La reclamación de cantidad es la acción con la que se exige judicialmente el pago de una deuda dineraria —una factura, un préstamo, unos honorarios, una indemnización— cuando el deudor no paga voluntariamente. Antes de demandar hay que intentar una negociación con el deudor y comprobar que la acción no ha prescrito, porque el plazo general es de cinco años pero hay créditos que prescriben a los tres o incluso al año; después, según la deuda y su cuantía, se acude al juicio monitorio, al verbal o al ordinario.
Esta guía explica el requerimiento previo y el intento de negociación que exige la Ley Orgánica 1/2025, los procedimientos disponibles, los plazos de prescripción y cómo interrumpirlos, los intereses de demora, las costas y qué ocurre si el deudor no tiene bienes.
Qué es una reclamación de cantidad
Es el ejercicio de una acción personal para obtener la condena del deudor al pago de una suma de dinero concreta. Para acudir al proceso monitorio, la deuda debe ser líquida (cuantificada en una cifra exacta), determinada, vencida (que haya llegado su plazo de pago) y exigible (que no esté sujeta a condición suspensiva) (art. 812 LEC); en los juicios declarativos también pueden reclamarse cantidades cuya cuantía exacta deba fijar el tribunal, como una indemnización. Cuando la deuda reúne estos requisitos, el acreedor puede elegir entre varios procedimientos en función de la cuantía y de las circunstancias del caso.
Antes de demandar: requerimiento y negociación previa
La reclamación extrajudicial
Antes de acudir a los tribunales conviene enviar una reclamación extrajudicial al deudor. El medio más seguro es el burofax con acuse de recibo y certificación de contenido, que permite acreditar ante los tribunales el envío, la recepción y el texto remitido. La ley no exige una forma concreta, pero quien alega haber reclamado debe poder probar que la reclamación llegó al deudor y cuál era su contenido; un correo electrónico o una llamada son mucho más difíciles de acreditar. Conviene que el escrito identifique con claridad la deuda reclamada.
La reclamación extrajudicial cumple dos funciones fundamentales: constituye en mora al deudor (art. 1100 CC), lo que permite reclamar intereses de demora desde esa fecha, e interrumpe la prescripción de la acción (art. 1973 CC), de modo que el plazo vuelve a contarse desde cero.
Requisito de procedibilidad: el intento previo de negociación (LO 1/2025)
Desde el 3 de abril de 2025, para que se admita la demanda es requisito de procedibilidad haber acudido previamente a algún medio adecuado de solución de controversias (art. 5.1 de la Ley Orgánica 1/2025): negociación directa entre las partes o entre sus abogados, mediación, conciliación, opinión de una persona experta independiente u oferta vinculante confidencial, entre otros. Se exige en todos los procesos declarativos y en los especiales del libro IV de la LEC. La ley excluye expresamente, entre otros supuestos, el juicio cambiario, la demanda ejecutiva, las medidas cautelares previas a la demanda y las diligencias preliminares (art. 5.2 y 5.3), pero no incluye el proceso monitorio entre las excepciones.
Un burofax que se limita a exigir el pago no equivale necesariamente a ese intento: conviene que invite a negociar o incluya una propuesta sobre el mismo objeto del futuro pleito, y que pueda acreditarse que el deudor la recibió, en qué fecha y que pudo acceder a su contenido íntegro (art. 10.2 LO 1/2025). Si en los treinta días naturales siguientes a la recepción no se mantiene la primera reunión o contacto ni se obtiene respuesta por escrito, el proceso se entiende terminado sin acuerdo (art. 10.4), y la demanda debe presentarse dentro del año siguiente para que el requisito se tenga por cumplido (art. 7.3). El documento que acredite el intento se aporta con la demanda (art. 264.4.º LEC). La solicitud de negociación que define adecuadamente su objeto también interrumpe la prescripción, como se explica más abajo.
Cuando una empresa afronta impagos de forma recurrente, puede valorar una iguala jurídica para empresas, delimitando qué gestiones se incluyen y cuáles requieren un encargo separado.
