Responsabilidad concursal del administrador y concurso culpable

La responsabilidad concursal del administrador se decide en la sección de calificación del concurso de acreedores: si la insolvencia se generó o agravó con dolo o culpa grave, el concurso se califica como culpable. En ese caso, el administrador puede ser inhabilitado, perder sus créditos frente a la sociedad y ser condenado a cubrir con su patrimonio personal el déficit que la sociedad no pueda pagar. Esta guía explica cuándo ocurre, cómo se cuantifica y qué ha precisado el Tribunal Supremo.

La sección de calificación: dónde se examina la gestión del administrador

El concurso no se limita a organizar el pago de las deudas. La sección sexta del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), la llamada pieza o sección de calificación, tiene un objetivo específico: determinar si la insolvencia se produjo por causas ajenas al administrador o si su actuación contribuyó a generarla o agravarla. Es la fase que más preocupa a los administradores, porque sus consecuencias van desde la inhabilitación hasta la obligación de responder con su patrimonio de las deudas que la sociedad no pueda cubrir.

El TRLC prevé dos calificaciones posibles:

• Concurso fortuito (art. 441 TRLC): la insolvencia se ha producido sin dolo ni culpa grave del deudor o de sus representantes legales. No hay consecuencias personales para el administrador.
• Concurso culpable (art. 442 TRLC): en la generación o agravación de la insolvencia ha mediado dolo o culpa grave del deudor o, si es persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, directores generales, y de quienes hubieran tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso.

Cuándo es culpable el concurso: supuestos especiales y presunciones

La ley no deja la calificación enteramente a la valoración caso por caso. Establece supuestos que determinan la culpabilidad y presunciones que, en la práctica, invierten la carga de la prueba.

Supuestos que determinan la culpabilidad en todo caso (art. 443 TRLC)

Si concurre alguno de estos «supuestos especiales», el concurso se califica como culpable en todo caso, sin que el administrador pueda alegar que no hubo dolo o culpa grave:

La irregularidad contable merece especial atención: lo que en tiempos de bonanza parece un descuido menor (una contabilidad incompleta, desactualizada o que no refleja la situación patrimonial) se convierte en sede concursal en un argumento contundente para declarar el concurso culpable.

Presunciones que admiten prueba en contrario (art. 444 TRLC)

En estos casos el administrador puede acreditar que, pese a concurrir el supuesto, no hubo dolo ni culpa grave, pero la carga de la prueba recae sobre él:

• Incumplimiento del deber de solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se conoció o debió conocerse la insolvencia (art. 444.1.º TRLC).
• Incumplimiento del deber de colaboración con el juez del concurso o la administración concursal, o no facilitarles la información necesaria o conveniente (art. 444.2.º TRLC).
• Falta de formulación de las cuentas anuales, de su auditoría cuando fuera obligatoria o de su depósito en el Registro Mercantil en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración (art. 444.3.º TRLC).

La más relevante estratégicamente es el retraso en solicitar el concurso, porque es la que el administrador puede prevenir con mayor facilidad.

Consecuencias de la calificación culpable

Los artículos 455 y 456 TRLC prevén, entre otras, tres consecuencias principales para las personas afectadas por la calificación.

Inhabilitación

La sentencia puede imponer la inhabilitación para administrar bienes ajenos y para representar o administrar a cualquier persona durante un período de dos a quince años, que el juez fija atendiendo a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio causado a la masa activa (art. 455.2.2.º TRLC). Durante ese tiempo, el afectado no podrá ser administrador de ninguna sociedad.

Pérdida de derechos, devolución e indemnización

Si la persona afectada era además acreedora de la sociedad (situación habitual cuando el administrador ha prestado dinero a la empresa o tiene salarios pendientes), pierde cualquier derecho que tuviera como acreedora concursal o de la masa (art. 455.2.3.º TRLC). La sentencia condenará también a devolver los bienes o derechos obtenidos indebidamente del patrimonio del deudor y, en su caso, a indemnizar los daños y perjuicios causados (art. 455.2 TRLC).

