Pacto de socios: qué es, cláusulas esenciales y cómo redactarlo

Un pacto de socios es un contrato privado entre los socios que regula lo que los estatutos no dicen o dicen de forma insuficiente: cómo se toman las decisiones, cómo se reparten los beneficios, qué pasa si un socio quiere irse y cómo se resuelven los conflictos. Las cláusulas del pacto de socios obligan a quienes lo firman, pero no a la sociedad, por lo que la clave al redactarlo es decidir qué debe quedarse en el pacto y qué debe llevarse también a los estatutos.

Qué es un pacto de socios

Un pacto de socios, o acuerdo parasocial, regula las relaciones internas de los socios en aspectos no contemplados, o insuficientemente regulados, en los estatutos. A diferencia de estos, que se inscriben en el Registro Mercantil y son oponibles frente a terceros, el pacto vincula solo a los firmantes: los pactos que se mantengan reservados entre los socios no son oponibles a la sociedad (art. 29 LSC), y los contratos solo producen efecto entre las partes que los otorgan (principio de relatividad contractual, art. 1257 del Código Civil).

El Tribunal Supremo ha desarrollado esta distinción en la STS 300/2022, de 7 de abril (Roj: STS 1386/2022, ECLI:ES:TS:2022:1386): parte de la validez de los pactos parasociales dentro de los límites generales de la autonomía de la voluntad (art. 1255 del Código Civil) y reitera su inoponibilidad frente a la sociedad que no es parte, incluso cuando los han firmado todos los socios (pacto «omnilateral»), sin perjuicio de las exigencias de la buena fe y de la prohibición del abuso del derecho. Por eso, como recuerda esa sentencia citando la STS 120/2020, de 20 de febrero, la defensa del pacto debe articularse «a través de una reclamación entre los contratantes basada en la vinculación negocial existente entre los firmantes del pacto».

Esto no significa que el pacto carezca de fuerza legal: es un contrato con plena eficacia obligacional entre los firmantes, y si uno lo incumple, los demás pueden reclamar judicialmente su cumplimiento o una indemnización de daños y perjuicios.

Diferencias entre pacto de socios y estatutos

Ambos documentos son complementarios: los estatutos regulan el marco formal y el pacto, los compromisos personales entre los socios. Las reglas que deban imponerse a la sociedad o a futuros socios necesitan reflejo estatutario, como muestran las sentencias que se analizan más abajo.

Cláusulas esenciales de un pacto de socios

1. Dedicación y exclusividad

Define el grado de dedicación de cada socio: plena, parcial o de mero inversor. En las startups puede pactarse que los fundadores se comprometan a dedicación exclusiva durante un periodo mínimo, sin que los inversores asuman esa obligación.

2. No competencia

Prohíbe a los socios desarrollar, directa o indirectamente, actividades competitivas con la sociedad durante la vigencia del pacto y durante un periodo posterior a la salida (por ejemplo, uno o dos años). Para ser válida debe ser razonable en su alcance geográfico y temporal.

3. Transmisión de participaciones

• Derecho de adquisición preferente: antes de vender a un tercero, el socio debe ofrecer sus participaciones a los demás en las mismas condiciones. Protege la composición del capital y el equilibrio de poder.
• Arrastre (drag-along): permite al socio mayoritario que ha recibido una oferta por el 100 % de la sociedad obligar al minoritario a vender. Le protege frente al bloqueo.
• Acompañamiento (tag-along): permite al minoritario vender en las mismas condiciones que el mayoritario cuando este vende. Le protege frente a un cambio de control no deseado.
• Permanencia (lock-up): prohíbe transmitir durante un periodo determinado (por ejemplo, entre dos y cuatro años) para dar estabilidad al equipo fundador.

En las sociedades anónimas no cotizadas, los estatutos pueden restringir la libre transmisibilidad de las acciones, pero las restricciones solo son válidas frente a la sociedad cuando recaen sobre acciones nominativas y están expresamente impuestas por los estatutos, y son nulas las cláusulas que hagan prácticamente intransmisible la acción (art. 123 LSC). En las sociedades limitadas, la ley ya establece un régimen restrictivo supletorio para las transmisiones a terceros.

