Cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que una ley española vulnera el Derecho de la Unión, la pregunta inmediata para el contribuyente afectado es si puede reclamar una indemnización al Estado. La respuesta, según la sentencia del Tribunal Supremo 479/2026, de 20 de abril, no es automática: existe un filtro procesal que puede frustrar la reclamación incluso cuando la norma ya ha sido declarada contraria al Derecho de la Unión en Luxemburgo. Esa es la esencia de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, una figura que combina Derecho administrativo, Derecho tributario y Derecho de la Unión Europea.
El caso resuelto por la Sección Quinta de la Sala Tercera el pasado 20 de abril de 2026 tiene su origen en el conocido «modelo 720», la obligación de declarar bienes y derechos en el extranjero. La STJUE de 27 de enero de 2022 declaró contrarias al Derecho de la Unión tanto la imputación como ganancia patrimonial no justificada, sin posibilidad de prescripción, de los bienes no declarados en plazo (antiguo artículo 39.2 de la Ley del IRPF) como el régimen de multas asociado. Muchos contribuyentes afectados se preguntaron entonces si podían recuperar lo pagado. La sentencia que analizamos explica por qué una reclamación directa contra el Estado, sin haber recorrido antes la vía ordinaria, está abocada a la desestimación, y la jurisprudencia de estos meses muestra que ni siquiera recorrer esa vía garantiza la indemnización.
Para las empresas y los profesionales con activos en el extranjero, y en general para cualquier operador que se plantee reclamar al Estado por una norma fiscal o administrativa contraria al Derecho europeo, esta sentencia fija criterios prácticos imprescindibles.
Los hechos: el modelo 720 y la reclamación tras la sentencia del TJUE
La recurrente había presentado en su día la declaración informativa de bienes en el extranjero (modelo 720) y una autoliquidación complementaria del IRPF de 2013 por importe de 78.726,92 euros, a la que siguieron liquidaciones por recargo por presentación fuera de plazo e intereses de demora. Tras la STJUE de 27 de enero de 2022 (asunto C-788/19), la contribuyente solicitó una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador, reclamando lo ingresado, los recargos, los intereses y los daños derivados.
El Consejo de Ministros, mediante acuerdo de 18 de febrero de 2025, desestimó la solicitud. El motivo no fue de fondo, sino de procedibilidad: la reclamante no cumplía el requisito del artículo 32.5 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), que exige haber obtenido previamente una sentencia firme desestimatoria contra la actuación administrativa que ocasionó el daño. La contribuyente recurrió ese acuerdo ante el Tribunal Supremo.
La cuestión jurídica: el artículo 32.5 LRJSP y la responsabilidad patrimonial del legislador
El debate jurídico se centra en si el requisito del artículo 32.5 LRJSP es compatible con el principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea. El precepto establece una condición específica para los casos de responsabilidad del Estado legislador derivada de normas contrarias al Derecho europeo:
«Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada».
El mismo apartado añade tres requisitos materiales: que la norma infringida tenga por objeto conferir derechos a los particulares, que el incumplimiento esté suficientemente caracterizado y que exista una relación de causalidad directa entre el incumplimiento y el daño.
Este régimen ya fue examinado por el TJUE. La sentencia de 28 de junio de 2022 (asunto C-278/20, Comisión contra España) declaró que España había incumplido el principio de efectividad por varios aspectos del sistema: exigir una sentencia previa del TJUE que declare la infracción, los límites temporales de la reclamación y, en lo que aquí interesa, exigir la sentencia firme desestimatoria sin prever ninguna excepción para los casos en que el daño deriva directamente de un acto u omisión del legislador cuando no existe una actuación administrativa impugnable.
Qué dice el Tribunal Supremo sobre la exigencia de sentencia previa
El Tribunal Supremo, con ponencia de José Luis Quesada Varea, parte de su propia doctrina previa (sentencia 660/2024, de 17 de abril) para analizar si, en el caso del modelo 720, existía o no esa «dificultad excesiva» que el TJUE considera contraria al principio de efectividad. La Sala recuerda el criterio fijado por el TJUE en el apartado 124 de su sentencia de 2022:
«si bien el Derecho de la Unión no se opone a la aplicación de una norma nacional que establece que un particular no puede obtener la reparación de un perjuicio que no ha evitado, deliberada o negligentemente, ejerciendo una acción judicial, esto solo es posible siempre y cuando el ejercicio de dicha acción judicial no ocasione dificultades excesivas al perjudicado o cuando pueda razonablemente exigirse a este dicho ejercicio».
Aplicando ese criterio, el Tribunal Supremo concluye que sí existía una vía razonable y accesible: solicitar la rectificación de la autoliquidación y la devolución de ingresos indebidos por la vía del artículo 120.3 de la Ley General Tributaria, alegando que la norma que amparaba la autoliquidación era contraria al Derecho de la Unión. En este caso, además, la recurrente ya había pedido esa rectificación, de modo que —si se había ajustado a las condiciones legales, incluido el plazo— tenía abierta la puerta a obtener en los tribunales el reconocimiento de su derecho o la sentencia desestimatoria que exige el artículo 32.5. Para la Sala, se trata de un requisito perfectamente exigible y al alcance de la recurrente, por lo que su ausencia justifica la desestimación del recurso contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2025.
