Impugnar un testamento: causas, plazos y procedimiento

Sí, se puede impugnar un testamento hecho ante notario: la intervención notarial no lo hace inatacable, y un juez puede declararlo nulo, total o parcialmente, si se otorgó sin capacidad, con violencia, dolo o fraude o sin las formalidades legales, o corregirlo si deshereda sin causa, omite a un heredero forzoso o lesiona su legítima. Para impugnar un testamento hay que identificar la acción que corresponde, porque de ella dependen el plazo, que suele ser de caducidad, y la prueba necesaria. Esta guía explica quién puede hacerlo, por qué causas, en qué plazos y cómo es el procedimiento en el Código Civil.

Qué significa impugnar un testamento

Impugnar un testamento es ejercitar una acción judicial para que se declare que el testamento, o alguna de sus cláusulas, es nulo, anulable o ineficaz. No se trata de ir contra la voluntad del fallecido, sino de comprobar que se formó y expresó válidamente y que respeta los límites legales, en especial la legítima de los herederos forzosos. Si la impugnación prospera, la sucesión se rige por un testamento anterior, si lo hay, o por las normas de la sucesión intestada.

El Código Civil habla en general de testamento «nulo» (por ejemplo, en los artículos 673 y 687), pero las acciones son distintas: nulidad por defectos de forma (art. 687 CC) o por falta de capacidad (art. 663 CC), impugnación por violencia, dolo o fraude (art. 673 CC), desheredación injusta (art. 851 CC), preterición (art. 814 CC) y las acciones de protección de la legítima: complemento (art. 815 CC) y reducción de disposiciones inoficiosas (art. 817 CC). Si la sucesión se rige por un derecho civil autonómico (Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco, Galicia o Baleares), las reglas sobre legítimas, preterición y plazos pueden ser distintas.

¿Se puede impugnar un testamento hecho ante notario?

Sí. El otorgamiento ante notario es un requisito de forma del testamento abierto (art. 694 CC), y el notario debe asegurarse de que, a su juicio, el testador tiene la capacidad legal necesaria (art. 685 CC). Pero ese juicio no vincula al juez. El notario no es un profesional médico: su apreciación se basa en lo que percibe durante el otorgamiento. Según el Tribunal Supremo, el juicio notarial de capacidad, como la presunción derivada del favor testamenti, admite prueba en contrario y debe valorarse junto con el resto de la prueba (STS 461/2016, de 7 de julio, ROJ STS 3123/2016, ECLI:ES:TS:2016:3123; ponente: Francisco Javier Orduña Moreno; rec. 836/2014). Si el conjunto de la prueba acredita que el testador carecía de capacidad, el testamento se anulará aunque el notario afirmara lo contrario; eso sí, la constancia notarial eleva el nivel de exigencia probatoria.

Un testamento notarial también puede impugnarse por desheredación injusta, preterición o lesión de la legítima, porque son vicios de fondo que el notario no puede impedir.

Quién puede impugnar un testamento

Está legitimado quien tenga un interés legítimo en la impugnación:

• Los herederos forzosos (art. 807 CC): hijos y descendientes; en su defecto, padres y ascendientes; y el cónyuge viudo, en cuanto a su cuota legitimaria en usufructo. Pueden impugnar por cualquier causa.
• Los herederos abintestato, que heredarían si el testamento se declarase nulo.
• Los legatarios o herederos de un testamento anterior revocado por el impugnado, que pueden pedir la nulidad del posterior y la rehabilitación del suyo.
• Los acreedores del heredero, en determinados supuestos, por vía subrogatoria.

Causas para impugnar un testamento

Defectos de forma

Es nulo el testamento en cuyo otorgamiento no se hayan observado las formalidades legales (art. 687 CC). En el testamento abierto notarial, entre otras: otorgamiento ante notario hábil (art. 694 CC); identificación del testador y juicio de capacidad (art. 685 CC); expresión del lugar, año, mes, día y hora (art. 695 CC); advertencia del derecho a leerlo y lectura por el notario; firma del testador y del notario, y dos testigos idóneos cuando el testador no sepa o no pueda firmar o cuando él o el notario lo soliciten (art. 697 CC, en la redacción de la Ley 8/2021). El ológrafo exige testador mayor de edad, que esté escrito todo él de su puño y letra y firmado, con expresión del año, mes y día, y que las palabras tachadas, enmendadas o entre renglones se salven bajo su firma (art. 688 CC); debe protocolizarse ante notario en los cinco años siguientes al fallecimiento (art. 689 CC). El cerrado debe respetar las solemnidades del artículo 707 CC. Los tribunales aplican el favor testamenti, por lo que hay que valorar si el defecto es verdaderamente sustancial.

