Qué es un concurso de acreedores: guía completa para empresas

Un concurso de acreedores es el procedimiento judicial que ordena la situación de una persona o empresa que no puede cumplir regularmente sus obligaciones de pago: se tramita ante el juzgado de lo mercantil y busca pagar a los acreedores de forma ordenada y, si es viable, conservar la actividad. Para el administrador de una sociedad no es solo una opción, porque, si la empresa está en insolvencia actual, la ley le obliga a solicitarlo en dos meses. Esta guía explica cuándo hay que pedirlo, qué diferencia el concurso voluntario del necesario, cómo se desarrolla y qué consecuencias tiene.

Qué es un concurso de acreedores y para qué sirve

El concurso de acreedores es un procedimiento judicial para gestionar la insolvencia de una persona física o jurídica que no puede hacer frente a sus obligaciones de forma regular. Lo tramita el juzgado de lo mercantil del domicilio del deudor. Su objetivo no es, como mucha gente cree, liquidar la empresa sin más, sino:

• Satisfacer a los acreedores de la forma más ordenada y equitativa posible.
• Preservar la actividad empresarial cuando sea viable, mediante un convenio que permita reestructurar la deuda y seguir operando.

Es una herramienta que intenta salvar lo que se pueda salvar y, cuando no es posible, organizar una liquidación ordenada. Lo regula el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, y reformado en profundidad por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre.

Cuándo es obligatorio solicitar el concurso

Insolvencia actual: el plazo de dos meses

Hay insolvencia actual cuando el deudor no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles: no un impago puntual, sino una falta generalizada de liquidez para atender las deudas a medida que vencen. En ese caso, el artículo 5 TRLC obliga a solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se conoció o debió conocerse la insolvencia. Es un plazo imperativo, no una recomendación.

Salvo prueba en contrario, se presume que el deudor conoce su insolvencia cuando se ha producido alguno de los hechos que permitirían a un acreedor pedir el concurso (art. 5.2 en relación con el art. 2.4 TRLC), como el sobreseimiento generalizado en los pagos, los embargos que afectan de manera general a su patrimonio o el impago durante tres meses de obligaciones tributarias, cuotas de la Seguridad Social o salarios. Entre las razones habituales para retrasar la solicitud están el desconocimiento, el miedo al estigma o la esperanza de que la situación mejore sola; en general, esperar reduce las opciones.

Si el deudor es una microempresa en el sentido legal (art. 685 TRLC), el deber y el plazo son los mismos, pero lo que debe solicitar es la apertura del procedimiento especial para microempresas (art. 686.2 TRLC).

Insolvencia inminente y probabilidad de insolvencia

Hay insolvencia inminente cuando el deudor prevé que en los tres meses siguientes no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones (art. 2.3 TRLC). Solicitar el concurso no es entonces obligatorio, pero sí un derecho del deudor. Actuar en ese momento, o incluso antes, cuando solo hay probabilidad de insolvencia en los dos años siguientes (art. 584.2 TRLC), amplía las alternativas.

Concurso voluntario y concurso necesario

La diferencia depende de quién presenta la primera solicitud (art. 29 TRLC):

• Voluntario: lo solicita el propio deudor (en las sociedades, su órgano de administración), siempre que su solicitud sea la primera. No importa que después lleguen solicitudes de acreedores. Para pedirlo debe estar en insolvencia actual o inminente.
• Necesario: lo solicita un legitimado distinto del deudor. Además del deudor, pueden pedirlo los acreedores, salvo el que, en los seis meses anteriores, hubiera adquirido el crédito por actos entre vivos y a título singular después de su vencimiento (art. 3.2 TRLC), y los socios personalmente responsables de las deudas de la sociedad (art. 3.3 TRLC). El acreedor debe acreditar alguno de los hechos reveladores de insolvencia del artículo 2.4 TRLC, como el sobreseimiento general en los pagos, los embargos generalizados o el alzamiento o liquidación apresurada de bienes. También es necesario el concurso pedido por el deudor si en los tres meses anteriores otro legitimado había presentado una solicitud admitida a trámite, aunque después desistiera, no compareciera en la vista o no se ratificara (art. 29.2 TRLC).

