Pre-concurso de acreedores: cómo ganar tiempo antes del concurso

El pre-concurso de acreedores es la comunicación al juzgado de que la empresa ha iniciado negociaciones con sus acreedores para alcanzar un plan de reestructuración (arts. 585 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Concursal, TRLC). Durante tres meses, prorrogables por otros tres, impide iniciar ejecuciones sobre los bienes necesarios para la actividad y bloquea las solicitudes de concurso necesario. Bien utilizado, ese tiempo puede salvar una empresa viable; presentado sin un plan detrás, solo retrasa el concurso y puede agravar la responsabilidad de los administradores.

Qué es el pre-concurso de acreedores

Técnicamente es la comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores regulada en los artículos 585 y siguientes del TRLC (Real Decreto Legislativo 1/2020), en la redacción dada por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, heredera del antiguo artículo 5 bis de la Ley Concursal de 2003. Su función es dar al deudor un periodo de protección frente a sus acreedores mientras negocia un plan de reestructuración, ya se encuentre en probabilidad de insolvencia, en insolvencia inminente o en insolvencia actual.

Actúa como un escudo temporal, pero no es un simple trámite para ganar tiempo. Exige planificación y una estrategia clara: si se usa como táctica dilatoria sin un plan real, no resuelve nada y puede empeorar la situación del deudor y de sus administradores.

Cuándo está una empresa en insolvencia

El TRLC distingue tres situaciones, y las tres permiten presentar la comunicación (arts. 584 y 585 TRLC):

• Probabilidad de insolvencia: es objetivamente previsible que, sin un plan de reestructuración, el deudor no podrá cumplir regularmente las obligaciones que venzan en los próximos dos años (art. 584.2 TRLC).
• Insolvencia inminente: se prevé que no podrán cumplirse regular y puntualmente las obligaciones dentro de los tres meses siguientes (art. 2.3 TRLC).
• Insolvencia actual: el deudor no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles (art. 2.3 TRLC). En este caso, la comunicación solo cabe mientras no se haya admitido a trámite una solicitud de concurso necesario.

La insolvencia rara vez aparece de golpe. Suele anunciarse con retrasos recurrentes en el pago a proveedores, la necesidad urgente de renegociar líneas de crédito, la imposibilidad de atender las cuotas de la Seguridad Social o las liquidaciones de IVA, clientes que empiezan a retrasar sus pagos y márgenes que se estrechan hasta desaparecer, por ejemplo por una subida brusca de costes energéticos que no puede trasladarse al precio. Cuando varias señales coinciden, el administrador está obligado a actuar: en insolvencia actual, el deudor debe solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que conoció o debió conocer esa situación (art. 5 TRLC).

Efectos del pre-concurso

Suspensión de ejecuciones

Desde la presentación de la comunicación, los acreedores no pueden iniciar ejecuciones judiciales o extrajudiciales sobre bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional (art. 600 TRLC), y las ya iniciadas sobre esos bienes se suspenden cuando la autoridad que las conoce recibe la resolución del juzgado (art. 601 TRLC). Pueden quedar protegidos, por ejemplo, el local, la maquinaria u otros activos productivos.

La protección no es absoluta. Las ejecuciones sobre bienes no necesarios pueden continuar, y las de los acreedores públicos (Hacienda y Seguridad Social) no se suspenden con carácter general: si recaen sobre bienes necesarios, solo se suspenden en la fase de realización o enajenación, y esa suspensión decae a los tres meses de la comunicación (art. 605 TRLC).

Bloqueo de las solicitudes de concurso necesario

Durante el periodo de protección, incluida la prórroga, no se admiten a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas por acreedores u otros legitimados (art. 610 TRLC). Es un efecto decisivo, porque el concurso necesario conlleva, como regla general, la suspensión de las facultades de administración del deudor (art. 106 TRLC) y puede poner de manifiesto el incumplimiento del deber de solicitar el concurso, que la ley presume culpable salvo prueba en contrario (art. 444.1.º TRLC).

