La cláusula penal es uno de los mecanismos contractuales más utilizados en el tráfico mercantil para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Sin embargo, su eficacia real se pone a prueba cuando surge el conflicto: ¿puede el juez reducir la pena si parece excesiva? ¿Basta con alegar que no hubo daños?
La reciente Sentencia del Tribunal Supremo 1037/2026, de 26 de junio (ROJ: STS 3112/2026, ECLI:ES:TS:2026:3112, ponente: Manuel Almenar Belenguer), resuelve un caso de gran repercusión: la reclamación de 6 millones de euros derivada de una cláusula penal incluida en el contrato de compraventa de acciones del Córdoba Club de Fútbol S.A.D. El Alto Tribunal desestima el recurso de la compradora, confirma la condena y reafirma una doctrina que toda empresa debería conocer.
La venta del Córdoba CF y la cláusula penal de 6 millones
En junio de 2011 (escritura de 3 de junio), Grupo PRASA, accionista mayoritario (98,71 %) del Córdoba CF —entonces en concurso de acreedores—, vendió la totalidad de sus acciones a Ecco Documática S.A. (hoy Azaveco S.L.) por un precio de 1.250.000 euros, más una prima de 3.000.000 euros si el equipo ascendía de categoría en las tres temporadas siguientes.
El precio era reducido, pero a cambio el comprador asumió obligaciones calificadas como esenciales en el contrato: garantizar la continuidad de la entidad, de modo que el primer equipo pudiera seguir compitiendo en categoría profesional, y solventar la situación de endeudamiento del club, pagando las deudas sociales a su costa.
Para asegurar el cumplimiento de estas obligaciones, el contrato incluía una cláusula penal cifrada en 6 millones de euros por incumplimiento de cualquiera de ellas. Según declaró probado la Audiencia, la compradora no pagó las deudas sociales comprometidas: el club acabó en un nuevo concurso en 2019 y, entretanto, en enero de 2018, Azaveco había vendido las acciones a un tercero por 9.000.000 de euros sin que en esa venta se hiciera mención a la obligación, pactada en el contrato, de que el adquirente asumiera sus compromisos. En 2020, Grupo PRASA reclamó la pena íntegra.
La cuestión jurídica: alcance y función de la cláusula penal
El Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de Córdoba desestimó la demanda, al no apreciar incumplimiento. La Audiencia Provincial de Córdoba (Sección 1.ª, sentencia 905/2021, de 9 de septiembre) revocó el fallo y condenó a Azaveco al pago de los 6 millones, con intereses legales.
La compradora interpuso recurso de casación alegando tres motivos: infracción del art. 1152 párrafo primero del Código Civil (por atribuir a la cláusula una función exclusivamente punitiva, desvinculada de la indemnizatoria); infracción del art. 1152 párrafo segundo CC (por aplicar la pena pese a haberse alterado, según la recurrente, los presupuestos con base en los cuales se pactó); y vulneración del art. 1275 CC en relación con los arts. 1255 y 1155 CC (por tratarse de una obligación pactada a perpetuidad y, por tanto, nula).
Las normas en juego son fundamentales en derecho de obligaciones. El art. 1152 CC establece que, en las obligaciones con cláusula penal, «la pena sustituirá a la indemnización de daños y el abono de intereses en caso de falta de cumplimiento, si otra cosa no se hubiere pactado». El art. 1154 CC obliga al juez a modificar «equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor». Y el art. 1255 CC consagra la libertad de pactos, con el límite de la ley, la moral y el orden público.
Qué dice el Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo desestima los tres motivos de casación y confirma la condena de 6 millones de euros.
Sobre la función de la cláusula penal, la Sala reafirma la doctrina de la sentencia de Pleno 530/2016, de 13 de septiembre, y subraya que nuestro Derecho admite cláusulas penales con función punitiva o coercitiva, no solo de liquidación anticipada de daños:
«[…] al amparo del principio de libertad de pactos, se admite una función sancionadora o punitiva, dirigida a servir de estímulo o incentivo del cumplimiento del contrato en los términos pactados o, sensu contrario, para disuadir eventuales conductas incumplidoras. De hecho, así se prevé expresamente en el propio art. 1152 CC, cuyo párrafo primero precisa que la pena sustituirá a la indemnización […] «si otra cosa no se hubiere pactado», sin que se restrinja o limite el alcance de ese posible pacto.»
La Sala añade que esa finalidad sancionadora puede incluso ser exclusiva, por ejemplo cuando lo que se protege es la supervivencia de una entidad que, por razones históricas, sociales o deportivas, ha trascendido lo estrictamente mercantil.
En cuanto a la moderación judicial, el Tribunal recuerda que el art. 1154 CC no es aplicable cuando las partes han contemplado expresamente el incumplimiento —total o parcial— como supuesto concreto de activación de la cláusula penal. En esos casos, prevalece el principio pacta sunt servanda:
«[…] no quepa hacer uso de las facultades de moderación judicial del art. 1154 del CC, cuando las partes contemplaron expresamente el incumplimiento total o parcial como supuesto concreto del juego convencional de la cláusula penal, determinando las consecuencias jurídicas derivadas de la inobservancia de las estipulaciones contractuales o posibilitando el desistimiento unilateral.»