Si la deuda consta en un reconocimiento de deuda
Cuando la deuda está documentada en un reconocimiento de deuda, el Tribunal Supremo recuerda que se presume la existencia y licitud de la causa (art. 1277 CC) y que la carga de la prueba se invierte: corresponde al deudor demostrar que la obligación no existe o no es válida. Así lo aplicó la STS 309/2025, de 26 de febrero (ROJ: STS 839/2025), que estimó el recurso de los acreedores y confirmó la estimación íntegra de su demanda.
Procedimientos judiciales para reclamar una deuda
Juicio monitorio
Es un procedimiento ágil, pensado para deudas dinerarias documentadas de cualquier importe (art. 812 LEC). La petición inicial no requiere abogado ni procurador, cualquiera que sea la cuantía (arts. 23.2.1.º, 31.2.1.º y 814.2 LEC), y puede presentarse mediante formulario, acompañada de los documentos que acrediten la deuda (facturas, albaranes, contratos, certificaciones). El deudor dispone de 20 días para pagar o formular oposición (art. 815 LEC). Si no paga ni se opone, el letrado de la Administración de Justicia pone fin al monitorio por decreto y da traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, para lo que basta la mera solicitud (art. 816 LEC); en esa ejecución se requiere abogado y procurador si la cantidad supera 2.000 euros (art. 539.1 LEC).
Es el procedimiento idóneo para facturas impagadas, cuotas y derramas de comunidad de propietarios (art. 812.2.2.º LEC) y deudas documentadas. Su tramitación, la oposición y sus efectos se explican con detalle en la guía sobre el juicio monitorio: qué es, cómo funciona y cómo oponerse.
Juicio verbal
Se utiliza para reclamaciones de cuantía no superior a 15.000 euros (art. 250.2 LEC); las reclamaciones de cantidad de las comunidades de propietarios basadas en la Ley de Propiedad Horizontal se tramitan por esta vía sea cual sea su importe (art. 250.1.15.º LEC). También es el cauce por el que continúa el monitorio cuando el deudor se opone y la cuantía no supera ese umbral: el acreedor puede impugnar la oposición por escrito en diez días (art. 818.2 LEC). Tras la demanda y la contestación escrita, las partes proponen prueba y el tribunal decide si es necesaria la vista; si solo se admite prueba documental ya aportada y no impugnada, dicta sentencia sin celebrarla (art. 438 LEC).
No requiere abogado ni procurador cuando la cuantía no excede de 2.000 euros (arts. 23.2.1.º y 31.2.1.º LEC), aunque siempre es recomendable contar con asistencia letrada.
Juicio ordinario
Es el procedimiento general para reclamaciones de cuantía superior a 15.000 euros (art. 249.2 LEC). Es más complejo que el verbal: incluye demanda, contestación, audiencia previa y juicio con práctica de prueba, y requiere abogado y procurador.
Si el deudor se opone a un monitorio cuya cuantía supera los 15.000 euros, el acreedor debe presentar demanda de juicio ordinario en el plazo de un mes desde el traslado de la oposición; si no lo hace, se sobreseen las actuaciones con condena en costas al acreedor (art. 818.2 LEC).
Plazos de prescripción de la reclamación de cantidad
Las acciones para reclamar una deuda no son eternas: si no se ejercitan a tiempo y el deudor alega la prescripción, el acreedor pierde la posibilidad de exigir judicialmente el pago. Saber qué plazo se aplica y cómo interrumpirlo resulta decisivo.
Plazo general: 5 años (art. 1964.2 CC)
Desde la reforma de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, «las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación» (art. 1964.2 CC). Se aplica, por ejemplo, a los préstamos entre particulares, a las indemnizaciones por incumplimiento contractual, a las derramas de comunidad y a las facturas de servicios o de compraventas mercantiles que no encajen en ninguno de los plazos especiales de los artículos 1966 y 1967 CC. Conviene revisarlo caso por caso, porque varios créditos frecuentes tienen un plazo de tres años.