Plazo de tres meses, prorrogable

El plazo general es de tres meses desde la comunicación. Antes de que venza, el deudor o los acreedores que representen más del 50 % del pasivo que pueda quedar afectado por el plan pueden pedir al juez una prórroga de hasta otros tres meses (art. 607 TRLC). Si al terminar no se ha alcanzado un plan de reestructuración y el deudor está en insolvencia actual, debe solicitar el concurso dentro del mes siguiente (art. 611 TRLC). En la práctica, la ventana es de cuatro meses, o de siete si se obtiene la prórroga.

Microempresas

Las microempresas (menos de diez trabajadores y un volumen de negocio inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros) tienen un procedimiento especial (arts. 685 y siguientes TRLC). Su comunicación no puede prorrogarse y, si al terminar los tres meses están en insolvencia actual, deben solicitar el procedimiento especial para microempresas en los cinco días hábiles siguientes (art. 690 TRLC).

Quién puede presentarlo y cómo se hace

Puede presentar la comunicación cualquier persona natural o jurídica que lleve a cabo una actividad empresarial o profesional (art. 583 TRLC) y se encuentre en alguna de las situaciones de insolvencia descritas: sociedades mercantiles, por decisión de su órgano de administración (art. 585.3 TRLC), empresarios individuales y autónomos, y microempresas con sus especialidades. Las personas físicas sin actividad empresarial o profesional no pueden utilizarla; su vía es el concurso de persona natural y la exoneración del pasivo insatisfecho.

La comunicación se dirige al juzgado competente para declarar el concurso, que en las empresas es el juzgado de lo mercantil del lugar donde el deudor tiene su centro de intereses principales:

1. Escrito de comunicación: se presenta por medios electrónicos y comunica que se han iniciado o se van a iniciar de inmediato negociaciones con los acreedores para alcanzar un plan de reestructuración (arts. 585 y 586 TRLC).
2. Contenido mínimo: entre otros extremos, el estado de insolvencia, la relación de acreedores con los que se negocia y el importe de sus créditos, la actividad, el activo, el pasivo, la cifra de negocios y el número de trabajadores, los bienes y contratos necesarios para la continuidad de la actividad y las ejecuciones en curso sobre esos bienes (art. 586 TRLC). Es recomendable acompañar un informe financiero que acredite la situación y la viabilidad de las negociaciones.
3. Resolución judicial: el juzgado tiene por efectuada la comunicación e identifica, en su caso, las ejecuciones que deben suspenderse (art. 590 TRLC). Cualquier acreedor puede recurrirla por motivos tasados, por ejemplo, que el deudor ya hubiera presentado otra comunicación en el año anterior o que los bienes afectados no sean necesarios para la actividad.
4. Publicidad: la resolución se publica en el Registro Público Concursal, salvo que el deudor haya pedido que la comunicación sea reservada (art. 591 TRLC).

Aunque el escrito es breve, su contenido condiciona los efectos: qué bienes se consideran necesarios, qué ejecuciones se suspenden y qué acreedores quedan en la negociación.

Qué hacer durante los tres meses

No son un respiro, sino probablemente los meses más intensos en la vida de una empresa en dificultades. El trabajo se reparte en tres frentes simultáneos.

Negociar con los acreedores

El objetivo es un acuerdo que evite el concurso: quitas, esperas, conversión de deuda en capital, cesión de activos no esenciales o una combinación de todo ello. Los acreedores aceptarán si el resultado es mejor que lo que obtendrían en un concurso de acreedores, y para convencerlos hacen falta números sólidos, un plan de viabilidad creíble y la perspectiva de que la empresa tiene futuro si se reestructura su deuda. También puede ser el momento de buscar financiación alternativa o nuevos inversores y de reorganizar la estructura de costes.