Quién gestiona la empresa: intervención o suspensión

Es la diferencia más importante en el día a día. En el concurso voluntario, la regla general es la intervención (art. 106.1 TRLC): el deudor conserva las facultades de administración y disposición y sigue dirigiendo la empresa, pero necesita la autorización del administrador concursal para determinadas operaciones, como vender activos significativos o constituir garantías. En el concurso necesario, la regla general es la suspensión (art. 106.2 TRLC): el administrador concursal asume directamente la gestión del patrimonio y el empresario queda apartado. El juez puede acordar de forma motivada lo contrario en ambos casos (art. 106.3 TRLC). Para una empresa que aspira a continuar, negociar un convenio o vender una unidad productiva en buenas condiciones, conservar la gestión es determinante.

Preparación y calificación

Quien pide el concurso voluntario ha podido prepararse: ordenar la contabilidad, reunir la documentación, negociar con acreedores clave y llevar una propuesta de convenio o, al menos, una estrategia. En el concurso necesario, el empresario reacciona, habitualmente con la tesorería agotada, la documentación desordenada y los acreedores enfrentados. Aunque ninguna norma lo diga expresamente, el concurso voluntario transmite buena fe, y el necesario puede transmitir que los acreedores tuvieron que forzar el procedimiento.

La consecuencia jurídica más grave está en la calificación: no haber solicitado el concurso en los dos meses del artículo 5 activa la presunción de culpabilidad del artículo 444.1.º TRLC, que el administrador tendrá que destruir con prueba en contrario. Conviene precisar que el carácter necesario del concurso no implica por sí solo esa presunción: un acreedor puede solicitarlo antes de que venza el plazo del deudor.

Dos ejemplos hipotéticos y simplificados ilustran estas reglas. Una sociedad de distribución detecta en septiembre que no podrá pagar a sus proveedores a partir de enero; presenta la comunicación de apertura de negociaciones, negocia durante tres meses, prepara inventario, memoria y una propuesta de convenio con quitas y esperas, y en enero solicita el concurso voluntario con todo preparado: previsiblemente conservará la gestión bajo intervención y podrá orientar el procedimiento hacia un convenio. Una constructora acumula seis meses de impagos a proveedores y a la Agencia Tributaria a la espera de un cobro que no llega, hasta que un proveedor pide el concurso necesario: previsiblemente, el administrador será apartado de la gestión y, si la empresa termina en liquidación, se formará la sección de calificación, con la presunción de culpabilidad por retraso y el riesgo de condena a cubrir el déficit con su patrimonio.

Las fases del concurso de acreedores

El procedimiento puede explicarse en cuatro fases, aunque en la práctica varias actuaciones se solapan en el tiempo.

1. Solicitud y declaración del concurso

La solicitud debe acompañarse de una memoria de la historia económica y jurídica del deudor y de las causas de la insolvencia, un inventario de bienes y derechos y la relación de acreedores (art. 7 TRLC); si el deudor está obligado a llevar contabilidad, también las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios y una memoria de los cambios significativos en su patrimonio posteriores a las últimas cuentas (art. 8 TRLC). Si el juez aprecia la insolvencia, dicta auto de declaración de concurso, que por regla general nombra a la administración concursal (art. 28 TRLC). Desde la reforma de 2022, si el deudor carece de masa activa suficiente, el juez declara el concurso sin masa (art. 37 bis TRLC) sin más pronunciamientos y abre un plazo de quince días para que los acreedores que representen al menos el 5 % del pasivo pidan el nombramiento de un administrador concursal (art. 37 ter TRLC).

2. Fase común

Es el núcleo del procedimiento. El administrador concursal analiza la contabilidad, elabora el inventario de la masa activa (todo lo que tiene el deudor) y la lista de acreedores con sus créditos clasificados en privilegiados, ordinarios y subordinados. Su informe debe presentarse en los dos meses siguientes a la aceptación del cargo, prorrogables por el juez en circunstancias excepcionales hasta dos meses más, o cuatro si hay más de dos mil acreedores (arts. 290 y 291 TRLC). Durante esta fase los acreedores comunican sus créditos y, presentado el informe, los interesados pueden impugnar el inventario y la lista. La clasificación es decisiva: los créditos privilegiados (hipotecas, salarios pendientes) cobran antes que los ordinarios, y estos antes que los subordinados (créditos de personas especialmente relacionadas con el deudor, intereses, multas).

