Cuando una empresa entra en concurso de acreedores, el auto de declaración produce efectos desde el primer día: la gestión queda intervenida o suspendida, se paralizan las ejecuciones contra sus bienes y los acreedores ya no pueden reclamar con demandas ordinarias, sino dentro del procedimiento concursal. Los contratos y los empleos no se extinguen por sí solos, y el juez del concurso pasa a concentrar la mayoría de las reclamaciones patrimoniales contra la empresa.
Esta guía explica esos efectos, qué pueden hacer los acreedores y cómo se ordenan los cobros.
Efectos inmediatos de la declaración de concurso
El auto que declara el concurso produce de inmediato sus efectos y tiene fuerza ejecutiva aunque no sea firme (art. 32 del Texto Refundido de la Ley Concursal, TRLC). Se publica mediante edicto en el «Boletín Oficial del Estado» y en el Registro público concursal (art. 35 TRLC).
Quién administra la empresa: intervención o suspensión
En el concurso voluntario, el que solicita el propio deudor, el concursado conserva las facultades de administración y disposición sobre sus bienes, pero su ejercicio queda sometido a la intervención del administrador concursal, que puede autorizar o denegar los actos (art. 106.1 TRLC). En el concurso necesario, solicitado por un acreedor, la regla general es la suspensión de esas facultades, de modo que el administrador concursal sustituye al deudor (art. 106.2 TRLC). En ambos casos el juez puede acordar, de forma motivada, el régimen contrario (art. 106.3 TRLC).
Por eso solicitar el preconcurso a tiempo es una estrategia relevante: mientras duran los efectos de la comunicación de apertura de negociaciones, no se admiten a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas por los acreedores (art. 610 TRLC). Esto permite negociar sin perder el control de la empresa y, si el concurso resulta inevitable, solicitarlo como voluntario.
Paralización de ejecuciones y apremios
Desde la declaración de concurso no pueden iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni apremios administrativos, incluidos los tributarios, contra los bienes o derechos de la masa activa, y las que estuvieran en tramitación quedan en suspenso (arts. 142 y 143 TRLC). Las ejecuciones laborales y los apremios administrativos con embargo anterior a la declaración pueden continuar si el juez del concurso declara que el bien embargado no es necesario para la continuidad de la actividad (art. 144 TRLC), y las garantías reales tienen un régimen propio (arts. 145 a 149 TRLC), que se explica más abajo. Así, los acreedores no pueden embargar por su cuenta cuentas, inmuebles ni equipos, y la empresa puede seguir operando.
Prohibición de compensación
Una vez declarado el concurso, no procede la compensación de créditos y deudas del concursado, salvo que procedan de la misma relación jurídica. Sí produce plenos efectos la compensación cuyos requisitos ya existieran antes de la declaración, aunque se alegue después (art. 153 TRLC). Fuera de esos casos, el crédito debe comunicarse a la administración concursal, para que la masa activa se reparta según la clasificación de cada acreedor.
¿Qué pasa con los contratos vigentes?
La declaración de concurso no es causa de resolución anticipada de los contratos. La ley tiene por no puestas las cláusulas que prevean la resolución o la extinción del contrato, o la suspensión o modificación de sus obligaciones, por la declaración de concurso de cualquiera de las partes (art. 156 TRLC).
El concursado (en caso de intervención) o la administración concursal (en caso de suspensión) pueden pedir al juez la resolución de contratos con obligaciones recíprocas cuando convenga al interés del concurso (art. 165 TRLC). Los contratos que continúan en vigor se cumplen, y las prestaciones a cargo del concursado se pagan con cargo a la masa (art. 242.1.12.º TRLC). Suministros, alquileres y contratos de obra pueden mantenerse si son esenciales para la continuidad de la empresa.
Efectos sobre los trabajadores
La declaración de concurso no extingue por sí sola los contratos de trabajo: los empleados mantienen sus puestos y siguen cobrando mientras la empresa opera. Si la situación lo requiere, el propio concursado, la administración concursal o los representantes de los trabajadores pueden solicitar al juez del concurso medidas de carácter colectivo —despidos, suspensiones de contratos, reducciones de jornada, traslados o modificaciones sustanciales—, lo que se conoce como ERE concursal (arts. 169 y 171 TRLC). Son competencia exclusiva y excluyente del juez del concurso (art. 53 TRLC). Véase también la guía de ERE y ERTE para empresas.
Las reclamaciones individuales de los trabajadores —salarios impagados, despidos individuales, reclamaciones de cantidad— siguen tramitándose ante los juzgados de lo social, que deben emplazar a la administración concursal para que pueda personarse (art. 136.3 TRLC).