Preparar el plan de reestructuración

La Ley 16/2022 incorporó la Directiva (UE) 2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva e introdujo los planes de reestructuración del libro segundo del TRLC; los acuerdos extrajudiciales de pagos desaparecieron con esa reforma. Un plan puede incluir medidas financieras (quitas, esperas, capitalización de deuda, financiación nueva con privilegios especiales), operativas (reestructuración de plantilla, cierre de líneas deficitarias, renegociación de contratos) y societarias (ampliaciones de capital, entrada de socios o inversores, modificaciones estructurales). Su gran ventaja frente a un acuerdo privado es que, si se aprueba por las mayorías legales y se homologa judicialmente, puede imponerse a los acreedores disidentes mediante el arrastre entre clases (cross-class cram-down), lo que cambia la dinámica de la negociación.

Preparar el concurso como alternativa

No todas las negociaciones acaban bien. Parte del trabajo es dejar preparado un concurso ordenado por si fracasan: documentación contable, lista de acreedores y valoración de activos. Un concurso bien preparado es más rápido, más barato y menos traumático que uno improvisado; las distintas modalidades, incluido el concurso de acreedores express, y sus efectos sobre la empresa se explican en guías propias.

El plan de reestructuración y el arrastre de acreedores

El arrastre permite homologar planes que no han aprobado todas las clases. El artículo 639.2.º TRLC admite, en defecto de una mayoría de clases que incluya al menos una de créditos privilegiados, homologar el plan aprobado por al menos una clase que pueda razonablemente presumirse que habría recibido algún pago tras una valoración de la deudora como empresa en funcionamiento, con informe del experto que interviene en la reestructuración. Los acreedores disidentes pueden impugnar la homologación por la formación de las clases (arts. 623 y 654.2.º TRLC, aplicable por remisión del art. 655.1), por recibir un trato menos favorable que otra clase del mismo rango (art. 655.2.3.º TRLC) o por vulnerar el interés superior de los acreedores (art. 654.7.º TRLC).

Sentencias públicas de otros procedimientos, seleccionadas como referencia; no son asuntos de este despacho. El resultado de cada caso depende de sus circunstancias.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª) 139/2026, de 15 de abril (ROJ SAP M 6856/2026, ECLI:ES:APM:2026:6856, ponente: Francisco de Borja Villena Cortés) examinó un plan de una sociedad industrial, suscrito el 29 de febrero de 2024, con cuatro clases: dos unipersonales (un arrendador de rango ordinario y otro subordinado, vinculado a socios y administradores), que sumaban solo el 0,52 % del pasivo afectado; la de los acreedores financieros; y la de la Tesorería General de la Seguridad Social, con un crédito contingente de 150.000 euros. Solo lo aprobaron las dos clases unipersonales, y el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Madrid lo homologó por auto de 28 de mayo de 2024 al amparo del artículo 639.2.º. La clase financiera quedaba expuesta a una quita mínima del 13,28 % y a quitas eventuales que, según las entidades, podían llegar al 72,31 %, frente al 64,47 % del arrendador ordinario, además de perder el devengo de intereses durante los 72 meses del plan.

La Audiencia validó las clases unipersonales: «nada impide que un plan pueda contemplar válidamente clases integradas por un único acreedor». Declaró que «la delimitación del perímetro de afectación es libremente trazada por los proponentes del plan», de modo que el deudor no está obligado a incluir a todos los acreedores del mismo rango, aunque, una vez trazado el perímetro, las reglas de formación de clases se aplican con rigidez. Reconoció que un plan aprobado por el 0,52 % del pasivo revela una paradoja, pero la atribuyó a «un efecto o consecuencia de la regulación legal misma», no al plan. Sin embargo, estimó la impugnación por infracción del trato paritario entre clases del mismo rango: la comparación debe hacerse sobre la quita máxima posible, no sobre la mínima o la esperada, porque es el único dato cierto al resolver y la sola exposición a una quita eventual forma parte del trato que recibe la clase; además, las cuentas de 2024 mostraban que la quita eventual ya se estaba aplicando. El plan dejó de vincular a los bancos impugnantes y subsistió frente a los demás acreedores.