Pagos periódicos: 5 años (art. 1966 CC)
Prescriben también a los cinco años las acciones para exigir el pago de pensiones alimenticias, el precio de los arrendamientos de fincas rústicas o urbanas (art. 1966.2.ª CC) y cualesquiera otros pagos que deban hacerse por años o en plazos más breves (art. 1966.3.ª CC), como las cuotas periódicas de comunidad de propietarios.
Plazo especial de 3 años (art. 1967 CC)
Prescriben a los tres años las acciones para reclamar:
- Honorarios y gastos profesionales de jueces, abogados, registradores, notarios, peritos, agentes y curiales, incluidos los gastos y desembolsos realizados en el asunto (art. 1967.1.ª CC).
- Lo debido a farmacéuticos por las medicinas suministradas y a profesores y maestros por la enseñanza o por el ejercicio de su profesión, arte u oficio (art. 1967.2.ª CC).
- Los servicios de menestrales, criados y jornaleros (art. 1967.3.ª CC).
- Lo debido a posaderos por comida y habitación y a mercaderes por los géneros vendidos a quienes no son comerciantes o, siéndolo, se dedican a distinto tráfico (art. 1967.4.ª CC).
En los tres primeros supuestos, el plazo se cuenta desde que dejaron de prestarse los servicios.
Suministros de agua, energía o telecomunicaciones. La STS 1514/2025, de 29 de octubre (ROJ: STS 4864/2025; ponente: Manuel Almenar Belenguer), ha precisado que la reclamación de lo adeudado por el suministro de agua, energía o telecomunicaciones encaja en el artículo 1967.4.ª CC y prescribe a los tres años, no a los cinco de los artículos 1964 o 1966.3.ª CC. En el caso, el suministro eléctrico dejó de prestarse en julio de 2011 y la primera petición monitoria no se presentó hasta abril de 2017: el Supremo estimó el recurso del cliente demandado, apreció la prescripción y desestimó la demanda de la comercializadora, corrigiendo a las instancias, que habían aplicado el antiguo plazo general de 15 años.
Plazo de 1 año (art. 1968 CC)
Prescriben al año las acciones de responsabilidad civil extracontractual (art. 1902 CC) —reclamaciones por daños causados por culpa o negligencia fuera de una relación contractual—, a contar desde que lo supo el agraviado (art. 1968.2.º CC), así como la acción para recobrar o retener la posesión (art. 1968.1.º CC).
Deudas nacidas antes de octubre de 2015: régimen transitorio
La Ley 42/2015 redujo el plazo general de 15 a 5 años y entró en vigor el 7 de octubre de 2015. Su disposición transitoria quinta remite, para las acciones personales sin plazo especial nacidas antes de esa fecha, al artículo 1939 CC: se aplica el plazo antiguo de 15 años, salvo que el nuevo plazo de 5 años, contado desde la entrada en vigor de la reforma, se cumpla antes. Conforme a la STS 29/2020, de 20 de enero, el resultado es el siguiente (salvo interrupción):
- Nacidas antes del 7 de octubre de 2000: ya estaban prescritas al entrar en vigor la reforma.
- Nacidas entre el 7 de octubre de 2000 y el 7 de octubre de 2005: se rigen por el plazo de 15 años.
- Nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015: no prescribían hasta el 7 de octubre de 2020.
- Nacidas después: plazo de 5 años.
A esa fecha de 7 de octubre de 2020 hay que añadir el efecto de la suspensión de los plazos de prescripción durante el estado de alarma de 2020 (disposición adicional cuarta del Real Decreto 463/2020, alzada con efectos de 4 de junio de 2020), que retrasó el vencimiento. Este régimen transitorio solo afecta a las acciones sujetas al plazo general: las que tienen plazo especial (arts. 1966 a 1968 CC) no se vieron alteradas por la reforma, como muestra la citada STS 1514/2025.