Condena a la cobertura del déficit

Es la consecuencia más temida. Cuando la sección de calificación se ha formado o reabierto como consecuencia de la apertura de la liquidación, el juez puede condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, o a los directores generales declarados personas afectadas a cubrir, total o parcialmente, el déficit, en la medida en que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia (art. 456.1 TRLC). El déficit es la diferencia entre el valor de la masa activa según el inventario y la suma de los créditos reconocidos en la lista de acreedores (art. 456.2 TRLC), por lo que la condena puede ser muy elevada: el administrador de una sociedad de responsabilidad limitada pasa a responder con todos sus bienes presentes y futuros. Si hay varios condenados, la sentencia debe individualizar «la cantidad a satisfacer por cada uno de ellos, de acuerdo con la participación en los hechos que hubieran determinado la calificación del concurso» (art. 456.3 TRLC), y la condena puede ser «con o sin solidaridad» (art. 456.1 TRLC).

Cómo se cuantifica: la STS 132/2026

Sentencias públicas de otros procedimientos, seleccionadas como referencia; no son asuntos de este despacho. El resultado de cada caso depende de sus circunstancias.

La sentencia del Tribunal Supremo 132/2026, de 3 de febrero (ROJ STS 336/2026, ECLI:ES:TS:2026:336, rec. 2416/2022, ponente Ignacio Sancho Gargallo), resolvió el concurso de Fergo Aisa, S.A. Los tribunales fijaron el 1 de enero de 2010 como fecha en que los administradores debieron pedir el concurso, porque ya existía insolvencia actual; nunca lo pidieron, y fueron dos acreedores quienes instaron el concurso necesario el 22 de enero de 2013, declarado por auto de 9 de julio de 2013. En ese periodo, los consejeros entraron y salieron del consejo en momentos distintos.

La administración concursal pidió condenar al presidente y a otros dos consejeros a cubrir hasta 133.596.952,64 euros. El Juzgado de lo Mercantil n.º 5 de Barcelona (sentencia de 29 de noviembre de 2019) calificó el concurso como culpable, cifró el agravamiento de la insolvencia causado por el retraso en 8.072.788,06 euros y condenó solidariamente a los consejeros con límites según su permanencia en el cargo. La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª, sentencia de 2 de diciembre de 2021) elevó el agravamiento a 15.844.595,92 euros y apreció además irregularidades contables graves, aunque mantuvo que la condena al déficit solo respondía al retraso. El Supremo desestimó los recursos de casación de los consejeros (e inadmitió el de uno de ellos) y fijó tres reglas:

1. La cobertura no equivale al déficit total, sino al agravamiento de la insolvencia causado por la conducta culpable concreta; si la causa es el retraso, se atiende al agravamiento producido desde la fecha en que debió pedirse el concurso hasta su declaración.
2. La condena se individualiza, y es admisible hacerlo según el periodo en que cada administrador ocupó el cargo. No porque unos sean más culpables que otros, sino porque es razonable que su incidencia en el agravamiento varíe con el tiempo de permanencia; cabe un cálculo estimativo si es razonable y no hay otro más preciso.
3. Solidaridad y proporcionalidad son compatibles. En palabras de la Sala: «Cabe perfectamente que se declare la solidaridad hasta unos determinados porcentajes. De hecho, el texto refundido de 2020, al regular la responsabilidad por el déficit concursal en el art. 456, especifica que la condena a la cobertura del déficit puede ser con o sin solidaridad». Cuando la conducta es no instar el concurso, responden conjuntamente quienes formaban el órgano colegiado en cada momento, porque a ese órgano correspondía acordar la solicitud.

La misma lógica causal se aplica a las demás causas de culpabilidad: la cobertura del déficit se mide por el impacto de cada conducta en la insolvencia.

El deber de solicitar el concurso en plazo

El artículo 5 TRLC obliga al deudor (y, en las personas jurídicas, a sus administradores) a solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. Es un plazo breve y fácil de dejar pasar por la esperanza de remontar, la búsqueda de financiación, la negociación con acreedores o el desconocimiento de la obligación. Sus consecuencias son graves:

• Se activa la presunción de culpabilidad del art. 444.1.º TRLC, que obliga al administrador a demostrar que no hubo dolo ni culpa grave.
• Se abre la puerta a la condena a la cobertura del déficit, que se mide por el agravamiento de la insolvencia (STS 132/2026): cada día de demora puede incrementarlo y, con él, la condena personal del administrador.
• Si el concurso lo pide un acreedor (concurso necesario), como regla general la sociedad pierde las facultades de administración y disposición, que pasan a la administración concursal (art. 106.2 TRLC). Las diferencias entre ambas modalidades se explican en la guía sobre qué es un concurso de acreedores.