De la sentencia se desprenden varias reglas prácticas:

• Las clases unipersonales son válidas y, a veces, obligatorias, por ejemplo cuando solo se afecta a un crédito con garantía real o a un único acreedor público.
• El perímetro de afectación lo trazan libremente los proponentes, y su amplitud repercute en el juicio sobre la viabilidad del plan.
• El porcentaje de pasivo que aprueba el plan no es un motivo autónomo de impugnación; el control se centra en los motivos legales, en especial el trato equitativo entre clases del mismo rango y el interés superior de los acreedores.
• Si la impugnación prospera por trato desigual, el plan deja de vincular a los impugnantes (art. 661.1 TRLC); solo la falta de mayorías o la formación defectuosa de las clases provocan la ineficacia del plan en su conjunto (art. 661.2 TRLC).

Cuándo conviene el pre-concurso y cuándo no

Es aconsejable cuando la empresa es viable a medio plazo si se reestructura su deuda, existe un núcleo de acreedores dispuestos a negociar o al menos no hostiles, se necesita tiempo para preparar un plan sólido, hay ejecuciones en marcha que pueden destruir valor y la insolvencia es inminente pero no terminal, porque la empresa todavía genera caja para operar unos meses.

No lo es cuando la empresa está en cesación total de pagos y no tiene liquidez para sobrevivir tres meses más, no hay un plan realista ni voluntad negociadora de los acreedores, se pretende usar solo como táctica dilatoria o la situación patrimonial está tan deteriorada que cualquier retraso agravará la responsabilidad de los administradores por no haber solicitado el concurso a tiempo.

Responsabilidad del administrador que no actúa

La comunicación ofrece protección, pero no impunidad. El concurso se califica como culpable cuando en la generación o agravación de la insolvencia ha mediado dolo o culpa grave del deudor o, en las sociedades, de sus administradores o liquidadores (art. 442 TRLC). Las causas se regulan en los artículos 442 a 444 TRLC (una cláusula general, supuestos que determinan la culpabilidad en todo caso y presunciones que admiten prueba en contrario), y no solicitar el concurso a tiempo es una de esas presunciones (art. 444.1.º TRLC), junto con otros supuestos legales como llevar una contabilidad irregular o realizar actos de disposición en perjuicio de los acreedores. Las consecuencias para el administrador declarado persona afectada pueden ser:

• Inhabilitación para administrar bienes ajenos y representar a cualquier persona durante dos a quince años (art. 455.2.2.º TRLC).
• Pérdida de los derechos que tuviera como acreedor concursal o de la masa (art. 455.2.3.º TRLC).
• Condena a cubrir, total o parcialmente, el déficit (la diferencia entre la masa activa y los créditos reconocidos) cuando la sección de calificación se ha abierto como consecuencia de la liquidación, en la medida en que su conducta generó o agravó la insolvencia (art. 456 TRLC).

Utilizar el pre-concurso sin un propósito real de reestructuración, o esperar a que «la situación mejore» sin medidas concretas, puede encajar en el incumplimiento del deber de solicitar el concurso. Por eso conviene documentar la diligencia: actas del órgano de administración, informes de tesorería y comunicaciones con los acreedores. El régimen completo se analiza en la guía sobre la responsabilidad concursal del administrador.

Errores frecuentes

1. Presentar la comunicación sin un plan. El pre-concurso compra tiempo, pero si no se sabe qué hacer con él, se desperdicia; antes de comunicar hay que tener al menos un esbozo de estrategia.
2. No negociar activamente. Esperar a que pase el plazo no solo es inútil: puede interpretarse como mala fe procesal.
3. Infravalorar la documentación financiera. Sin estados financieros actualizados, proyecciones de tesorería y un plan de viabilidad mínimo, las negociaciones no arrancan.
4. No prever el fracaso. Si no hay plan y la empresa está en insolvencia actual, el concurso debe pedirse en el mes siguiente al fin de la protección (art. 611 TRLC); si no se ha preparado, arranca en desorden.
5. Actuar demasiado tarde. El momento adecuado es cuando la empresa todavía tiene activos, genera algo de caja y conserva relaciones con sus acreedores principales.