4. Valoración de participaciones

Fija el método para calcular el precio en caso de transmisión; es una de las cláusulas más importantes y más conflictivas. Los métodos habituales son el valor contable (sencillo, pero poco representativo del valor real), el múltiplo de EBITDA (habitual en empresas consolidadas con beneficios recurrentes), la valoración por un tercero independiente (la más ajustada, pero también la más costosa y lenta) o una fórmula acordada que combine parámetros adaptados al sector.

5. Reparto de dividendos

Define qué porcentaje de los beneficios se reparte y con qué frecuencia. Sin esta cláusula, la junta decide en cada ejercicio, lo que genera conflictos cuando los socios tienen expectativas diferentes.

6. Gobierno corporativo y materias reservadas

Establece qué decisiones requieren una mayoría reforzada más allá de lo previsto en los estatutos. La STS 1713/2025, de 26 de noviembre (Roj: STS 5316/2025, ECLI:ES:TS:2025:5316) confirmó la validez de un pacto de socios de una sociedad limitada que exigía el voto favorable de al menos el 90 % del capital para las «materias reservadas»: la modificación de los estatutos, la distribución de dividendos, la aprobación o modificación del plan de negocio o del presupuesto anual y la política salarial de los directivos, entre otras. La misma sentencia considera que la prohibición de exigir unanimidad del artículo 200.1 LSC se aplica también a los pactos parasociales, de modo que el refuerzo de mayorías no puede llegar a imponerla; en aquel caso, el 90 % no lo hacía.

7. Cláusulas de salida

• Buena salida (good leaver): el socio se va por causas justificadas (jubilación, enfermedad, despido improcedente) y vende a valor de mercado.
• Mala salida (bad leaver): el socio se va voluntariamente antes de terminar el periodo de permanencia, es despedido procedentemente o incumple el pacto, y vende con descuento (por ejemplo, al valor nominal o contable).

8. Resolución de conflictos

Fija el mecanismo para resolver las disputas: negociación, mediación, arbitraje o jurisdicción ordinaria. El arbitraje puede encajar cuando intervienen inversores internacionales o se busca confidencialidad; en una pyme familiar puede bastar con la jurisdicción ordinaria, precedida de una fase de negociación o mediación.

Pacto de socios en startups

Las startups necesitan cláusulas específicas, sobre todo con la entrada de inversores y las rondas de financiación:

• Vesting de fundadores: las participaciones de los fundadores se consolidan progresivamente (por ejemplo, en cuatro años con un cliff de doce meses). Si un fundador se va antes del cliff, no consolida ninguna; después, las consolida proporcionalmente. En Derecho español se instrumenta mediante compromisos de venta u opciones de compra sobre las participaciones no consolidadas.
• Antidilución: protege a los inversores frente a rondas posteriores a un valor inferior (down round), con ajuste total (full ratchet) o por media ponderada (weighted average).
• Preferencia de liquidación: garantiza al inversor que, en caso de venta o liquidación, recuperará al menos su inversión antes de que los fundadores reciban nada.
• Información reforzada: acceso mensual o trimestral a la información financiera, más allá del derecho legal mínimo.

Prestaciones accesorias: la retribución debe constar en los estatutos

Confiar la retribución de los fundadores al pacto sin trasladarla a los estatutos es un error frecuente. La sentencia del Tribunal Supremo núm. 799/2026, de 27 de mayo (ROJ STS 2333/2026, ECLI:ES:TS:2026:2333, recurso núm. 4687/2022, ponente: Nuria Auxiliadora Orellana Cano), resolvió el caso de una sociedad limitada constituida el 3 de julio de 2012 por seis socios para crear una red social. Los estatutos imponían a algunos socios, como prestaciones accesorias y durante dos años, obligaciones de trabajo, pero no recogían su retribución. El pacto firmado ese mismo día valoraba el trabajo de cada socio emprendedor en 25.000 euros por año solo a efectos de sus aportaciones al capital (Anexo A) y reconocía una compensación retroactiva cuyo devengo y cobro quedaban condicionados a que la sociedad ampliara capital con nuevos socios (Anexo C). Ninguna ampliación llegó a suscribirse y en 2014 la junta acordó la disolución.