Desde cuándo se cuenta el plazo
Como regla general, el plazo comienza a contar desde el día en que la acción pudo ejercitarse (art. 1969 CC), es decir, desde que el acreedor puede reclamar el pago:
- Deudas con vencimiento pactado: desde la fecha de vencimiento. Si una factura tiene plazo de pago a 30 días, la prescripción comienza a contar desde que vence ese plazo.
- Deudas sin plazo: la obligación pura es exigible desde luego (art. 1113 CC), por lo que el plazo corre desde que el acreedor pudo reclamar, no desde que efectivamente reclama. Solo si de la naturaleza de la obligación se deduce que se quiso conceder un plazo al deudor, los tribunales lo fijarán (art. 1128 CC).
- Obligaciones periódicas: cada cuota prescribe de forma independiente. Las rentas de alquiler impagadas de enero de 2020 prescriben con independencia de las de febrero de 2020.
- Servicios profesionales y trabajos del art. 1967.1.ª a 3.ª CC: desde que dejaron de prestarse los servicios.
Cómo se interrumpe la prescripción (art. 1973 CC)
La prescripción se interrumpe y el plazo vuelve a contarse íntegro desde cero por:
- La reclamación extrajudicial del acreedor, con los requisitos de prueba ya explicados.
- El reconocimiento de la deuda por el deudor: cualquier acto que implique admitir la existencia de la obligación, como un pago parcial, una solicitud de aplazamiento, un correo reconociendo el impago o la firma de un documento de reconocimiento de deuda.
- El ejercicio de la acción ante los tribunales: la interposición de cualquier acción judicial dirigida a reclamar la deuda, incluida la petición inicial del juicio monitorio.
- La solicitud de negociación de la LO 1/2025: la solicitud dirigida a la otra parte para iniciar un medio adecuado de solución de controversias, con el objeto bien definido, interrumpe la prescripción desde que consta el intento de comunicación, con las reglas de reinicio del cómputo del artículo 7 de esa ley (por ejemplo, si no hay respuesta escrita o primera reunión en 30 días naturales).
Prescripción y caducidad
La prescripción se puede interrumpir y, al hacerlo, se reinicia el cómputo íntegro; además, debe ser alegada por el deudor, porque el juez no puede apreciarla de oficio. La caducidad, en cambio, no admite interrupción: transcurrido el plazo se extingue el derecho y el juez puede apreciarlo de oficio. Es el caso, por ejemplo, de los retractos legales, que solo pueden ejercitarse dentro de los nueve días siguientes a la inscripción de la venta o, en su defecto, al conocimiento de esta (art. 1524 CC).
Las acciones de reclamación de cantidad están sujetas a prescripción. Por eso un burofax enviado a tiempo puede salvar una reclamación que está a punto de prescribir.
Intereses de demora
El acreedor tiene derecho a reclamar intereses de demora desde que el deudor incurre en mora (arts. 1100 y 1108 CC). Si no se ha pactado un tipo de interés, se aplica el interés legal del dinero. Además, desde que se dicta la sentencia de primera instancia que condena al pago de una cantidad líquida se devengan los intereses procesales del artículo 576 LEC (interés legal del dinero incrementado en dos puntos, salvo pacto o disposición especial).
En operaciones comerciales entre empresas, o entre empresas y la Administración, se aplica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad, que establece un tipo de interés de demora más elevado y permite reclamar una indemnización fija de 40 euros por los costes de cobro, además de los costes de cobro acreditados que superen esa cantidad (art. 8).
El Tribunal Supremo ha superado el automatismo del viejo brocardo in illiquidis non fit mora (la deuda no líquida no genera mora) y sigue desde hace años el «canon de la razonabilidad en la oposición»: valora el fundamento de la reclamación, las razones de la oposición y la conducta del deudor para decidir si proceden los intereses moratorios y desde qué fecha, aunque la cantidad exacta se fije en la sentencia. Lo recuerda, con cita de numerosas sentencias anteriores, la STS de 27 de enero de 2025 (ROJ STS 272/2025), que desestimó el recurso de la deudora y mantuvo su condena al pago de intereses moratorios.