Doctrina establecida: los requisitos para reclamar al Estado legislador
De esta sentencia, y de la sentencia 660/2024 en la que se apoya, se extrae una doctrina reiterada sobre la responsabilidad patrimonial del legislador en materia tributaria.
El requisito de sentencia firme desestimatoria del artículo 32.5 LRJSP sigue siendo exigible cuando el contribuyente dispone de una vía razonable para impugnar el acto que le causó el daño. Si existe un cauce accesible —como la rectificación de la autoliquidación y la devolución de ingresos indebidos del artículo 120.3 LGT—, el contribuyente debe utilizarlo antes de reclamar directamente al Estado por la vía de la responsabilidad patrimonial.
Pero cumplir ese requisito no basta. Obtener la sentencia firme desestimatoria, habiendo alegado la infracción del Derecho de la Unión, solo abre la puerta a examinar los requisitos materiales del artículo 32.5. Y aquí la jurisprudencia de 2026 es especialmente relevante: en reclamaciones vinculadas a la STJUE C-788/19, el Tribunal Supremo ha concluido que no concurre una infracción del Derecho de la Unión suficientemente caracterizada (por ejemplo, sentencia 548/2026, de 30 de abril). Valora, entre otros factores, la complejidad de la cuestión, el margen de apreciación del Estado en la fiscalidad directa no armonizada, la ausencia de intencionalidad y la reacción legislativa tras la sentencia europea.
En definitiva, la mera declaración de incompatibilidad de una norma española con el Derecho europeo por el TJUE no genera, por sí sola, un derecho automático a indemnización: es necesario recorrer antes el itinerario procesal ordinario y, después, superar los requisitos materiales que el Tribunal Supremo está aplicando con rigor.
Implicaciones prácticas para contribuyentes y empresas
Para las empresas y los profesionales que se planteen reclamar al Estado por la aplicación de una norma después declarada contraria al Derecho de la Unión, esta sentencia deja varias lecciones operativas.
Antes de acudir a la responsabilidad patrimonial del Estado, conviene revisar si existe una vía ordinaria de impugnación disponible: rectificación de autoliquidaciones, recurso de reposición, reclamación económico-administrativa o recurso contencioso-administrativo contra el acto de aplicación. Omitir ese paso, o no esperar a su resultado, confiando en que la sentencia europea basta por sí sola, expone a la desestimación por motivos puramente procesales, como le ocurrió a la recurrente de este caso.
Es imprescindible haber alegado expresamente, en esa vía ordinaria, la infracción del Derecho de la Unión Europea que después fue declarada por el TJUE. La ausencia de esa alegación puede cerrar la puerta a la responsabilidad patrimonial más adelante, aunque se obtenga una sentencia desestimatoria.
Los plazos deben vigilarse con atención. Para estos supuestos, el artículo 67.1 de la Ley 39/2015 fija un año desde la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la sentencia que declare el carácter contrario al Derecho de la Unión de la norma, regla que el TJUE también cuestionó en la sentencia C-278/20. A ello se suman los plazos propios de la vía tributaria, como el de la rectificación de autoliquidaciones. Conviene coordinar desde el principio el itinerario tributario ordinario con la eventual reclamación patrimonial posterior.
Valoración del despacho
La combinación de las sentencias de 2026 dibuja un escenario exigente: el Tribunal Supremo cierra la reclamación directa a quien no ha agotado la vía tributaria y, cuando entra en el fondo en asuntos del modelo 720, niega que la infracción fuera suficientemente caracterizada. Nuestro criterio práctico es que la vía principal para recuperar cantidades ingresadas por una norma después anulada en Luxemburgo es la tributaria —rectificación de la autoliquidación, recurso contra la liquidación o la sanción, o revisión de actos cuando proceda—, y que la reclamación de responsabilidad patrimonial debe plantearse, si acaso, como complemento y con expectativas realistas. Antes de iniciar cualquier reclamación conviene revisar qué actos son firmes, qué plazos siguen abiertos y si en su momento se alegó la infracción del Derecho de la Unión. Y, para el futuro, cuando una norma tributaria esté cuestionada ante la Comisión o el TJUE, es prudente impugnar a tiempo y alegar ya esa infracción, porque después puede ser tarde.
Conclusión
La sentencia 479/2026 confirma que la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por infracción del Derecho de la Unión Europea sigue exigiendo, salvo cuando no exista una vía razonable de impugnación, agotar previamente la vía ordinaria. Y la jurisprudencia coetánea añade que, incluso superado ese filtro, el requisito de la infracción suficientemente caracterizada está siendo un obstáculo decisivo en los asuntos del modelo 720. Es una doctrina especialmente relevante para quienes resultaron afectados por el modelo 720, pero también, por extensión, para cualquier empresa o particular afectado por otras normas tributarias o administrativas que puedan ser declaradas contrarias al Derecho europeo en el futuro.
Si su empresa ha resultado afectada por una norma que después ha sido declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, o tiene dudas sobre cómo articular una reclamación frente al Estado, en dominglez.com/contacto podemos analizar su caso concreto y el cauce procesal más adecuado.
Actualizado el 29/09/2026: revisadas las sentencias citadas y la normativa aplicable.
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