Retrasar la solicitud no protege al administrador; lo expone. La comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores (arts. 585 y siguientes TRLC), el antiguo preconcurso, permite ganar tres meses, prorrogables hasta otros tres con el apoyo de acreedores que representen más de la mitad del pasivo afectado (art. 607 TRLC); durante ese periodo no se admiten a trámite solicitudes de concurso necesario (art. 610 TRLC) ni pueden iniciarse ejecuciones sobre bienes necesarios para la actividad (art. 600 TRLC). Las microempresas tienen su propio régimen, sin posibilidad de prórroga (art. 690 TRLC). Su funcionamiento se desarrolla en la guía del preconcurso de acreedores.

Responsabilidad concursal, acción social, acción individual y art. 367 LSC

La responsabilidad concursal no es la única vía por la que el administrador puede responder personalmente. Conviene distinguirla de las acciones de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), que se explican con más detalle en la guía sobre la responsabilidad del administrador de una sociedad limitada:

• Acción social (art. 238 LSC): la ejerce la sociedad, previo acuerdo de la junta (o, subsidiariamente, socios o acreedores, arts. 239 y 240 LSC), por daños al patrimonio social. Declarado el concurso, corresponde en exclusiva a la administración concursal (art. 132 TRLC).
• Acción individual (art. 241 LSC): la ejerce un socio o un tercero, incluidos los acreedores, por un daño directo a su patrimonio. Si se ejercita mediante demanda civil, antes debe intentarse un medio adecuado de solución de controversias (art. 5 de la Ley Orgánica 1/2025).
• Responsabilidad concursal (arts. 455 y 456 TRLC): se decide exclusivamente en la sección de calificación.

A ellas se suma el artículo 367 LSC, en la redacción de la Ley 16/2022: los administradores responden solidariamente de las obligaciones sociales posteriores a una causa legal de disolución si no convocan la junta en dos meses para acordar la disolución o remover la causa, o si no solicitan la disolución judicial en los dos meses siguientes cuando la junta no se constituye o se opone. No responden si, en ese plazo, comunican al juzgado negociaciones para un plan de reestructuración o solicitan el concurso (art. 367.3 LSC). Es una responsabilidad casi automática: basta la causa de disolución (por ejemplo, pérdidas que dejen el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, siempre que no proceda solicitar el concurso, art. 363.1.e LSC) y la falta de reacción en plazo. Sus efectos al cerrar una sociedad se tratan en la guía para cerrar una empresa con deudas.

Estas vías pueden concurrir, con límites: mientras dura el concurso, la acción social corresponde a la administración concursal y las reclamaciones del art. 367 LSC no se admiten a trámite o quedan en suspenso (arts. 136.1.2.º y 139 TRLC), pero la acción individual por daño directo sigue abierta. Todo el sistema descansa en el artículo 236 LSC (los administradores responden del daño causado por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos, o realizados incumpliendo los deberes del cargo, con dolo o culpa, que se presume si el acto es contrario a la ley o a los estatutos) y en el estándar de diligencia de un ordenado empresario (art. 225 LSC), que se intensifica cuando la empresa entra en zona de insolvencia.

Quién puede ser persona afectada: el representante del administrador persona jurídica

Cuando una sociedad es administradora de otra, debe designar a una persona física para ejercer permanentemente las funciones del cargo (art. 212 bis LSC). La sentencia del Tribunal Supremo 114/2026, de 30 de enero de 2026 (ROJ STS 282/2026, ECLI:ES:TS:2026:282, rec. 7988/2023, ponente Pedro José Vela Torres), resolvió si ese representante puede ser persona afectada por la calificación aunque el art. 455.2.1.º TRLC no lo mencione.