Costas procesales
El criterio general en los procesos declarativos es el vencimiento objetivo (art. 394.1 LEC): las costas se imponen a quien ve rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En la práctica, si el deudor se opone y pierde, pagará las costas del procedimiento: los gastos de abogado y procurador del acreedor, con el límite general de un tercio de la cuantía por cada litigante vencedor salvo temeridad (art. 394.3 LEC), más los demás gastos del proceso.
La LO 1/2025 ha añadido reglas ligadas al intento previo de negociación: no habrá condena en costas a favor de quien rehusó sin justa causa participar en el medio de solución de controversias al que fue efectivamente convocado, cuando era legalmente preceptivo (art. 394.1 LEC), y si la parte requerida para negociar rehusó intervenir, la parte requirente queda exenta de la condena en costas, salvo abuso del servicio público de Justicia (art. 394.4 LEC).
En el juicio monitorio, si el deudor no se opone, las costas de la ejecución posterior corren a cargo del ejecutado (art. 539.2 LEC). Si se opone y el acreedor gana en el juicio declarativo posterior, las costas se rigen por el criterio de vencimiento.
Qué pasa si el deudor no tiene bienes
Obtener una sentencia favorable es solo el primer paso: después hay que ejecutarla. La acción ejecutiva fundada en sentencia caduca si no se presenta la demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a su firmeza (art. 518 LEC). Una vez iniciada, la ejecución puede proseguir hasta obtener el cumplimiento de lo juzgado aunque haya quedado sin curso durante un tiempo (art. 239 LEC), de modo que, si el deudor carece de bienes embargables en ese momento, podrán embargarse los que adquiera más adelante.
Por eso es importante valorar la solvencia del deudor antes de demandar, consultando registros públicos como el Registro de la Propiedad o el Registro Mercantil. Ya en fase de ejecución, si el acreedor no puede designar bienes suficientes, puede pedir al letrado de la Administración de Justicia que se dirija a entidades financieras, organismos y registros públicos para averiguar el patrimonio del ejecutado (art. 590 LEC).
Valoración del despacho
En una reclamación de cantidad, la elección del cauce importa tanto como la razón de fondo. El criterio del despacho parte de tres comprobaciones antes de dar el primer paso. Primero, el plazo: el error más peligroso es dar por hecho que toda deuda prescribe a los cinco años, así que hay que identificar si el crédito encaja en un plazo especial —honorarios, ventas de comerciantes a quienes no lo son, suministros o pagos periódicos— y documentar cada interrupción; la STS 1514/2025 muestra que una factura de suministro puede estar prescrita a los tres años aunque el acreedor confiara en un plazo mayor. Segundo, la prueba: si la deuda consta en facturas, en un reconocimiento de deuda o en otros documentos, el monitorio permite exigirla con agilidad; si depende de valoraciones o de un incumplimiento discutido, conviene preparar directamente un juicio declarativo con la prueba pericial necesaria. Tercero, la solvencia del deudor: una sentencia sin bienes que embargar no resuelve el problema, así que conviene investigarla antes de invertir en el pleito.
Desde la entrada en vigor de la LO 1/2025, además, el primer escrito al deudor ya no es un simple trámite y no conviene dejarlo para el último momento. Debe redactarse como una verdadera invitación a negociar, con la deuda y el objeto bien definidos y un medio de envío que permita acreditar la recepción y el contenido. Bien planteado, sirve a la vez para cumplir el requisito de procedibilidad, interrumpir la prescripción y proteger la posición del acreedor en materia de costas. Mal planteado, puede impedir que se admita la demanda u obligar a repetir el trámite.
Para el deudor, la prescripción es una defensa que hay que alegar expresamente: si no se invoca en la oposición o en la contestación, el juez no la aplicará. Revisar fechas, facturas y comunicaciones cruzadas es el primer paso en cualquier reclamación.
Para una primera orientación puede realizar el test de reclamación de cantidad. Si prefiere que se estudie su caso, puede contactar con el despacho o consultar el servicio de abogado de reclamación de cantidad en Madrid.