Cronología práctica

• Semanas 1 y 2 (antes de comunicar): diagnóstico financiero, revisión de la tesorería a 90 días con los costes reales, identificación de los acreedores principales y primer esbozo del plan de reestructuración.
• Semana 3: presentación de la comunicación del artículo 585 TRLC ante el juzgado de lo mercantil; empieza a correr el plazo de tres meses.
• Semanas 4 a 8: negociación intensiva, propuestas, rondas de reuniones y contraofertas, y elaboración formal del plan si se avanza.
• Semanas 9 a 12: cierre de la negociación. Con acuerdo, formalización del plan y, en su caso, solicitud de homologación; si se necesita más tiempo, solicitud de prórroga antes del vencimiento (art. 607 TRLC); sin acuerdo, preparación de la solicitud de concurso.
• Semanas 13 a 16: si no hay plan y la empresa está en insolvencia actual, mes para solicitar el concurso (art. 611 TRLC). Con prórroga, el calendario se desplaza hasta tres meses.

Para una primera orientación puede utilizar el test ¿Estoy en situación de concurso?. El despacho presta asesoramiento en concurso de acreedores en Madrid, y puede plantear su caso a través de la página de contacto.

Valoración del despacho

La comunicación de apertura de negociaciones funciona bien cuando se presenta con un borrador de plan de reestructuración y con los acreedores clave ya identificados; presentada solo para ganar tiempo, suele desembocar en el mismo concurso, unos meses más tarde y con menos caja. Antes de comunicar conviene responder con honestidad a tres preguntas: si el negocio es viable a medio plazo sin la deuda que hoy lo ahoga, qué acreedores deben aceptar el plan para que funcione y qué bienes son realmente necesarios para seguir operando, porque de esa lista depende qué ejecuciones se suspenden. Hay que tener presente, además, que Hacienda y la Seguridad Social conservan sus ejecuciones salvo en la fase de realización de bienes necesarios, que las microempresas no tienen prórroga y que, si al terminar el plazo no hay plan, el mes para solicitar el concurso es corto: la solicitud debería prepararse en paralelo desde el primer día.

Lo que suele marcar la diferencia es el calendario. El error más caro es seguir operando a pérdida con la esperanza de que el entorno mejore mientras se acumulan impagos con Hacienda, la Seguridad Social y los proveedores. El criterio del despacho es fijar desde el principio un umbral objetivo, por ejemplo una previsión de tesorería a tres meses que no cubra las obligaciones corrientes, y, al alcanzarlo, decidir entre renegociar, comunicar la apertura de negociaciones o solicitar el concurso, dejando constancia escrita en actas del órgano de administración pensando en una eventual calificación. Si el administrador ha avalado deudas, conviene revisar también cuánto crédito público acumula, porque su exoneración tiene límites legales. Una crisis externa explica la insolvencia, pero no sustituye la diligencia que la ley exige al administrador, y no conviene esperar a los embargos para consultar.

Si se opta por un plan con arrastre, debe diseñarse pensando en la impugnación desde el primer borrador: comparar, clase por clase y en el peor escenario posible, el sacrificio de cada una frente a las demás de igual rango, incluidos intereses, plazos y quitas condicionadas, y eliminar o justificar antes de la votación cualquier quita eventual que pueda superar la de otra clase del mismo rango. Para el acreedor financiero, los plazos de impugnación son breves y la prueba debe centrarse en datos objetivos del propio plan y, si es posible, en la información financiera posterior del deudor; discutir la configuración de clases o el porcentaje de pasivo que votó a favor tiene, tras la sentencia de la Audiencia de Madrid, menos recorrido. En ambos casos, la intervención temprana del experto de la reestructuración y un análisis financiero sólido son determinantes.