La concursada, Las Islas de Terrazas de la Torre SLU, tenía como administradora a Polaris World Development SL, representada por una persona física. El Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Murcia calificó el concurso como culpable por incumplimiento del deber de llevar la contabilidad (art. 443.5.º TRLC) y por las presunciones de retraso en solicitar el concurso (art. 444.1.º TRLC) y de la que la sentencia del Supremo identifica como «simulación patrimonial ficticia», con cita del art. 444.3 TRLC (en el texto vigente, la simulación es el supuesto especial del art. 443.3.º, y el art. 444.3.º se refiere a las cuentas anuales). Impuso al representante dos años de inhabilitación y, a ambos, la pérdida de sus derechos como acreedores y la cobertura del déficit: 525.918 euros el representante y 985.926 euros Polaris. La Audiencia Provincial de Murcia (Sección 4.ª, sentencia de 23 de marzo de 2023) lo confirmó.

El Supremo entendió que los arts. 212 bis y 236.5 LSC y 455.2.1.º TRLC forman un bloque normativo unitario de protección de terceros, y que la ficción de la personalidad jurídica no puede ignorar que la persona jurídica actúa por medio de una persona física. Recordó su sentencia 104/2018, de 1 de marzo: «Por definición, las personas físicas representantes de personas jurídicas administradoras de unas sociedades no pueden ser calificadas de administradores de hecho, pues precisamente desarrollan las funciones de su cargo con arreglo a una representación expresamente prevista en la ley». Descartada esa condición, el representante se equipara a la persona jurídica administradora por la regla de solidaridad del art. 236.5 LSC, y ambos pueden ser personas afectadas. Pero los efectos no se trasladan en bloque:

• La inhabilitación (art. 455.2.2.º TRLC) solo puede recaer sobre el representante persona física, que es quien actuó.
• La cobertura del déficit (art. 456 TRLC) alcanza solidariamente a la persona jurídica administradora y a su representante.
• La pérdida de derechos como acreedor (art. 455.2.3.º TRLC) no se extiende al representante, porque «dicha pérdida ni se deriva de lo previsto en el art. 236.5 LSC, ni tiene relación con la intervención que, como representante de la persona jurídica administradora, determinó la calificación de culpabilidad»; es una medida sancionadora para la persona jurídica, sin finalidad resarcitoria para la masa. Fue el único pronunciamiento que se dejó sin efecto, sin imposición de costas de apelación ni de casación.

La sentencia no examina la condena a indemnizar daños y perjuicios (art. 455.2.5.º TRLC). Su consecuencia práctica es clara: interponer una sociedad administradora no sirve de escudo frente a la responsabilidad concursal personal.

Concursos reabiertos: la calificación puede llegar después (STS 987/2026)

La sentencia del Tribunal Supremo 987/2026, de 23 de junio (ROJ STS 2810/2026, ECLI:ES:TS:2026:2810, Sala de lo Civil, Sección 1.ª, recursos extraordinario por infracción procesal y de casación n.º 6759/2021, ponente Ignacio Sancho Gargallo), confirmó que un concurso concluido sin calificación puede calificarse como culpable si se reabre.

La sociedad fue declarada en concurso necesario en enero de 2015 y, tras un informe de la administración concursal que no veía acciones viables, el concurso se concluyó en abril de 2015 por insuficiencia de masa activa, sin sección de calificación ni convenio. Un año después, la comunidad de propietarios del edificio pidió la reapertura por la aparición de nuevos activos, que se acordó en noviembre de 2016 (art. 179.2 de la Ley Concursal de 2003, aplicable por razón del tiempo). Se abrió entonces la sección de calificación, y el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Barcelona declaró el concurso culpable, inhabilitó al administrador único durante cuatro años y le condenó, junto con dos cómplices, al pago de diversas cantidades. La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª) corrigió de oficio el título de la condena: no era responsabilidad por déficit, sino responsabilidad concursal por daños.

El Supremo rechazó los dos argumentos de los recurrentes, con costas. Primero, no había cosa juzgada, aunque la administración concursal hubiera afirmado en su informe previo a la conclusión que el concurso se había calificado como fortuito, porque la sección de calificación ni siquiera llegó a abrirse: «En realidad lo relevante es si ya se ha abierto y resuelto antes sobre la calificación […], pues solo en ese caso, la previa resolución impide que se vuelva a juzgar sobre la calificación». Esa resolución previa puede ser el auto que califica el concurso como fortuito o la sentencia del incidente de calificación. Segundo, pueden juzgarse conductas anteriores a la conclusión e incluso a la declaración de concurso, a diferencia de la reapertura tras el incumplimiento de un convenio, en la que la jurisprudencia limitaba el enjuiciamiento a ese incumplimiento (doctrina que los recurrentes invocaban con cita de la sentencia del Pleno 246/2016, de 13 de abril). Solo queda fuera, si no hubo convenio, la causa del art. 164.2.3.º LC.