Sobre la proporcionalidad de la pena, la Sala asume la valoración de la Audiencia, que la consideró lícita y no desproporcionada: las deudas que la compradora debía asumir, y que se tuvieron en cuenta al fijar un precio reducido, superaban en torno a dos millones de euros el importe de la pena. Tampoco apreció una alteración de los presupuestos del contrato, porque la situación de endeudamiento que la compradora se había comprometido a solventar, lejos de resolverse, se agravó.
Finalmente, el argumento de nulidad por vinculación perpetua (art. 1275 CC) es rechazado por constituir una cuestión nueva no planteada en las instancias anteriores y, además, porque no afectaba a la razón de decidir de la sentencia recurrida.
Doctrina: cuándo no cabe moderar la cláusula penal
De la sentencia, y de la doctrina de la STS 530/2016 que recoge, se extraen las siguientes reglas:
Primera. La cláusula penal puede cumplir simultáneamente una función liquidatoria (anticipar los daños) y punitiva (disuadir del incumplimiento). Ambas funciones son lícitas al amparo del art. 1255 CC, salvo en las condiciones generales de contratos con consumidores, donde opera el art. 85.6 TRLGDCU.
Segunda. La moderación del art. 1154 CC opera cuando se ha producido un cumplimiento parcial o irregular. No procede cuando la cláusula penal fue pactada precisamente para el incumplimiento que efectivamente se ha producido, ya sea total o parcial. Como excepción, la STS 530/2016 admite aplicar el art. 1154 CC por analogía cuando, por un cambio de circunstancias imprevisible al contratar, la diferencia entre la pena y el daño efectivamente causado resulte extraordinariamente elevada.
Tercera. Existe un límite de validez: las penas punitivas cuya cuantía exceda «extraordinariamente» de los daños previsibles al contratar pueden ser contrarias a la moral o al orden público (art. 1255 CC). En tal caso, cabe una reducción judicial conservadora de su validez, distinta de la moderación del art. 1154 CC.
Cuarta. La carga de alegar y probar que la penalidad es extraordinariamente excesiva corresponde al contratante que se opone a su aplicación (art. 217.3 LEC).
Implicaciones prácticas de la cláusula penal para su empresa
Esta sentencia ofrece lecciones directas para la redacción y negociación de contratos empresariales.
Si usted es el acreedor (quien redacta la cláusula), conviene identificar con precisión los incumplimientos que activan la pena. Cuanto más específico sea el supuesto de hecho previsto, más difícil será para la otra parte solicitar la moderación del art. 1154 CC. Además, el importe de la pena debe guardar relación razonable con los daños previsibles al contratar: una penalidad proporcionada reduce mucho el margen de revisión judicial.
Si usted es el deudor (quien asume la cláusula), tenga en cuenta que, frente a una cláusula penal bien redactada, las defensas se reducen: discutir que exista el incumplimiento previsto, cuestionar la interpretación de la cláusula o acreditar que la penalidad era, desde una perspectiva ex ante, extraordinariamente desproporcionada respecto de los daños previsibles, o que un cambio imprevisible de circunstancias ha disparado esa diferencia. No basta con acreditar que los daños reales fueron menores que la pena: según la doctrina de la STS 530/2016, esa diferencia no justifica por sí sola la moderación.
Si su empresa se enfrenta a una reclamación contractual significativa, puede realizar una evaluación preliminar para valorar su situación.
Valoración del despacho
En nuestra opinión, la sentencia del Córdoba CF es una advertencia para ambas partes de cualquier operación empresarial. Quien asume una cláusula penal no debe confiar en que el juez la reducirá después: si el incumplimiento está expresamente previsto en la cláusula, la moderación del art. 1154 CC queda, como regla, descartada, y demostrar una desproporción extraordinaria exige una prueba exigente, referida al momento de contratar. Por eso recomendamos negociar el importe y el supuesto de hecho de la pena con el mismo cuidado que el precio. Quien la impone debe describir con precisión qué incumplimientos la activan y conservar la documentación que explique por qué se fijó esa cuantía, porque esa justificación será decisiva si se discute su validez. Y en operaciones con obligaciones de larga duración, como asumir deudas de una sociedad, conviene fijar límites temporales y cuantitativos claros: la nulidad por vinculación perpetua debe plantearse en la instancia, no por primera vez en casación.
Conclusión
La STS 1037/2026 reafirma que la cláusula penal es un instrumento plenamente eficaz en la contratación entre empresarios. Cuando las partes han pactado expresamente las consecuencias de un incumplimiento concreto, el juez no puede moderar la pena al amparo del art. 1154 CC. Solo una desproporción extraordinaria —apreciada desde el momento de contratar y probada por quien la alega— o un cambio imprevisible de circunstancias que dispare la diferencia entre pena y daño permiten una corrección judicial.
Para las empresas, el mensaje es claro: invierta en una redacción contractual rigurosa. Una cláusula penal bien diseñada no solo disuade del incumplimiento, sino que facilita una compensación efectiva si este se produce.
Si necesita asesoramiento sobre cláusulas penales, redacción de contratos o reclamaciones por incumplimiento contractual, no dude en contactar con nuestro despacho.
Actualizado el 29/09/2026: revisadas las sentencias citadas y la normativa aplicable.
