El transportista responde de la pérdida total o parcial, la avería y el retraso en la entrega de las mercancías desde que las recibe hasta que las entrega. Este régimen de responsabilidad presunta, de carácter cuasi-objetivo, se aplica tanto en transporte nacional (Ley 15/2009, del contrato de transporte terrestre de mercancías, LCTTM) como internacional (Convenio CMR). Solo se exonera si prueba que el daño se debió a culpa del cargador o del destinatario, a una instrucción de estos no motivada por su propia negligencia, a vicio propio de la mercancía o a circunstancias que no pudo evitar y cuyas consecuencias no pudo impedir. Este artículo analiza el régimen de responsabilidad, los límites indemnizatorios y las estrategias de defensa del transportista.
Transporte nacional: Ley 15/2009 (LCTTM)
La LCTTM regula el contrato de transporte terrestre de mercancías en España. El porteador responde de la pérdida total o parcial y de las averías desde la recepción de la mercancía hasta su entrega, así como de los daños derivados del retraso (art. 47.1), y responde también de los actos de sus auxiliares, dependientes o independientes (art. 47.3). Se trata de un sistema de responsabilidad presunta: se le presume responsable del daño ocurrido entre la recepción y la entrega, salvo que pruebe una causa de exoneración.
Las causas de exoneración del artículo 48 LCTTM son: culpa del cargador o del destinatario, instrucciones de estos no motivadas por una acción negligente del porteador, vicio propio de la mercancía y circunstancias que el porteador no pudo evitar y cuyas consecuencias no pudo impedir. En ningún caso puede alegar como causa de exoneración los defectos de los vehículos empleados (art. 48.2). Además, el artículo 49 establece presunciones de exoneración: el porteador queda exonerado si prueba que, atendidas las circunstancias, la pérdida o avería pudo resultar verosímilmente de ciertos riesgos específicos, como el empleo pactado o acorde con la costumbre de vehículos abiertos y no entoldados, la ausencia o deficiencia del embalaje, la manipulación, carga, estiba o descarga realizadas por el cargador o el destinatario, la naturaleza de ciertas mercancías, la deficiente identificación de los bultos o el transporte de animales vivos. El reclamante puede, a su vez, probar que el daño no se debió a esos riesgos.
El límite de indemnización por pérdida o avería es de un tercio del IPREM/día por kilogramo de peso bruto de la mercancía perdida o averiada (art. 57.1 LCTTM). Por ejemplo, con un IPREM diario de 20 euros el límite sería de unos 6,67 euros por kilo; el importe exacto depende del IPREM vigente. Por retraso, la indemnización no puede exceder del precio del transporte (art. 57.2). El límite puede superarse si se pactó una declaración de valor o de interés especial en la entrega, y deja de aplicarse cuando el daño se debe a dolo o a una infracción consciente y voluntaria del deber jurídico asumido (art. 62 LCTTM).
Transporte internacional: Convenio CMR
El Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera (CMR, Ginebra, 1956) se aplica al transporte de mercancías por carretera a título oneroso cuando el lugar en que el transportista se hace cargo de la mercancía y el previsto para la entrega están situados en dos países distintos, de los que al menos uno sea parte del Convenio. España se adhirió en 1974.
El sistema de responsabilidad del CMR es similar al de la LCTTM: responsabilidad presunta del transportista con causas de exoneración tasadas (art. 17). El límite indemnizatorio es de 8,33 DEG (derechos especiales de giro) por kilogramo de peso bruto que falte (art. 23.3), cuyo contravalor en euros depende de la cotización del DEG en la fecha de la sentencia o en la que acuerden las partes (art. 23.7). Además, se reembolsan el precio del transporte, los derechos de aduana y los demás gastos del transporte (art. 23.4), y por retraso la indemnización no excede del precio del transporte (art. 23.5).
Un aspecto crítico del CMR es la carta de porte: si el transportista no anota en ella reservas motivadas sobre el estado aparente de la mercancía y su embalaje cuando se hace cargo de ella, se presume que estaban en buen estado aparente y que el número de bultos, sus marcas y números coincidían con los indicados (art. 9.2 CMR), lo que dificulta mucho alegar después que el daño era preexistente.
Prescripción de acciones
La LCTTM establece un plazo de prescripción de un año, que se amplía a dos años cuando la acción deriva de una actuación dolosa o de una infracción consciente y voluntaria del deber jurídico asumido (art. 79.1). El plazo se cuenta desde la entrega en caso de pérdida parcial, avería o retraso; en caso de pérdida total, desde los veinte días siguientes a la expiración del plazo de entrega convenido o, si no se pactó plazo, desde los treinta días siguientes a que el porteador se hizo cargo de la mercancía (art. 79.2). En el CMR el plazo es también de un año, o de tres en caso de dolo o falta equivalente; en caso de pérdida total, se cuenta desde treinta días después de expirar el plazo convenido o, a falta de plazo, desde sesenta días después de que el transportista se hizo cargo de la mercancía (art. 32 CMR). En ambos regímenes, la reclamación escrita al porteador paraliza el cómputo hasta que este la rechace por escrito y devuelva los documentos (art. 79.3 LCTTM y art. 32.2 CMR). Estos plazos son mucho más breves que el general de cinco años del Código Civil para las acciones personales, por lo que conviene actuar con rapidez para no perder la acción.
Reservas y reclamaciones
El destinatario debe formular reservas por escrito en el momento de la entrega si el daño es aparente. Si no lo es, las reservas deben formularse por escrito dentro de los siete días naturales siguientes a la entrega (art. 60.1 LCTTM) o de los siete días siguientes descontando domingos y festivos (art. 30.1 CMR). Si no se formulan reservas en plazo, se presume, salvo prueba en contrario, que la mercancía se entregó en el estado descrito en la carta de porte. En caso de retraso, solo hay indemnización si se dirigen reservas escritas al porteador en el plazo de veintiún días (art. 60.3 LCTTM y art. 30.3 CMR).
Valoración del despacho
En las reclamaciones por daños a la mercancía, el resultado depende en buena medida de la documentación generada en torno a la carga y a la entrega. Por eso recomendamos a transportistas y cargadores protocolos sencillos: anotar reservas concretas en la carta de porte cuando el embalaje o la estiba no sean adecuados, fotografiar la carga, y exigir que las reservas del destinatario consten por escrito. Para el transportista, el límite de un tercio del IPREM diario por kilo, o de 8,33 DEG en el CMR, es una protección relevante, pero se pierde si se prueba dolo o infracción consciente del deber asumido y puede quedar superado por una declaración de valor. Para el cargador, si la carga vale mucho más que el límite legal, conviene valorar un seguro de mercancías o una declaración de valor. Y hay que vigilar los plazos: siete días para reservas por daños no aparentes y un año para reclamar, salvo que se paralice la prescripción con una reclamación escrita. Si la cuantía no supera 15.000 euros, se presume el sometimiento a la Junta Arbitral del Transporte, salvo que alguna de las partes lo haya excluido expresamente antes de iniciarse el transporte (art. 38 LOTT).
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Actualizado el 29/09/2026: revisadas las sentencias citadas y la normativa aplicable.
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