En el régimen vigente, el art. 505 TRLC permite reabrir el concurso de persona jurídica concluido por liquidación o insuficiencia de masa cuando aparezcan nuevos bienes; cualquier acreedor insatisfecho puede pedirlo en el año siguiente a la conclusión, expresando las acciones de reintegración o los hechos que podrían conducir a la calificación culpable. Además, tras la Ley 16/2022, en el concurso sin masa los acreedores que representen al menos el 5 % del pasivo pueden pedir el nombramiento de un administrador concursal que informe, entre otros extremos, sobre si hay indicios de concurso culpable (arts. 37 bis y 37 ter TRLC).

Sentencia penal de conformidad y concurso culpable

La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª), en su sentencia de 17 de julio de 2026 (ROJ SAP M 10223/2026, ECLI:ES:APM:2026:10223, ponente Francisco de Borja Villena Cortés), confirmó la calificación culpable del concurso necesario de Tecnología de la Construcción SA (TECONSA), declarado en septiembre de 2009. En los dos años previos, la sociedad había vendido paquetes accionariales por debajo del precio de mercado con intermediación de sociedades vinculadas al grupo familiar, o cobrados aparentemente de terceros con dinero salido de sus propias cuentas, y había transferido fondos a sociedades del grupo sin contraprestación. Se sumaban el retraso en solicitar el concurso, pese a conocer desde marzo de 2009 la grave falta de liquidez, y la falta de depósito de las cuentas de 2008. El juzgado impuso nueve años de inhabilitación, pérdida de derechos y cobertura del déficit.

Parte de los hechos, en particular la salida fraudulenta de bienes (art. 443.2.º TRLC), coincidía con los declarados probados en una sentencia penal firme de la Audiencia Provincial de La Coruña dictada por conformidad (arts. 655 y 787 ter LECrim). Los recurrentes sostuvieron que esa sentencia no fijaba «verdaderos» hechos probados. La Audiencia de Madrid lo rechazó:

«Se trata de hechos probados recogidos en sentencia firme dictada en vía penal. La circunstancia de que resulten de una conformidad no altera ni resta valor a la proclamación de esos hechos como acreditados, ya que la institución de la conformidad en vía penal abarca por la parte acusada tanto el reconocimiento expreso de los hechos objeto de acusación como la admisión de la pena acordada con las partes acusadoras (arts. 655 y 787 ter LECrim). Con ello, la eficacia de los hechos probados en vía penal respecto de otros procedimientos distintos, particularmente en la jurisdicción civil, no queda afectada por que la sentencia penal fuera dictada en conformidad. El efecto prejudicial positivo de los hechos ahí fijados opera de la misma manera que para el dictado de una sentencia penal condenatoria sin conformidad.»

La sentencia deja otras dos enseñanzas. La brevedad del mandato no exime: un administrador único nombrado en agosto de 2009, mes y medio antes de la declaración, respondió de un pago de 10.556 euros hecho sin causa el día anterior a la declaración de concurso, aunque no tuviera firma autorizada en los bancos. Y la falta de depósito de cuentas (art. 444.3.º TRLC) pesa también sobre el administrador que hereda la omisión de su predecesor, porque el deber de subsanarla recae sobre quien ocupa el cargo.