Dos fundadores reclamaron al administrador, mediante la acción individual de responsabilidad del artículo 241 LSC, la retribución impagada. El Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Madrid (sentencia núm. 119/2020, de 21 de mayo) desestimó la demanda; la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª, sentencia núm. 273/2022, de 11 de abril) condenó al administrador a pagar 50.000 euros a cada uno por no ejecutar el aumento de capital. El Supremo anuló esa condena por incongruencia extra petita, porque esa conducta no se le imputaba en la demanda, y confirmó la desestimación. Según los artículos 86.1 y 87 LSC, las prestaciones accesorias pueden ser o no retribuidas y, si lo son, los estatutos deben determinar la compensación, sin que pueda exceder del valor de la prestación:

«En el presente caso, los estatutos de la sociedad, aunque contemplan las prestaciones accesorias a cargo de los socios, no recogen su retribución. Es en el pacto de socios donde se regula la retribución de las prestaciones accesorias. En dicho pacto, los socios fundadores expresaron su voluntad de que los acuerdos adoptados pasaran a los estatutos, pero ello no aconteció.»

«Al no haberse devengado el derecho de los demandantes a percibir la retribución, no se ha producido el daño reclamado, ni puede imputarse al administrador una conducta negligente por no haber procedido al pago de la compensación económica, aun cuando se reconociera su carácter retroactivo.»

Las consecuencias prácticas son claras: la retribución de los fundadores debe recogerse en los estatutos; vincular toda la compensación a rondas futuras es arriesgado, y es preferible una retribución mínima fija complementada con incentivos ligados a hitos; y conviene separar la relación de servicios de la condición de socio mediante un contrato independiente. Si la sociedad ya está en marcha, crear o modificar prestaciones accesorias exige los requisitos de la modificación estatutaria y el consentimiento individual de los obligados (art. 89.1 LSC). Antes de constituir la sociedad, el diagnóstico legal para startups ayuda a detectar estos riesgos.

Derecho de adquisición preferente: el caso Juaneda

La Sentencia de la Audiencia Provincial de las Illes Balears (Sección 5.ª) núm. 170/2026, de 23 de marzo (rollo de apelación 410/2025; ROJ: SAP IB 395/2026; ECLI:ES:APIB:2026:395), confirmó la del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Palma de 29 de diciembre de 2024 (ROJ: SJM IB 292/2024; ECLI:ES:JMIB:2024:292), que obligó a transmitir a Vithas Sanidad, S.L. las 256.497 acciones de Clínica Juaneda, S.A. suscritas por Grendon Investments, S.A.U.

La junta de Clínica Juaneda aprobó el 9 de agosto de 2022, en ejecución de un acuerdo de refinanciación homologado judicialmente, un aumento de capital por compensación de créditos: Grendon capitalizó 31.153.702,83 euros y pasó a ser el socio mayoritario, con un 52,22 % del capital. Vithas sostuvo que se había vulnerado su derecho de adquisición preferente, reconocido en el artículo 15 de los estatutos a raíz del pacto de accionistas de 2015. El derecho legal de suscripción preferente del artículo 304 LSC solo opera en los aumentos con aportaciones dinerarias, de modo que la cuestión era si la preferencia pactada y llevada a los estatutos alcanzaba también a esa operación.

