Cuando una empresa se aproxima al concurso de acreedores, los pagos que realiza en los meses previos pueden quedar bajo el escrutinio de la administración concursal. La acción de rescisión concursal permite impugnar actos realizados dentro del llamado período sospechoso si supusieron un perjuicio para la masa activa. Pero ¿qué ocurre cuando esos pagos se destinaron a saldar deudas legítimamente vencidas?
La reciente STS 1416/2026, de 11 de septiembre (ROJ: STS 3689/2026, ECLI:ES:TS:2026:3689, recurso de casación núm. 4249/2024, ponente: Ignacio Sancho Gargallo), aborda esta cuestión con claridad. El Tribunal Supremo confirma que la rescisión concursal de pagos de deudas vencidas y exigibles no procede cuando las circunstancias del caso no revelan un sacrificio patrimonial injustificado, aunque los pagos se realizaran con cargo a un préstamo ICO COVID-19.
Los hechos: pagos bancarios con cargo al préstamo ICO
El 24 de abril de 2020, Liberbank (hoy Unicaja Banco) concedió a la sociedad Almacenes Celso Míguez, S.A. un préstamo de 348.000 euros, avalado por el Estado en el 80 % de su cuantía a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), en el marco de las líneas de financiación COVID-19 del art. 29 del Real Decreto-ley 8/2020. Entre el 28 de abril y el 30 de junio de 2020, la empresa destinó 282.465,19 euros de ese préstamo a cancelar diversas posiciones deudoras con el propio banco: 90.000 euros para cancelar una póliza de crédito que todavía no había vencido y 192.465,19 euros, en varios pagos, para atender deudas ya vencidas derivadas de un contrato de confirming (vencimientos e intereses) y de una póliza de financiación de comercio exterior (comex).
Algo más de seis meses después, la sociedad fue declarada en concurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Pontevedra. La administración concursal ejercitó la acción rescisoria concursal contra esos pagos, al considerar que se habían realizado en perjuicio de la masa activa, alterando la par condicio creditorum, ya que cuando se efectuaron la deudora ya se encontraba en situación de insolvencia y algunos de los créditos todavía no habían vencido.
La rescisión concursal de pagos debidos: marco normativo
El artículo 226.1 del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) declara rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la solicitud de declaración de concurso, así como los realizados desde esa fecha hasta la declaración, aunque no hubiera existido intención fraudulenta. El concepto clave es el perjuicio para la masa activa. La ley lo presume sin admitir prueba en contrario en ciertos casos (art. 227 TRLC: actos a título gratuito y pagos de obligaciones cuyo vencimiento fuera posterior a la declaración de concurso, salvo que contasen con garantía real) y lo presume admitiendo prueba en contrario en otros (art. 228 TRLC). Fuera de esos supuestos —y el pago de obligaciones ya vencidas no está entre ellos—, el perjuicio debe probarlo quien ejercita la acción (art. 229 TRLC).
La cuestión jurídica central era determinar si el uso de un préstamo ICO para cancelar deudas preexistentes con el propio banco prestamista constituía un perjuicio rescindible, o si, por el contrario, formaba parte de la operativa comercial ordinaria de la empresa.
El TS descarta el perjuicio: la rescisión concursal no procede
El Juzgado de lo Mercantil estimó la demanda en sentencia de 11 de julio de 2023, al entender que en un caso se habían pagado créditos todavía no vencidos y que los demás pagos, hechos en estado de insolvencia y con cargo a un préstamo ICO solicitado con una finalidad distinta, alteraban la par condicio creditorum. Acordó la rescisión de todos los pagos, condenando al banco a restituir 282.465,19 euros a la masa, más intereses, con reconocimiento a su favor de un crédito subordinado por el mismo importe. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 1.ª), en sentencia de 8 de marzo de 2024, revocó la sentencia y desestimó la demanda, al considerar que las operaciones debían valorarse en su conjunto y no de forma aislada.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación de la administración concursal, con imposición de las costas y pérdida del depósito, y confirma así la decisión de la Audiencia. Para ello aplica sustancialmente la misma argumentación de su sentencia núm. 1065/2026, de 1 de julio, que resolvió un recurso muy similar en el mismo concurso. En primer lugar, recuerda que, según su jurisprudencia:
«[…] el pago de una deuda debida, vencida y exigible, por regla general goza de justificación y no constituye un perjuicio para la masa activa».