Falta de capacidad del testador

Pueden testar todos aquellos a quienes la ley no lo prohíbe (art. 662 CC). Tras la Ley 8/2021, el artículo 663 CC solo excluye a la persona menor de catorce años y a la que, en el momento de testar, no pueda conformar o expresar su voluntad ni aun con ayuda de medios o apoyos para ello; la antigua referencia al «cabal juicio» ya no figura. El artículo 665 CC permite testar a la persona con discapacidad cuando, a juicio del notario, pueda comprender y manifestar el alcance de sus disposiciones, y obliga al notario a facilitar los apoyos y ajustes necesarios. Esta causa se invoca en casos de demencia senil, alzhéimer en fases moderadas o avanzadas, deterioro cognitivo grave o estados de confusión por medicación, hospitalización o enfermedad terminal.

La STS 461/2016 (un testamento abierto que revocaba los anteriores e instituía a los tres hijos por partes iguales, cuya nulidad pidió una hija alegando demencia senil, y que se mantuvo) resume las reglas:

1. La carga de la prueba es del impugnante, que debe probar la falta de capacidad «de modo concluyente» y destruir la presunción iuris tantum de validez. Un diagnóstico genérico de demencia no basta.
2. No se exige certeza absoluta, sino una determinación suficiente basada en criterios de probabilidad cualificada a partir de los hechos acreditados, valorando toda la prueba en conjunto.
3. El juicio notarial es relevante, pero no determinante, y admite prueba en contrario.

Lo decisivo es el estado del testador al tiempo de otorgar (art. 666 CC). Como el deterioro no siempre es lineal y puede haber momentos de lucidez, un testamento otorgado cuando se conservaba la capacidad puede ser válido aunque la enfermedad ya estuviera diagnosticada. La prueba debe ser convergente:

• Informes médicos próximos al otorgamiento: historia clínica, informes neurológicos y tests cognitivos (Mini-Mental, MoCA).
• Dictamen pericial retrospectivo de un psiquiatra o neurólogo, cuyo valor depende de la calidad y proximidad de la documentación.
• Testigos que trataron al testador esos días: familiares, vecinos, cuidadores, personal sanitario. En algunos casos puede citarse al notario autorizante.
• Circunstancias del otorgamiento: quién lo acompañó a la notaría, quién eligió al notario y dio las instrucciones, si el testador podía explicar el contenido.
• Contenido del testamento: beneficiar de forma desproporcionada a un cuidador reciente, revocar uno anterior sin explicación o incluir disposiciones incoherentes pueden ser indicios.

Violencia, dolo, fraude y captación de la voluntad

Es nulo el testamento otorgado con violencia, dolo o fraude (art. 673 CC). La captación de la voluntad no es una causa autónoma, pero puede encuadrarse en ese precepto o combinarse con la falta de capacidad: un cuidador, una nueva pareja o un familiar aprovecha su cercanía para manipular a un testador anciano o dependiente. Como ocurre en la intimidad, se prueba por indicios: aislamiento del testador, cambio repentino de testamento a favor de quien controla su entorno, notario distinto del habitual, presencia del beneficiario en el otorgamiento o desconocimiento del testamento por los familiares más cercanos. La violencia y la intimidación también son difíciles de probar, y la carga corresponde al impugnante.

El error tiene reglas propias: la causa falsa de la institución de heredero o del legado se tiene por no escrita, salvo que del testamento resulte que el testador no habría dispuesto así de conocer la falsedad (art. 767 CC), y el error en el nombre o las cualidades del heredero no vicia la institución si puede saberse quién es (art. 773 CC). Si el testador ignoraba la existencia de un hijo, el supuesto puede encauzarse como preterición no intencional.

Desheredación injusta

La desheredación priva de la legítima mediante una cláusula que invoca una causa legal (arts. 848 a 857 CC), como el maltrato de obra, las injurias graves o la negativa a prestar alimentos (arts. 852 a 855 CC). Si la causa no existe, no se prueba o no encaja en la ley, la desheredación es injusta y el legitimario puede reclamar su legítima (art. 851 CC). La clave es el artículo 850 CC: si el desheredado niega la causa, prueban los herederos. En la STS de 19 de abril de 2023 (ROJ STS 1676/2023), la heredera no probó el maltrato que negaba la hija desheredada, y el Supremo anuló la institución de heredera en cuanto perjudicaba la legítima de la demandante. La guía sobre desheredación en España analiza las causas con detalle.