3. Convenio o liquidación

Convenio. Si hay viabilidad, el deudor, o los acreedores cuyos créditos superen una quinta parte del pasivo (art. 315 TRLC), pueden proponer un convenio con quitas (reducciones de la deuda), esperas (aplazamientos) o ambas. La ley no fija un porcentaje máximo de quita, pero la espera no puede superar los diez años (art. 317 TRLC). Las mayorías dependen del contenido: basta con que el pasivo adherido supere al que se opone si se ofrece el pago íntegro en un plazo no superior a tres años o el pago inmediato con quita inferior al 20 %; se exige más del 50 % del pasivo ordinario si las quitas no superan la mitad del crédito o las esperas los cinco años, y el 65 % en los demás casos (art. 376 TRLC). Aceptado por los acreedores, el juez debe aprobarlo. Cuando funciona, la empresa sigue operando, mantiene empleo y paga a sus acreedores en mejores condiciones que en una liquidación.

Liquidación. El deudor puede pedirla en cualquier momento (art. 406 TRLC); la administración concursal, en caso de cese total o parcial de la actividad (art. 408 TRLC); y el juez la abre de oficio, entre otros supuestos, si no se presenta o no se acepta ninguna propuesta de convenio o si se declara incumplido el aprobado (art. 409 TRLC). Tras la Ley 16/2022 ya no existe el plan de liquidación: los bienes se realizan conforme a las reglas legales o a las especiales que fije el juez, que no pueden dilatar la liquidación más de un año (art. 415 TRLC), y se paga a los acreedores según el orden de prelación. La liquidación puede implicar el cese de la actividad, aunque el TRLC permite vender unidades productivas como un todo, lo que puede preservar empleo y negocio bajo otra titularidad. Las claves de esas ventas se explican en la guía sobre la subasta judicial concursal.

4. Calificación del concurso

La sección de calificación determina si el concurso es fortuito o culpable. Es culpable cuando en la generación o agravación de la insolvencia ha mediado dolo o culpa grave del deudor o, si es persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, directores generales y de quienes lo hubieran sido en los dos años anteriores (art. 442 TRLC). Hay supuestos de culpabilidad en todo caso, como el alzamiento de bienes, la salida fraudulenta de bienes en los dos años anteriores (art. 443.2.º) o el incumplimiento sustancial del deber de llevar contabilidad (art. 443.5.º), y presunciones que admiten prueba en contrario, como el retraso en solicitar el concurso (art. 444.1.º) o la falta de formulación, auditoría o depósito de las cuentas anuales (art. 444).

Las consecuencias para los administradores afectados pueden ser:

• Inhabilitación para administrar bienes ajenos y representar a cualquier persona durante dos a quince años (art. 455.2.2.º TRLC).
• Pérdida de cualquier derecho como acreedores concursales o de la masa (art. 455.2.3.º TRLC).
• Devolución de lo obtenido indebidamente del patrimonio del deudor e indemnización de los daños y perjuicios (art. 455.2.4.º y 5.º TRLC).
• Cobertura del déficit: si la sección se forma o reabre por la apertura de la liquidación, el juez puede condenarles a cubrir, total o parcialmente, el déficit con su patrimonio personal, en la medida en que su conducta haya generado o agravado la insolvencia (art. 456 TRLC).

Cuándo y cómo puede verse afectado un administrador se desarrolla en la guía sobre la responsabilidad concursal del administrador.