Y, con cita de la sentencia 629/2012, de 26 de octubre, añade que «ello no excluye que en alguna ocasión puedan concurrir circunstancias excepcionales (como es la situación de insolvencia al momento de hacerse efectivo el pago y la proximidad con la solicitud y declaración de concurso, así como la naturaleza del crédito y la condición de su acreedor), que pueden privar de justificación a algunos pagos en la medida que suponen una vulneración de la par condicio creditorum».
Pero el Tribunal matiza un aspecto fundamental: la concurrencia de alguna de esas circunstancias no determina por sí sola la injustificación del pago, pues entonces ningún pago sería admisible cuando el deudor ya estuviera en estado de insolvencia. Es la combinación de esas circunstancias lo que permite apreciar el perjuicio en un caso concreto. En este supuesto, el TS razona:
«[…] los pagos se realizan con una antelación de seis meses a la apertura del concurso y vienen provocados por la operativa comercial de la compañía, que aseguraba el pago de sus obligaciones ordinarias mediante una póliza de confirming y otra de financiación de operaciones de comercio exterior. La naturaleza de las obligaciones satisfechas y el lapso de tiempo transcurrido entre los pagos y la declaración de concurso no permiten apreciar un perjuicio para la masa activa.»
Además, el Tribunal analiza el funcionamiento del contrato de confirming: cuando el banco paga a los proveedores al vencimiento, se produce un simple mandato de pago, y el posterior reembolso del cliente al banco es lo que se denomina «cancelación» del confirming, que puede hacerse con cargo a un crédito concedido por el propio banco; si el banco paga antes del vencimiento, es él quien se subroga en la posición del proveedor, y el crédito solo es exigible al cliente cuando vence. En ambos escenarios, el cliente paga al vencimiento y no antes, por lo que los pagos impugnados eran pagos de créditos debidos. La Sala añade que, si lo que se cargó en la póliza fueron deudas todavía no vencidas, el juicio sobre el perjuicio debía hacerse respecto de la póliza —que es lo que debió impugnarse— y no respecto de los pagos del confirming, y que formaba parte de la operativa ordinaria del confirming pactado que algunas obligaciones pudieran satisfacerse anticipadamente.
Doctrina sobre rescisión concursal de pagos vencidos
La STS 1416/2026 reitera la doctrina contenida en las sentencias 629/2012, de 26 de octubre; 487/2013, de 10 de julio; y 170/2021, de 25 de marzo, sobre rescisión concursal de pagos debidos, que puede sintetizarse en estas reglas:
Regla general: el pago de una deuda vencida y exigible está justificado y no es perjudicial para la masa. Quien paga lo que debe cumple una obligación legal.
Excepción: circunstancias excepcionales pueden privar de justificación al pago. Los factores relevantes son la insolvencia al momento del pago, la proximidad temporal con el concurso, la naturaleza del crédito y la condición del acreedor.
Criterio combinado: ninguno de estos factores opera de forma aislada. Es su combinación la que permite concluir que un pago concreto fue perjudicial. De lo contrario, ningún pago sería admisible una vez declarada la insolvencia.
Identificar el acto impugnado: es necesario precisar qué acto concreto se pretende rescindir y en qué consistiría en cada caso el perjuicio. La Sala subraya que en este pleito no se impugnó la refinanciación concertada con el banco, sino los créditos satisfechos tras ella, lo que resulta relevante porque la doctrina sobre refinanciaciones invocada en el recurso se refiere al sacrificio patrimonial que supone la concesión o ampliación de garantías. El precedente directo es la sentencia núm. 1065/2026, de 1 de julio, dictada en el mismo concurso frente a pagos muy similares. A diferencia de lo que ocurre en la condena a la cobertura del déficit concursal, donde la responsabilidad se vincula a la conducta culpable del administrador, en la rescisión concursal el criterio determinante es el perjuicio patrimonial objetivo, sin necesidad de intención fraudulenta.