Preterición de herederos forzosos

Hay preterición cuando el testamento omite a un heredero forzoso, sin instituirlo ni desheredarlo. El artículo 814 CC distingue:

• Preterición intencional: el testador conocía al legitimario y no lo mencionó. No perjudica su legítima: para cubrirla se reduce la institución de heredero antes que los legados, mejoras y demás disposiciones. El testamento no se anula; se ajusta.
• Preterición no intencional: el testador desconocía su existencia (un hijo nacido después o cuya filiación se determinó póstumamente). Si afecta a hijos o descendientes y resultan preteridos todos, se anulan las disposiciones de contenido patrimonial; en otro caso, se anula la institución de herederos, pero valen las mandas y mejoras en cuanto no sean inoficiosas. La institución a favor del cónyuge solo se anula en cuanto perjudique a las legítimas.

Si los herederos hacen la partición sin contar con el preterido, la partición no se rescinde salvo mala fe o dolo de los demás interesados, que deben pagarle la parte que proporcionalmente le corresponda (art. 1080 CC). La STS de 27 de mayo de 2026 (ROJ STS 2495/2026) dejó firme la nulidad de una partición otorgada cuando los coherederos ya conocían la demanda de filiación de la hija omitida, por apreciarse mala fe.

Lesión de la legítima y gravámenes sobre ella

Si el testador dejó al legitimario, por cualquier título, menos de lo que le corresponde, este puede pedir el complemento (art. 815 CC); si las disposiciones exceden la parte de libre disposición, puede pedir su reducción en lo que sean inoficiosas (art. 817 CC); las donaciones inoficiosas se reducen conforme a los artículos 654 y 820 CC. Sobre la colación de donaciones puede consultarse la guía de colación en la herencia.

Tampoco puede imponerse un gravamen sobre la legítima (artículo 813, párrafo segundo, del Código Civil). En el caso de la STS 533/2026, de 9 de abril (ROJ STS 1566/2026, ECLI:ES:TS:2026:1566; ponente: Manuel Almenar Belenguer; recurso 3568/2021), una causante soltera y sin descendientes instituyó heredero a su hermano y legó a su madre, en pago de la legítima, el usufructo universal y vitalicio, cuando, conforme a los artículos 809 y 810 CC, le correspondía la mitad del haber en plena propiedad. La Sala calificó la acción como de ineficacia funcional, parcial, relativa y sanable, no de nulidad radical ni de rescisión de la partición (art. 1076 CC).

Plazos para impugnar un testamento

El Código Civil no fija un plazo único y ha sido la jurisprudencia la que ha precisado el de cada acción:

Sentencias públicas de otros procedimientos, seleccionadas como referencia; no son asuntos de este despacho. El resultado de cada caso depende de sus circunstancias.

La STS 533/2026 aplica a la acción por gravamen, por identidad de razón, el plazo de caducidad de cinco años que, según recuerda, la jurisprudencia aplica a las acciones de complemento y de reducción de donaciones inoficiosas o de legados excesivos; pero lo hace «sin entrar en otros supuestos», de modo que no fija un plazo general para todas las acciones sucesorias. No es correcto asignar cuatro años a toda nulidad testamentaria ni cinco a cualquier reclamación de un legitimario.

Dos advertencias más. La caducidad no se interrumpe con un burofax ni con una reclamación extrajudicial: hay que presentar la demanda en plazo. La única salvedad relevante es la solicitud de negociación previa de la Ley Orgánica 1/2025, que, si define adecuadamente su objeto, suspende la caducidad hasta que termina el proceso negociador (art. 7.1 LO 1/2025); el plazo se reanuda, por ejemplo, si en treinta días naturales no hay reunión ni respuesta por escrito. Y en Cataluña rigen otros plazos: cuatro años de caducidad desde la muerte del testador para impugnar la desheredación (art. 451-20.3 del Código civil de Cataluña) y diez años de prescripción para exigir la legítima y su suplemento (art. 451-27.1).

Procedimiento judicial de impugnación

Paso previo obligatorio. Desde el 3 de abril de 2025, la Ley Orgánica 1/2025 exige con carácter general acudir antes de demandar a un medio adecuado de solución de controversias (negociación directa o entre abogados, mediación, conciliación u oferta vinculante confidencial, entre otros) como requisito de procedibilidad (art. 5). Las impugnaciones testamentarias no están excluidas, por lo que el intento debe documentarse (art. 10) y aportarse con la demanda (art. 264.4.º LEC). En los conflictos sucesorios, un acuerdo entre herederos puede ser más eficiente y menos doloroso que un pleito.