El administrador concursal

Es una figura central del procedimiento: un profesional, persona natural o jurídica (art. 57 TRLC), designado por el juzgado (la ley contempla como perfiles de procedencia los de abogado, economista, titulado mercantil y auditor, art. 61 TRLC), que actúa como garante de la legalidad y de los intereses de los acreedores. Sus funciones principales son supervisar o sustituir al deudor en la administración de su patrimonio, elaborar el informe con el inventario y la lista de acreedores, evaluar la viabilidad de la empresa y, en su caso, la propuesta de convenio, gestionar la liquidación y emitir un informe sobre las causas de la insolvencia que puede llevar a la calificación del concurso como culpable.

Efectos sobre los contratos, los trabajadores y los acreedores

Contratos. La declaración de concurso no es, por sí sola, causa de resolución de los contratos, y se tienen por no puestas las cláusulas que permitan a la otra parte resolverlos o suspenderlos por ese motivo (art. 156 TRLC). El concursado (en caso de intervención) o la administración concursal (en caso de suspensión) pueden pedir al juez la resolución de cualquier contrato con obligaciones recíprocas cuando convenga al interés del concurso, aunque no exista causa de resolución (art. 165 TRLC).

Trabajadores. Los contratos de trabajo se mantienen vigentes. Una vez declarado el concurso, los despidos, suspensiones, reducciones de jornada, traslados y modificaciones sustanciales de carácter colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción se tramitan ante el juez del concurso (art. 169 TRLC), a petición del concursado, de la administración concursal o de los representantes de los trabajadores (art. 171 TRLC). Es el llamado ERE concursal, que se explica junto a los demás expedientes en la guía de ERE y ERTE para empresas. Los salarios de los últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración, hasta el doble del salario mínimo interprofesional, son créditos contra la masa (art. 242.1.2.º TRLC), y buena parte del resto de créditos salariales e indemnizatorios anteriores goza de privilegio general, con los límites del artículo 280.1.º TRLC. Si se alcanza un convenio o se transmite la unidad productiva, los puestos pueden mantenerse en todo o en parte.

Acreedores. Desde la declaración no pueden iniciarse ejecuciones singulares ni apremios administrativos contra los bienes de la masa activa, y los que estuvieran en tramitación quedan en suspenso (arts. 142 y 143 TRLC), con excepciones para determinados embargos administrativos y laborales anteriores (art. 144) y un régimen propio para las garantías reales (arts. 145 y siguientes). Las reclamaciones se canalizan a través del concurso: los créditos contra la masa se atienden con preferencia, y los concursales se pagan según su clasificación en privilegiados (especiales y generales), ordinarios y subordinados. Qué cambia en el día a día para la empresa y para quien quiere reclamarle se explica en la guía sobre qué pasa cuando una empresa entra en concurso.

El preconcurso: comunicación de apertura de negociaciones

Antes del concurso, la ley ofrece la comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores (arts. 585 y siguientes TRLC), conocida como preconcurso, para negociar un plan de reestructuración. Puede presentarla el deudor, persona natural o jurídica, que ejerce una actividad empresarial o profesional (art. 583 TRLC), en probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o insolvencia actual; en este último caso, siempre que no se haya admitido a trámite una solicitud de concurso necesario (arts. 584 y 585 TRLC). Sus efectos son:

• El deber de solicitar el concurso no es exigible durante tres meses, prorrogables por otros tres a petición del deudor o de acreedores que representen más del 50 % del pasivo que pueda quedar afectado (arts. 607 y 611 TRLC).
• No se admiten a trámite solicitudes de concurso necesario (art. 610 TRLC).
• No pueden iniciarse, y se suspenden las iniciadas, ejecuciones judiciales y extrajudiciales sobre bienes necesarios para la actividad, con reglas especiales para el crédito público (arts. 600, 601 y 605 TRLC).

Si al terminar el plazo no hay plan y el deudor está en insolvencia actual, debe solicitar el concurso dentro del mes siguiente (art. 611 TRLC). Las microempresas no utilizan esta vía, sino la comunicación de su procedimiento especial, cuyos efectos no pueden prorrogarse (art. 690 TRLC). Bien utilizado, el preconcurso puede evitar el concurso o prepararlo en las mejores condiciones, como antesala de un concurso voluntario con la documentación y la propuesta de convenio ya trabajadas. Su funcionamiento se detalla en la guía del preconcurso de acreedores.

