Junta Arbitral de Transporte: guía completa para empresas

La Junta Arbitral del Transporte (JAT) es un mecanismo de resolución de conflictos rápido y gratuito (salvo los gastos de las pruebas) para las controversias mercantiles derivadas de los contratos de transporte terrestre. Para reclamaciones de hasta 15.000 euros, la ley presume que las partes se someten a su arbitraje salvo que una de ellas haya manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes de iniciarse el servicio. Conocer cómo funciona, qué plazos rigen y cuáles son sus limitaciones es útil tanto para reclamar como para defenderse de una reclamación. Esta guía lo explica paso a paso.

Qué es la Junta Arbitral del Transporte

Las Juntas Arbitrales del Transporte son órganos administrativos de resolución de conflictos en materia de transporte terrestre, creadas por la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT, artículos 37 y 38), y reguladas en el Reglamento aprobado por el Real Decreto 1211/1990 (ROTT, artículos 7 a 9). Su localización y ámbito territorial los determinan las comunidades autónomas (artículo 7.1 ROTT).

Su competencia arbitral abarca las controversias de carácter mercantil surgidas en relación con el cumplimiento de los contratos de transporte terrestre y de otros contratos de las empresas de transporte y de actividades auxiliares directamente relacionados con esos servicios (artículo 38.1 LOTT). En el transporte de mercancías, regulado por la Ley 15/2009 (LCTTM), esto incluye impagos de portes, reclamaciones por daños o pérdidas en la mercancía, retrasos en la entrega, paralizaciones y controversias sobre la interpretación y el cumplimiento del contrato. Las Juntas atienden además el depósito y, en su caso, la enajenación de mercancías en los supuestos previstos por la legislación del contrato de transporte (artículo 38.3 LOTT).

Presunción de sometimiento hasta 15.000 euros

Para controversias cuya cuantía no exceda de 15.000 euros, el artículo 38.1 LOTT presume que existe acuerdo de sometimiento al arbitraje de la Junta siempre que ninguna de las partes haya manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o debiera haberse iniciado el transporte o la actividad contratada. No se trata, por tanto, de un arbitraje obligatorio en sentido estricto, sino de una presunción legal que cede ante una manifestación expresa y oportuna en contra.

Para reclamaciones superiores a 15.000 euros no opera la presunción: el arbitraje de la Junta requiere que las partes lo acepten de común acuerdo, ya sea en el contrato o mediante acuerdo posterior.

Cuando la reclamación de portes o de daños no supera ese importe, la JAT es una vía especialmente adecuada. Si la parte reclamada no manifestó a tiempo su voluntad contraria al arbitraje, la presunción despliega sus efectos y la competencia de la Junta solo podrá discutirse acreditando esa manifestación previa.

Ventajas del procedimiento

Frente a la vía judicial, la JAT ofrece:

• Gratuidad. Los arbitrajes de las Juntas son gratuitos, sin perjuicio de que haya que pagar los gastos generados por la práctica de pruebas; las costas se rigen por la legislación general de arbitraje (artículo 9.9 ROTT). No es necesaria la asistencia de abogado ni de procurador (artículo 9.6 ROTT).
• Rapidez. La Junta dicta el laudo en el plazo previsto en la legislación general de arbitraje (artículo 9.4 ROTT): seis meses desde la contestación o desde que expira el plazo para presentarla, prorrogable por los árbitros hasta dos meses más mediante decisión motivada (artículo 37.2 de la Ley 60/2003, de Arbitraje).
• Ejecutividad. El laudo tiene los efectos previstos en la legislación de arbitraje. Transcurridos veinte días desde que se dicta, puede pedirse su ejecución forzosa (artículo 9.8 ROTT) ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado (artículo 8.4 de la Ley de Arbitraje).
• Especialización. La Junta la preside un licenciado en Derecho designado entre personal de la Administración, y forman parte de ella, al menos, un vocal representante de las empresas de transporte y otro de los cargadores o usuarios (artículo 8 ROTT).

Cómo presentar una reclamación

Salvo que las partes hayan pactado previamente y por escrito la sumisión a una Junta concreta, el demandante puede elegir entre la Junta del lugar de origen o de destino del transporte o la del domicilio de la empresa prestadora del servicio; si el demandante es consumidor, también la de su residencia habitual (artículo 7.2 ROTT). La reclamación se presenta por escrito firmado (artículo 9.2 ROTT) y debe incluir:

• Nombre y domicilio del reclamante y de la persona contra la que se reclama (en empresas, razón social y NIF).
• Exposición de los fundamentos de hecho y de derecho: servicio contratado, fecha, origen y destino, precio e incidencia.
• Petición clara y precisa: cantidad reclamada o indemnización solicitada.
• Propuesta de pruebas y documentación acreditativa: carta de porte, albarán de entrega, factura, justificante de impago, fotografías de daños, reservas formuladas y correspondencia entre las partes.

La forma de presentación (presencial, por correo o telemática) depende de lo que habilite cada comunidad autónoma.

Desarrollo del procedimiento

La secretaría de la Junta remite copia de la reclamación a la parte reclamada y, en ese mismo escrito, señala la fecha de la vista, que también se comunica al demandante (artículo 9.3 ROTT). La vista es oral: en ella las partes alegan lo que a su derecho convenga y aportan o proponen las pruebas pertinentes (artículo 9.4 ROTT). Solo cuando la cuantía no excede de 100 euros puede el presidente prescindir de la vista, en cuyo caso la parte reclamada dispone de diez días para formular alegaciones.