No todos los salarios pendientes se tratan igual. Los de los últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración, hasta el doble del salario mínimo interprofesional, son créditos contra la masa (art. 242.1.2.º TRLC), igual que los devengados después de la declaración (art. 242.1.11.º TRLC), y se pagan de forma inmediata (art. 245 TRLC). El resto de salarios anteriores al concurso goza de privilegio general hasta el triple del salario mínimo por cada día pendiente de pago (art. 280.1.º TRLC) y, en lo que exceda, es crédito ordinario. En caso de impago, el FOGASA cubre parte de las cantidades adeudadas, con los límites de la legislación laboral.
¿Se puede demandar a una empresa en concurso de acreedores?
Depende del tipo de acción, del momento procesal y de la naturaleza del crédito. El juez del concurso tiene jurisdicción exclusiva y excluyente sobre las acciones civiles con trascendencia patrimonial contra el concursado, sobre las ejecuciones contra la masa activa y sobre otras materias que enumera la ley (art. 52 TRLC). Es la vis attractiva: las reclamaciones no desaparecen, pero se reconducen al concurso, lo que garantiza la igualdad entre acreedores (par conditio creditorum).
Nuevas demandas y juicios ya iniciados
No cabe presentar nuevas demandas ante otros juzgados en materias que son competencia del juez del concurso: los jueces civiles y sociales no las admitirán a trámite y remitirán a las partes al juez del concurso (art. 136.1.1.º TRLC). En cambio, los juicios declarativos en los que la concursada sea parte y que ya estuvieran en tramitación al declararse el concurso continúan ante el mismo tribunal hasta la firmeza de la sentencia, salvo los que la ley ordena acumular o suspender (art. 137 TRLC). Mientras tanto, el crédito discutido tiene la consideración de litigioso y se trata en el concurso como contingente (arts. 261 y 262 TRLC).
El incidente concursal
Muchas reclamaciones se canalizan a través del incidente concursal, el cauce que la ley prevé para las cuestiones que surjan durante el concurso y para las acciones que deban ejercitarse ante el juez del concurso (art. 532 TRLC). Los acreedores pueden acudir a él para impugnar actos de la administración concursal, reclamar la inclusión o exclusión de créditos o discutir la resolución de contratos.
Acciones contra los administradores y otros terceros
La acción individual de responsabilidad contra los administradores sociales por los daños causados directamente al acreedor (art. 241 de la Ley de Sociedades de Capital) no queda afectada por el concurso. Distinto es el caso de la acción para reclamar a los administradores las deudas sociales por no haber promovido la disolución en plazo (art. 367 LSC): desde la declaración de concurso y hasta la eficacia del convenio o, en su defecto, la conclusión del procedimiento, no se admiten nuevas demandas y quedan en suspenso las ya iniciadas (arts. 136.1.2.º y 139 TRLC). La acción social de responsabilidad corresponde en exclusiva a la administración concursal (art. 132 TRLC). Véase la guía sobre la responsabilidad del administrador de una sociedad limitada.
Si la reclamación contra un tercero se plantea como demanda civil declarativa ante los tribunales ordinarios, desde el 3 de abril de 2025 es requisito de procedibilidad haber intentado antes algún medio adecuado de solución de controversias (art. 5 de la Ley Orgánica 1/2025).
Cómo reclamar si es acreedor de una empresa en concurso
- Comunicar el crédito a la administración concursal dentro del plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación de la declaración de concurso en el «Boletín Oficial del Estado» (art. 28.1.4.º TRLC). Es la vía ordinaria para que se reconozcan la existencia y la cuantía de un crédito anterior al concurso (arts. 255 y siguientes TRLC), no una demanda. La comunicación debe expresar el concepto, la cuantía, las fechas de adquisición y vencimiento, las características y la clasificación que se pretenda, y acompañar copia del título o de los documentos relativos al crédito (art. 256 TRLC).
- Verificar la lista de acreedores que elabora la administración concursal junto con el inventario. Si el crédito no aparece, está mal clasificado o la cuantía es incorrecta, el acreedor personado dispone de diez días desde la inserción del inventario y de la lista en el Registro público concursal para impugnarla por el cauce del incidente concursal (art. 297 TRLC).
- Pronunciarse sobre la propuesta de convenio, si se presenta. Desde la reforma de la Ley 16/2022 ya no existe junta de acreedores: la aceptación se produce mediante adhesiones y oposiciones por escrito (arts. 351 y siguientes TRLC). Los titulares de créditos subordinados no tienen derecho de adhesión (art. 352 TRLC); los acreedores privilegiados pueden adherirse voluntariamente.
Acreedores con garantía real
Los acreedores con hipoteca, prenda u otro derecho real de garantía tienen privilegio especial sobre el bien gravado. Si ese bien es necesario para la continuidad de la actividad, no pueden iniciar la ejecución hasta que se apruebe un convenio que no afecte a ese derecho o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se haya abierto la liquidación; las ejecuciones ya iniciadas quedan suspendidas (arts. 145 y 148 TRLC). Si el bien no es necesario, pueden iniciar la ejecución o pedir que se alce la suspensión en cuanto el juez del concurso declare ese carácter (arts. 146 y 147 TRLC). Y si se abre la liquidación sin que hayan ejercitado su derecho en los plazos legales, pierden la posibilidad de ejecución separada (art. 149 TRLC).