La reforma de la Ley 16/2022 y el procedimiento para microempresas

La Ley 16/2022, de 5 de septiembre, que transpuso la Directiva (UE) 2019/1023 sobre reestructuración e insolvencia y entró en vigor el 26 de septiembre de 2022, introdujo cambios sustanciales:

• Planes de reestructuración: mecanismos preconcursales que permiten reestructurar deuda con mayor flexibilidad y arrastrar a acreedores disidentes.
• Segunda oportunidad reforzada: ampliación de la exoneración del pasivo insatisfecho para personas físicas, incluidos empresarios individuales.
• Procedimiento especial para microempresas (arts. 685 y siguientes TRLC): desde el 1 de enero de 2023, las personas naturales o jurídicas con actividad empresarial o profesional que hayan empleado de media menos de diez trabajadores el año anterior y tengan un volumen de negocio anual inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros quedan sujetas exclusivamente a este procedimiento (art. 1.2 TRLC), que se tramita con formularios normalizados y puede orientarse a la continuación de la actividad o a la liquidación. Lo explicado sobre intervención y suspensión de facultades se refiere al concurso ordinario.
• Mayor protagonismo de la negociación: el sistema incentiva las soluciones pactadas frente a la liquidación.

Estas reformas amplían las herramientas de las empresas en dificultades, pero también hacen las opciones más numerosas y complejas. El test de situación concursal ofrece una primera orientación, y la página de abogado de concurso de acreedores en Madrid explica cómo se aborda cada caso.

Valoración del despacho

El error más costoso no es solicitar el concurso, sino hacerlo tarde. La pregunta útil para un administrador no es si su empresa acabará en concurso, sino desde cuándo corre su plazo de dos meses: empieza cuando conoce o debió conocer la insolvencia actual, y la ley presume ese conocimiento a partir de hechos objetivos, como el impago generalizado o los retrasos de tres meses con Hacienda, la Seguridad Social o la plantilla. Dejar pasar ese plazo activa una presunción de culpabilidad que recae directamente sobre los administradores, y esperar a que un acreedor presente la solicitud casi nunca mejora su posición. Respetar el plazo del artículo 5 TRLC es la primera línea de defensa frente a una calificación culpable.

La decisión conviene tomarla con números y por escrito. Una previsión de tesorería a veinticuatro meses permite saber si la empresa está en probabilidad de insolvencia, en insolvencia inminente o ya en insolvencia actual, y cada situación abre vías distintas: si hay negocio viable, la comunicación de apertura de negociaciones y el plan de reestructuración ofrecen margen para ordenar el proceso sin incumplir el deber de solicitar el concurso; si no lo hay, un concurso voluntario bien documentado protege mejor al administrador que una liquidación desordenada. Antes de nada, hay que comprobar si la sociedad es una microempresa en el sentido legal, porque entonces el cauce y los plazos son los del procedimiento especial. Quien actúa antes de que la situación sea crítica conserva más opciones: negociar un plan, preparar un convenio o transmitir la unidad productiva en mejores condiciones.

Dentro del procedimiento, la elección entre intentar un convenio o ir a la liquidación condiciona todo lo demás. Con la reforma de 2022 ha desaparecido el plan de liquidación y los tiempos son más exigentes, de modo que conviene identificar desde el principio los activos realizables y, en su caso, el interés de posibles compradores de unidades productivas. Para los acreedores, comunicar el crédito en plazo y revisar su clasificación en la lista determina cuánto y cuándo podrán cobrar. Y para el órgano de administración es esencial dejar constancia escrita de sus decisiones y de la situación de tesorería mes a mes, y analizar antes la contabilidad y las operaciones de los dos últimos años: en la sección de calificación, lo que no está documentado es difícil de defender.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto dura un concurso de acreedores?

Depende de la complejidad, del número de acreedores, de la litigiosidad y de si hay que liquidar activos. La ley fija plazos para cada trámite, pero la duración total varía mucho y puede prolongarse varios años cuando hay impugnaciones o activos difíciles de realizar.