La Audiencia confirmó el fallo «por argumentos diferentes a los de la instancia», con una interpretación finalista: si el efecto práctico del aumento es que un tercero toma el control, la cláusula estatutaria, interpretada a la luz del pacto, debe aplicarse. En sus palabras: «La finalidad del pacto de socios no se ha cumplido porque el socio de control ha cambiado y no se ha respetado el derecho de VITHAS a la adquisición preferente en los términos reconocidos en el pacto de socios e instrumentalizado con detalle en la modificación de los estatutos». La Sala valoró que Grendon había financiado desde 2018, a través de sociedades vinculadas, la mitad de los fondos (16,5 millones de euros de 33 millones) de una compraventa de acciones que considera un primer incumplimiento del pacto; que Vithas ofreció pagar el importe íntegro de los créditos y el acreedor lo rechazó; y que la refinanciación no debe emplearse «para cambiar la estructura accionarial contrariando además el pacto que motivó la modificación de los estatutos». Como antecedente, la misma Sección, en su sentencia 389/2024, de 11 de julio (ROJ: SAP IB 1928/2024; ECLI:ES:APIB:2024:1928), no firme según la resolución de 2026, había anulado varios acuerdos del consejo de 1 de julio de 2021 relativos a la refinanciación por abuso de mayoría.

El caso matiza la relatividad de los pactos: la Audiencia reconoce el derecho frente a Grendon, que no era parte del pacto ni se adhirió a él, por la vulneración del pacto y el conocimiento suficiente que todos los demandados tenían de su existencia y contenido; y, además, el pacto se había trasladado a los estatutos inscritos, oponibles frente a terceros. La sentencia incluye un voto particular que habría resuelto por la vía indemnizatoria —responsabilidad por incumplimiento del pacto con cooperación dolosa de tercero—, cuantificada en 10.000.000 de euros por la frustración de una oportunidad cualificada de acceder al control, excluyendo los 12,5 millones de inversión principal porque Vithas conservaba su participación. Contra la sentencia cabía recurso de casación. Se trata, en todo caso, de una resolución de Audiencia Provincial sobre unos estatutos y un pacto muy particulares.

Qué enseña para redactar y para operaciones de compraventa

1. Llevar las cláusulas clave a los estatutos: el derecho de adquisición preferente, las restricciones a la transmisión y las mayorías reforzadas ganan eficacia real cuando constan en los estatutos inscritos.
2. Definir con amplitud el ámbito de la preferencia: aumentos por compensación de créditos, transmisiones indirectas (venta de la sociedad titular), ejecuciones de garantías y cualquier operación que altere la estructura del capital.
3. Prever precio, plazos y notificaciones para ejercer el derecho, y exigir la adhesión de cualquier nuevo socio.
4. Documentar las comunicaciones: las ofertas de pago de Vithas, enviadas por burofax, fueron hechos que la Sala tuvo por acreditados.

En la compraventa de empresas y las refinanciaciones con capitalización de créditos, la revisión previa de estatutos y pactos es imprescindible: quien adquiere vulnerando un derecho de preferencia oponible se expone a tener que transmitir las acciones a su titular.

Qué puede hacer el socio afectado

• Ejercitar extrajudicialmente el derecho de preferencia, con comunicación formal al transmitente y a la sociedad y ofrecimiento de pago.
• Ejercitar una acción declarativa y de condena a transmitir, como hizo Vithas, tras intentar un medio adecuado de solución de controversias (art. 5 de la Ley Orgánica 1/2025).
• Impugnar el acuerdo social que da lugar a la transmisión, si vulnera la ley, los estatutos o el interés social, en el plazo de caducidad de un año (art. 205 LSC); en el caso Juaneda no constaba impugnado el acuerdo de la junta, y el voto particular tuvo en cuenta esa falta de impugnación al valorar el daño.
• Pedir medidas cautelares, como la suspensión de la inscripción en el libro registro de acciones o la anotación preventiva de la demanda; las previas a la demanda no requieren el intento previo de negociación (art. 5.3 LO 1/2025).
• Ejercitar la acción de responsabilidad contra los administradores (arts. 236 y siguientes LSC) si cooperaron en la vulneración y concurren sus presupuestos: acto contrario a la ley o a los estatutos o incumplimiento de los deberes del cargo, daño, relación de causalidad y dolo o culpa, que se presume cuando el acto es contrario a la ley o a los estatutos (art. 236.1 LSC). En el caso Juaneda no se ejercitó esta acción.