Si el reclamante no asiste a la vista, se le tiene por desistido, salvo que el demandado se oponga y la Junta le reconozca un interés legítimo en obtener una solución definitiva; la inasistencia de la parte reclamada no impide celebrar la vista ni dictar el laudo (artículo 9.5 ROTT). Si durante el procedimiento las partes alcanzan un acuerdo, puede recogerse en un laudo en los términos convenidos.

El laudo se acuerda por mayoría simple, con voto de calidad del presidente en caso de empate (artículo 9.7 ROTT), y debe ser motivado. Contra él solo cabe la acción de anulación (y la revisión) por las causas previstas en la legislación de arbitraje (artículo 9.8 ROTT). La anulación se solicita ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma donde se dictó el laudo (artículo 8.5 de la Ley de Arbitraje), dentro de los dos meses siguientes a su notificación y únicamente por los motivos tasados del artículo 41: inexistencia o invalidez del convenio arbitral, falta de notificación o indefensión, pronunciamiento sobre cuestiones no sometidas o no susceptibles de arbitraje, irregularidades en la designación de los árbitros o en el procedimiento, o contrariedad al orden público.

Plazos de prescripción y reservas

La acción ante la Junta prescribe en los mismos plazos que la acción judicial (artículo 9.1 ROTT). Conforme a la LCTTM:

• Plazo general de un año (dos años si hubo dolo o infracción consciente y voluntaria del deber asumido), según el artículo 79.1 LCTTM.
• Pérdida parcial, avería o retraso: el plazo se cuenta desde la entrega al destinatario (artículo 79.2.a).
• Pérdida total: desde los veinte días siguientes a la expiración del plazo de entrega convenido o, si no se pactó, desde los treinta días posteriores a que el porteador se hizo cargo de la mercancía (artículo 79.2.b).
• Impago de portes y demás casos: desde que transcurren tres meses desde la celebración del contrato o desde el día en que la acción pudiera ejercitarse, si fuera posterior (artículo 79.2.c).

La reclamación por escrito suspende la prescripción hasta que el reclamado la rechace por escrito y devuelva los documentos aportados (artículo 79.3). En cuanto a las reservas (artículo 60 LCTTM):

• Daños o pérdidas aparentes: reservas por escrito en el momento de la entrega.
• Daños o pérdidas no manifiestos: dentro de los siete días naturales siguientes a la entrega.
• Retraso: solo da lugar a indemnización si se dirigen reservas escritas al porteador en el plazo de veintiún días desde el siguiente a la entrega.

Si no se formulan reservas, se presume, salvo prueba en contrario, que la mercancía se entregó en el estado descrito en la carta de porte, lo que dificulta cualquier reclamación posterior.

Cuándo conviene excluir la competencia arbitral

Aunque la JAT resulta ventajosa en muchos asuntos, hay situaciones en las que la vía judicial puede ser preferible: cuando la reclamación implica cuestiones que exceden del contrato de transporte (competencia desleal o daños extracontractuales), cuando se quiere acumular la reclamación con otras acciones o cuando la complejidad probatoria aconseja un proceso judicial con pericial amplia. Conviene recordar que, si se acude a los tribunales civiles, la Ley Orgánica 1/2025 exige, con carácter general, intentar antes algún medio adecuado de solución de controversias para que la demanda sea admisible (artículo 5).

La voluntad contraria al arbitraje debe ser expresa y comunicarse a la otra parte antes de que se inicie o debiera iniciarse el servicio. Sobre si basta una cláusula de sumisión a los tribunales, los criterios no son uniformes. En un asunto resuelto por la Junta Arbitral del Transporte de Madrid, esta entendió que una cláusula genérica de fuero no era suficiente, pero la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (sentencia de 5 de noviembre de 2024, recurso 48/2023, ECLI:ES:TSJM:2024:12412) anuló el laudo al considerar que el sometimiento expreso a los juzgados y tribunales, pactado antes del inicio de la relación, reflejaba la voluntad de no acudir al arbitraje. En contratos con consumidores, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (sentencia de 4 de noviembre de 2016, ECLI:ES:TSJBAL:2016:900) aceptó que una cláusula de exclusión incluida en condiciones generales puede desvirtuar la presunción, pero solo si se ha incorporado válidamente al contrato; como no era así en el caso, mantuvo la competencia de la Junta.

Para evitar discusiones, lo prudente es excluir de forma expresa y específica el arbitraje de las Juntas Arbitrales del Transporte y conservar prueba de que la otra parte lo conoció antes de iniciarse el servicio.

Valoración del despacho

La Junta Arbitral del Transporte es una herramienta útil para reclamaciones de portes y daños de cuantía moderada, pero su eficacia depende de que el expediente llegue bien preparado a la vista. En nuestra opinión, lo determinante suele ser documental: carta de porte completa, prueba de la entrega, reservas formuladas en plazo y comunicaciones escritas que permitan fijar el inicio del cómputo de la prescripción. También recomendamos revisar las condiciones generales propias y las de los clientes habituales para saber, antes de que surja el conflicto, si la presunción de arbitraje opera o ha sido excluida, porque la jurisprudencia de los tribunales superiores no es uniforme sobre el alcance de las cláusulas de fuero. Cuando la cuantía supera los 15.000 euros, o cuando la Junta no es competente, conviene planificar desde el principio el intento previo de negociación que exige la LO 1/2025 para acudir a los tribunales civiles, de modo que ese trámite sirva también para acotar la reclamación y conservar la prueba.

Actualizado el 29/09/2026: revisadas las sentencias citadas y la normativa aplicable.