Implicaciones prácticas para empresas y acreedores
Esta sentencia tiene consecuencias directas para la gestión financiera de empresas en dificultades y para las entidades de crédito:
Para las empresas: los pagos ordinarios de deudas vencidas realizados en el curso normal de la actividad empresarial no serán automáticamente rescindidos, aunque se efectúen en un contexto de insolvencia. El factor temporal (más de seis meses de distancia con el concurso) y la naturaleza comercial de las operaciones jugaron aquí a favor de su mantenimiento, aunque cada caso depende de la combinación de circunstancias. No obstante, destinar fondos de financiación finalista (como los préstamos ICO) a cancelar posiciones con el propio banco prestamista puede generar controversia si se concentran los pagos.
Para los bancos: el contrato de confirming y los mecanismos de financiación del circulante reciben un tratamiento favorable cuando los pagos se ajustan a la mecánica propia del instrumento. El reembolso al vencimiento no se trata como un pago anticipado.
Para los administradores concursales: antes de ejercitar la acción rescisoria contra pagos de deudas vencidas, deben acreditar la combinación de circunstancias excepcionales, porque en estos casos la carga de probar el perjuicio les corresponde (art. 229 TRLC). La mera proximidad temporal o la insolvencia, por sí solas, no bastan.
Si su empresa se enfrenta a una situación de dificultad financiera, puede realizar una evaluación preliminar para valorar las opciones disponibles antes de que la situación se agrave.
Valoración del despacho
La sentencia es útil sobre todo para ordenar el análisis. La doctrina protege el pago de deudas ya vencidas, realizado dentro de la operativa ordinaria de la empresa y con cierta distancia temporal respecto del concurso. No ampara, en cambio, los pagos de obligaciones cuyo vencimiento fuera posterior a la declaración de concurso, cuyo perjuicio se presume sin admitir prueba en contrario salvo que cuenten con garantía real (art. 227 TRLC), ni exime de revisar con especial cuidado los actos a título oneroso a favor de personas especialmente relacionadas con el deudor, donde el perjuicio se presume salvo prueba en contrario (art. 228 TRLC). Tampoco impide la rescisión cuando concurren a la vez la insolvencia, una gran proximidad al concurso y una naturaleza del crédito o una condición del acreedor que privan de justificación al pago.
Quien ejercite la acción debe identificar con precisión el acto impugnado: si el problema está en la refinanciación, en las garantías o en la póliza que cargó deudas no vencidas, es ese acto el que hay que atacar, no los pagos posteriores. Conviene reconstruir una cronología documentada (fecha de insolvencia, fechas de vencimiento de cada deuda, fecha de cada pago y de la solicitud de concurso) y acreditar la condición del acreedor. Para el acreedor demandado, la defensa pasa por aportar los contratos de confirming, comex o crédito, los extractos y las fechas de vencimiento, y demostrar que los pagos siguieron la mecánica ordinaria del instrumento; recuérdese además que los actos ordinarios de la actividad empresarial realizados en condiciones normales no son rescindibles (art. 230.1.º TRLC).
En cuanto a plazos, el período sospechoso abarca los dos años anteriores a la solicitud de concurso (art. 226.1 TRLC). Si la administración concursal no actúa, los acreedores pueden requerirla por escrito y quedan legitimados si no ejercita la acción en los dos meses siguientes (art. 232 TRLC). Un error frecuente es impugnar en bloque pagos vencidos y anticipados sin distinguir el régimen de cada uno.
Conclusión
La STS 1416/2026 refuerza la seguridad jurídica en las operaciones de financiación empresarial: la rescisión concursal no es una herramienta para revisar cualquier pago efectuado antes del concurso, sino que exige acreditar un perjuicio real y concreto para la masa activa. Los pagos de deudas vencidas, realizados dentro de la operativa ordinaria y con una distancia temporal razonable respecto al concurso, están en principio protegidos.
Para empresas, administradores y entidades financieras, la doctrina del Tribunal Supremo ofrece un marco claro: el cumplimiento de obligaciones legítimas no equivale a un acto rescindible, salvo que concurra una combinación de circunstancias excepcionales que prive de justificación al pago por vulnerar la par condicio creditorum.
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Sentencia citada: STS 1416/2026, de 11 de septiembre (ECLI:ES:TS:2026:3689, ROJ: STS 3689/2026). Ponente: Ignacio Sancho Gargallo. Recurso de casación núm. 4249/2024.
Actualizado el 29/09/2026: citas revisadas con el texto de la sentencia y valoración del despacho ampliada.