Pacto parasocial omnilateral: buena fe e impugnación de acuerdos

La sentencia del Tribunal Supremo 674/2026, de 5 de mayo (ROJ STS 1980/2026, ECLI:ES:TS:2026:1980, recurso 604/2023, ponente: Rafael Sarazá Jimena), aplica a una sociedad familiar participada al 100 % por dos ramas («estirpes») un pacto firmado por todos los socios en mayo de 2015 que fijaba una «hoja de ruta para el reparto gradual de los activos de las sociedades y para la disolución de los vínculos societarios y la separación patrimonial entre las dos estirpes». Los socios se obligaban a votar cada año el reparto de al menos el 50 % de los beneficios, si la situación de la sociedad y la ley lo permitían, y el pacto prevalecía sobre los estatutos en las relaciones entre socios. La junta de 14 de junio de 2017 acordó un dividendo a cuenta pagado en especie con inmuebles, y la de 13 de junio de 2018 aprobó las cuentas y lo ratificó. Una socia que había cobrado el dividendo impugnó los acuerdos de 2018 (dividendo en especie sin previsión estatutaria, infravaloración de los inmuebles, abuso de mayoría); el Juzgado y la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª) desestimaron la demanda, y el Supremo desestimó los recursos con costas.

El Supremo se remitió a su sentencia 103/2016, de 25 de febrero, confirmada por la 120/2020, de 20 de febrero:

«Una cuestión muy similar a la que es objeto de este recurso fue resuelta por la sentencia 103/2016, de 25 de febrero. En ella afirmamos que es contraria a la buena fe el ejercicio de la acción de impugnación de un acuerdo social adoptado en cumplimiento de un pacto social suscrito por todos los socios por parte de un socio que fue parte en dicho pacto.»

De esta doctrina se desprende que el pacto omnilateral no se vuelve oponible a la sociedad con carácter general, pero que quien lo firmó no puede impugnar de buena fe los acuerdos que lo ejecutan, menos aún si se ha beneficiado de ellos; y que el cumplimiento del pacto puede valorarse como una necesidad razonable de la sociedad, lo que dificulta calificar esos acuerdos como abusivos (art. 204.1, párrafo segundo, LSC). La doctrina no es simétrica: de ella no se sigue que los acuerdos que contravienen el pacto sean anulables, porque los pactos parasociales no pueden ser el fundamento exclusivo de la impugnación (sentencias 103/2016 y 120/2020). La cláusula de prevalencia sobre los estatutos tiene un alcance limitado: frente a la sociedad y frente a terceros siguen rigiendo la ley y los estatutos. Conviene, además, fijar con claridad la vigencia del pacto y sus hitos de ejecución, porque en el litigio se discutió si seguía en vigor.

Qué ocurre si se incumple el pacto de socios

El socio perjudicado puede exigir el cumplimiento, reclamar los daños y perjuicios causados o resolver el pacto y, en su caso, activar las cláusulas de salida. El principal problema es que, como el pacto no es oponible a la sociedad, un acuerdo social contrario a él no es impugnable por ese solo motivo, aunque el socio incumplidor responda contractualmente frente a los demás firmantes. La STS 300/2022 lo resume así: «la mera infracción de un convenio parasocial no basta, por sí sola, para la anulación de un acuerdo social». Para anularlo hay que acreditar que, además, el acuerdo es contrario a la ley, se opone a los estatutos o al reglamento de la junta o lesiona el interés social (art. 204.1 LSC). Quedan a salvo los supuestos en que la buena fe o la prohibición del abuso del derecho imponen otra solución y aquellos en que la propia sociedad firmó el pacto.

Sin pacto, el minoritario cuenta con la protección legal. La STS 1763/2025, de 2 de diciembre (Roj: STS 5428/2025, ECLI:ES:TS:2025:5428), que no versa sobre un pacto de socios, confirmó la anulación por abuso de mayoría de una ampliación de capital por compensación de créditos del socio mayoritario que dejaba a los demás socios sin posibilidad de acudir a ella. Cuando el desacuerdo se enquista, la guía sobre conflictos entre socios repasa las salidas posibles, y la de exclusión de un socio explica cuándo puede apartarse a un socio y cómo influye en ello lo pactado.