Tipo de juicio y competencia. Por lo general, juicio ordinario (arts. 399 y siguientes LEC), que procede cuando la cuantía excede de 15.000 euros o no puede calcularse (art. 249.2 LEC); si no supera esa cifra, juicio verbal (art. 250.2 LEC). Es competente el juzgado de primera instancia del último domicilio del causante (art. 52.1.4.º LEC).

Fases. Demanda, que debe identificar con precisión la causa y la petición (nulidad total o parcial, complemento, reducción); contestación de los herederos o beneficiarios; audiencia previa; juicio, con la prueba documental, testifical y pericial; y sentencia, que puede declarar la nulidad o ineficacia del testamento o de las cláusulas impugnadas o condenar a completar la legítima, con las consecuencias que procedan sobre la partición. Cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial y, en determinados supuestos, casación ante el Tribunal Supremo.

Costas. Rige el vencimiento objetivo (art. 394 LEC), salvo serias dudas de hecho o de derecho. Tras la LO 1/2025, quien rehúse sin justa causa participar en el medio de solución de controversias al que fue convocado, cuando era preceptivo, no obtendrá condena en costas a su favor (art. 394.1 LEC). El procedimiento exige abogado, procurador y, normalmente, peritos, por lo que conviene valorar antes la relación entre su coste y lo que está en juego.

Para una primera orientación sobre si su situación tiene fundamento, puede utilizar el test de impugnación de testamento, que no sustituye la revisión del testamento ni la comprobación del plazo aplicable.

Qué ocurre si se anula el testamento

Si se declara la nulidad total, se aplica el testamento anterior, si existe, o las reglas de la sucesión intestada (arts. 912 y siguientes CC). Si la nulidad es parcial (por ejemplo, de una cláusula de desheredación), el resto del testamento subsiste y se integra la legítima del heredero forzoso afectado.

Si el testamento afecta a bienes en varios países o el testador era extranjero o residía fuera de España, el Reglamento Europeo de Sucesiones (650/2012) determina la ley aplicable, y cada ordenamiento tiene sus propias reglas sobre capacidad, forma y legítimas. Para un caso concreto, el despacho cuenta con un servicio de abogado para pleitos de herencia en Madrid, y puede plantear su consulta a través de la página de contacto.

Valoración del despacho

La impugnación de un testamento se decide en dos frentes: el plazo y la prueba. La primera pregunta no debe ser «¿puedo impugnar?», sino «¿qué acción corresponde y en qué plazo?»: no es lo mismo pedir la nulidad de todo el testamento por falta de capacidad que reclamar el complemento de la legítima o combatir una desheredación, porque cambian los plazos, la carga de la prueba y lo que se obtiene si se gana. Por eso conviene pedir cuanto antes el certificado de últimas voluntades y copia de los testamentos, fijar la fecha del fallecimiento y la de conocimiento del testamento, y calcular con esos datos el plazo más corto aplicable, sin apurar el margen: el intento de negociación previo también consume tiempo y solo suspende la caducidad si la solicitud define bien su objeto. Con la documentación en la mano, esa negociación tiene sentido y puede ordenar la prueba o cerrar el conflicto; sin ella, solo retrasa el problema.

En la falta de capacidad, la impugnación debe prepararse antes de hablar de demanda: historia clínica de los meses anteriores y posteriores al otorgamiento, identificación de quienes trataron al testador esos días y copia del testamento y de los anteriores, porque compararlos puede ser revelador. Con ese material, un perito puede emitir un dictamen retrospectivo con fundamento; sin él, tendrá poco peso frente al juicio notarial, que solo cede ante una prueba sólida referida al día de la firma. Si hay indicios de captación de la voluntad, conviene plantearlos desde el principio junto con la falta de capacidad, no como argumento subsidiario improvisado. En la desheredación, el artículo 850 CC favorece al desheredado, pero exige negar expresamente la causa y estar preparado para rebatir la prueba de los herederos.

Por último, antes de demandar conviene cuantificar la legítima con un inventario y una valoración realista del caudal: puede que lo que esté en juego no sea anular el testamento entero, sino obtener el complemento de la legítima, y esa diferencia condiciona la acción, el procedimiento y la negociación previa.