Clasificación de los créditos: ¿quién cobra primero?
Los créditos concursales se clasifican en privilegiados (con privilegio especial o general), ordinarios y subordinados (art. 269 TRLC); al margen de esa clasificación quedan los créditos contra la masa:
- Créditos contra la masa: principalmente los generados después de la declaración (salarios corrientes, gastos del procedimiento, retribución del administrador concursal) y algunos anteriores que enumera el art. 242 TRLC. Se pagan a su vencimiento y con preferencia sobre los créditos concursales (art. 245 TRLC).
- Créditos con privilegio especial: los garantizados con hipoteca, prenda u otro derecho real sobre un bien concreto.
- Créditos con privilegio general: los salarios pendientes que no sean créditos contra la masa (con el límite del triple del salario mínimo), las retenciones tributarias y de Seguridad Social y, hasta el 50 % de su importe, el resto de créditos tributarios y de la Seguridad Social (art. 280 TRLC).
- Créditos ordinarios: los que no tienen privilegio ni están subordinados (art. 269.3 TRLC).
- Créditos subordinados: entre otros, los comunicados tardíamente, los intereses y recargos, las multas y sanciones y los de personas especialmente relacionadas con el deudor (art. 281 TRLC).
Fases del concurso: del auto a la liquidación
La fase común incluye la determinación de la masa activa y pasiva. A continuación puede alcanzarse un convenio con los acreedores para reestructurar la deuda, mediante adhesiones por escrito y sin junta de acreedores desde la Ley 16/2022. La fase de liquidación puede abrirse a petición del deudor en cualquier momento (art. 406 TRLC) o de oficio cuando, entre otros casos, no se presenta o no se acepta ninguna propuesta de convenio o el convenio aprobado se incumple (art. 409 TRLC).
Desde el 1 de enero de 2023, las microempresas —las que han empleado de media a menos de diez trabajadores y tienen un volumen de negocio anual inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros— no acuden al concurso ordinario, sino a un procedimiento especial de tramitación telemática y con formularios normalizados (arts. 685 y siguientes TRLC). El antiguo procedimiento abreviado fue suprimido por la Ley 16/2022. La guía sobre qué es un concurso de acreedores explica el procedimiento con más detalle.
¿Se puede evitar el concurso?
En muchos casos, sí. La legislación concursal ofrece mecanismos preventivos como la comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores (preconcurso) y los planes de reestructuración; las microempresas cuentan con su propio cauce de negociación (art. 690 TRLC). Los acuerdos extrajudiciales de pagos, en cambio, desaparecieron con la reforma de la Ley 16/2022.
La clave está en actuar con rapidez. Cuanto antes se identifique la situación de insolvencia, más opciones existen para salvar la empresa o, al menos, proteger a sus administradores de posibles responsabilidades personales, como las que se analizan en la guía sobre la responsabilidad concursal del administrador. Para una primera orientación puede utilizarse el test para saber si la empresa está en situación de concurso. El despacho presta asesoramiento en concurso de acreedores en Madrid tanto a empresas deudoras como a acreedores.
Valoración del despacho
La declaración de concurso no supone necesariamente el final de la empresa, pero cambia las reglas desde el primer día. Para el deudor, lo que más condiciona el resultado es cómo y cuándo se llega: un concurso voluntario, solicitado dentro de los dos meses siguientes a conocer la insolvencia (art. 5 TRLC) y con la documentación completa, permite como regla general conservar la gestión bajo intervención y reduce el riesgo de que la calificación se complique para los administradores. Antes de solicitarlo conviene comprobar si la sociedad encaja en el procedimiento especial para microempresas, porque la tramitación cambia por completo, y ordenar desde el principio la información sobre acreedores, contratos esenciales, plantilla y garantías, que son los frentes que primero se activan tras el auto, para evitar incidentes que alarguen el procedimiento. Si todavía existe margen de viabilidad, la comunicación de negociaciones o un plan de reestructuración pueden ser preferibles, siempre que se utilicen con un plan concreto y no solo para ganar tiempo.
Para el acreedor, el error más habitual es tratar el concurso como un pleito ordinario: presentar demandas que no se admitirán o esperar a que el administrador concursal reconozca el crédito por su cuenta. La prioridad es comunicar el crédito dentro de plazo, con toda la documentación y la clasificación que se pretende, y revisar la lista de acreedores en cuanto se publique en el Registro público concursal, porque el plazo para impugnarla es muy corto. Si existe garantía real, conviene pedir cuanto antes que el juez se pronuncie sobre si el bien es necesario para la actividad. Y si la deuda puede reclamarse también a un tercero —un fiador, un avalista o el propio administrador por daños directos—, hay que valorar esa vía en paralelo, teniendo presente que la acción del art. 367 LSC queda en suspenso mientras dura el concurso.