Qué hacer cuando la empresa tiene problemas

1. Lleve la contabilidad al día y con rigor, y formule y deposite las cuentas anuales en plazo. Las irregularidades contables son la vía más directa hacia la calificación culpable.
2. Vigile el patrimonio neto. Si cae por debajo de la mitad del capital social (causa de disolución del art. 363 LSC), tiene dos meses para convocar la junta (art. 365 LSC) o, si la sociedad es insolvente, para solicitar el concurso o comunicar negociaciones.
3. No ignore la insolvencia. Si la empresa no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles, empieza a correr el plazo de dos meses del art. 5 TRLC. No espere a que un acreedor pida el concurso necesario.
4. Documente las decisiones: actas, informes financieros y comunicaciones con asesores serán la mejor prueba de que actuó con la diligencia de un ordenado empresario.
5. Valore a tiempo las alternativas, desde la comunicación de negociaciones hasta la solicitud ordenada de concurso voluntario, pasando por reestructuraciones o refinanciaciones. La página de abogado de concurso de acreedores en Madrid explica cómo se aborda ese análisis, y el test de situación concursal ofrece una primera orientación.
6. No haga pagos selectivos ni saque activos de la sociedad. Pagar a unos acreedores antes que a otros o reducir el patrimonio en situación de insolvencia puede activar las causas de culpabilidad y, en casos graves, dar lugar a responsabilidad penal por alzamiento de bienes.
7. Si va a ser representante de un administrador persona jurídica, evalúe antes la situación financiera de la sociedad administrada y cumpla durante el cargo los deberes de contabilidad y de solicitud de concurso.
8. Antes de aceptar una conformidad penal, tenga en cuenta que los hechos reconocidos quedarán fijados y no podrán negarse después ante el juez del concurso.

Valoración del despacho

En la defensa de administradores, la calificación se gana o se pierde mucho antes de que se forme la sección sexta. Lo decisivo suele ser la documentación: cuentas formuladas y depositadas, actas que reflejen cuándo se detectaron las pérdidas y qué se decidió, con el análisis de solvencia y las razones para pedir o no el concurso o comunicar negociaciones, y la fecha en que la sociedad dejó de poder cumplir regularmente sus obligaciones, porque de ella depende el cómputo de los dos meses del art. 5 TRLC. El consejero que se incorpora o dimite debe documentar la situación patrimonial en ese momento, ya que su responsabilidad puede vincularse al periodo en que ejerció el cargo. Solicitar el concurso a tiempo, con una explicación clara de las causas de la insolvencia, sigue siendo la medida preventiva más eficaz; y conviene revisar en paralelo la exposición por el art. 367 LSC, que funciona con independencia de la calificación.

Cuando el riesgo ya existe, el objetivo realista no siempre es evitar la calificación culpable, sino acotar sus efectos: discutir qué conductas se imputan a cada administrador y, sobre todo, si generaron o agravaron la insolvencia, que es el presupuesto de la condena al déficit y de su individualización (art. 456 TRLC). La cuantificación del agravamiento puede concentrar la diferencia económica relevante: en la STS 132/2026 se pidieron más de 133 millones y la condena quedó limitada a unos 15,8 millones. Para el representante de un administrador persona jurídica, la discusión útil ya no es si puede ser persona afectada, sino el alcance de cada condena. La doctrina se aplica a la persona física designada conforme al art. 212 bis LSC por las conductas realizadas en ese ejercicio, y no convierte automáticamente en afectado a cualquier empleado o apoderado, cuya implicación exigiría acreditar otra condición (administrador de hecho, director general o cómplice). Su defensa necesita la certificación registral del nombramiento y del cese, las actas, la documentación contable y fiscal de los tres últimos ejercicios y la prueba de cuándo se conoció la insolvencia. Son errores frecuentes pensar que dejar el cargo evita la calificación, cuando el art. 455.2.1.º TRLC alcanza a quienes fueron administradores en los dos años anteriores, criterio que previsiblemente se proyectará sobre el representante, y no recurrir la pérdida de derechos como acreedor si el representante tiene créditos propios. Para la administración concursal, lo prudente es pedir expresamente la extensión al representante y justificar la relación causal de sus conductas con el déficit. Y antes de prestar conformidad en un proceso penal deben valorarse con extremo cuidado sus implicaciones concursales.

Los concursos concluidos por insuficiencia de masa sin calificación tampoco son un punto final. Para el acreedor, el plazo es la primera cuestión: un año desde la conclusión para pedir la reapertura (art. 505.2 TRLC), con nuevos bienes (art. 505.1) y concretando las acciones o los hechos que podrían llevar a la calificación culpable, por lo que conviene reunir antes registros, cuentas depositadas y operaciones con personas vinculadas. Para el administrador, la conclusión no es un certificado de fortuidad: si no hubo auto ni sentencia sobre la calificación, la exposición persiste durante ese plazo, y lo prudente es conservar la documentación contable y la que justifique las operaciones de los años previos. La STS 987/2026 aplicó la Ley Concursal de 2003, y su proyección sobre el régimen actual, incluido el concurso sin masa, exige un análisis específico de cada caso.