¿Es obligatorio firmar un pacto de socios?

No. Una sociedad puede funcionar solo con sus estatutos, pero constituir una sociedad con más de un socio sin pacto aumenta el riesgo de conflicto: los estatutos regulan lo mínimo y el pacto, lo importante. Y cuanto antes se firme, mejor: negociarlo cuando la empresa va bien es sencillo; hacerlo cuando ya hay conflicto es mucho más difícil.

Cómo redactar y revisar un pacto de socios

El proceso habitual incluye una reunión con los socios para identificar sus expectativas y preocupaciones, el análisis de los estatutos vigentes, la redacción del borrador, la negociación de los puntos conflictivos y la firma. Un modelo genérico puede crear más problemas de los que resuelve; como punto de partida puede consultarse el modelo de pacto de socios con las cláusulas fundamentales comentadas.

El pacto debe evolucionar con la empresa: el que se redactó para dos socios puede resultar inadecuado cuando entran inversores o el negocio cambia de dimensión, y su actualización requiere el consenso de todos los firmantes. En caso de incumplimiento, la estrategia puede ir desde la reclamación extrajudicial hasta la demanda por incumplimiento contractual, con medidas cautelares cuando la urgencia lo requiera. El área de derecho societario del despacho redacta y revisa pactos de socios; para un caso concreto puede utilizar la página de contacto.

Jurisprudencia sobre pactos de socios

Sentencias públicas de otros procedimientos, seleccionadas como referencia; no son asuntos de este despacho. El resultado de cada caso depende de sus circunstancias.

Valoración del despacho

El valor de un pacto de socios no está en el número de cláusulas, sino en que las que de verdad importan estén bien engranadas con los estatutos y sean ejecutables en la práctica: un pacto técnicamente perfecto pero comercialmente inviable no protege a nadie. La jurisprudencia es clara: el pacto obliga a quienes lo firman, pero no a la sociedad. Si una regla esencial —un derecho de adquisición preferente, una mayoría reforzada, una prestación accesoria retribuida, un dividendo en especie— debe poder imponerse a la sociedad o a futuros socios, lo prudente es llevarla también a los estatutos, dentro de lo que permite la Ley de Sociedades de Capital; lo que no se traslade quedará protegido solo por la vía contractual. El caso Juaneda muestra que un derecho de preferencia vale lo que valgan su redacción y su oponibilidad: allí pesaron que el pacto estuviera en los estatutos y que estos se interpretaran a su luz, y sin esos elementos la regla del artículo 304 LSC y la relatividad de los pactos habrían pesado mucho más.

Por eso el despacho recomienda revisar pacto y estatutos a la vez, para que no se contradigan; prever consecuencias concretas del incumplimiento (penalizaciones, opciones de compra, mecanismos de salida), porque sin ellas la reclamación de daños exige probar un perjuicio difícil de cuantificar; no forzar las mayorías reforzadas hasta equivaler a la unanimidad; prever expresamente aumentos por compensación, transmisiones indirectas y ejecuciones de garantías y exigir la adhesión de los nuevos socios; y, en las startups, fijar en estatutos si las prestaciones accesorias son retribuidas y en qué cuantía y firmar los contratos de servicios previstos. Cuando el pacto se ejecute mediante acuerdos de junta, conviene que el acta recoja que el acuerdo responde a lo pactado y que se apoye en valoraciones actualizadas de los activos.

Si el conflicto ya existe, la lección es procesal. Hay que impugnar a tiempo los acuerdos de junta, documentar cada oferta y valorar desde el principio si interesa pedir la transmisión de las participaciones o una indemnización; quien se plantee impugnar debe analizar si su conducta previa, incluido haber cobrado lo acordado, le cierra esa vía. Y en las reclamaciones contra el administrador, todas las conductas que se le imputan deben quedar identificadas desde la demanda, con su relación causal con el daño; esa acción prescribe a los cuatro años desde que pudo ejercitarse (art. 241 bis LSC).