación de acuerdos o responsabilidad de administradores, José Manuel Domínguez González, abogado mercantil en Madrid, atiende consultas a través de la página de contacto.
Actualizado el 29/09/2026: revisadas las sentencias citadas y la normativa aplicable.
Si necesita asesoramiento profesional sobre este tema, consulte nuestro servicio de abogado de compliance para empresas en Madrid.
