Contrato de franquicia: qué revisar antes de firmar

Antes de firmar un contrato de franquicia hay que revisar tres cosas: la información precontractual que el franquiciador está obligado a entregar con veinte días hábiles de antelación, la solidez real de la red y de la marca, y las cláusulas que condicionarán el negocio durante años (canon y royalties, exclusividad territorial, suministro, no competencia, duración y salida). Esta guía explica qué exigen la Ley 7/1996, el Real Decreto 201/2010 y el Reglamento (UE) 2022/720, qué conviene negociar y cómo han resuelto los tribunales los conflictos más habituales.

Qué es un contrato de franquicia

El art. 62.1 de la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista, define la franquicia como el acuerdo por el que una empresa franquiciadora cede a otra el derecho a explotar un sistema propio de comercialización de productos o servicios. El art. 2 del Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, concreta sus elementos mínimos: uso de una denominación o rótulo común u otros derechos de propiedad industrial o intelectual y presentación uniforme de los locales; comunicación de un saber hacer propio, sustancial y singular; y asistencia comercial o técnica continuada durante la vigencia del acuerdo.

No toda licencia de marca es una franquicia: el art. 2.4 del Real Decreto excluye, entre otras, la licencia de fabricación, la cesión de una marca registrada para una zona, la transferencia de tecnología y la cesión de una enseña o rótulo. La distinción importa, porque la obligación de información precontractual es propia del régimen de franquicia.

Es una decisión que suele comprometer años de trabajo, un capital significativo y, con frecuencia, el aval personal del franquiciado. Sin embargo, es habitual que el contrato se presente como un trámite estándar y que el candidato firme confiando en el prestigio de la marca y en las proyecciones que le han mostrado, sin haber medido las obligaciones que asume.

La información precontractual obligatoria

El franquiciador debe entregar por escrito al candidato, con una antelación mínima de 20 días a la firma del contrato o precontrato o a la entrega de cualquier pago, información veraz y no engañosa (art. 62.2 de la Ley 7/1996); el art. 3 del Real Decreto 201/2010 precisa que esos veinte días son hábiles. En la práctica suele documentarse en el llamado Documento de Información Precontractual (DIP). Su contenido mínimo es:

1. datos de identificación del franquiciador (y, en su caso, del franquiciado principal): nombre o razón social, domicilio, capital social según el último balance y datos de inscripción en el Registro Mercantil, cuando proceda;
2. acreditación de la titularidad o licencia de uso en vigor para España de la marca y signos distintivos, con su duración y los recursos judiciales que puedan afectarlos;
3. descripción general del sector de actividad;
4. experiencia del franquiciador: fecha de creación, principales etapas de su evolución y desarrollo de la red;
5. contenido y características de la franquicia y de su explotación: saber hacer, asistencia comercial o técnica y estimación de las inversiones y gastos necesarios para un negocio tipo; si se entregan previsiones de ventas o resultados, deben basarse en experiencias o estudios suficientemente fundamentados;
6. estructura y extensión de la red en España: establecimientos propios y franquiciados, población en que se ubican y franquiciados que han dejado la red en los dos últimos años, indicando si fue por expiración del contrato o por otras causas;
7. elementos esenciales del acuerdo: derechos y obligaciones de las partes, duración, resolución y renovación, contraprestaciones económicas, pactos de exclusiva y limitaciones a la libre disponibilidad del negocio.

El Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, suprimió la obligación de comunicar los datos al Registro de Franquiciadores y derogó los arts. 5 a 12 del Real Decreto 201/2010. Que una enseña no figure inscrita no es, por sí solo, una irregularidad: la protección del candidato descansa en la información precontractual y en su propia verificación.

Qué ocurre si la información falla

Los veinte días hábiles son un periodo mínimo de reflexión. Si el franquiciador presiona para firmar antes o entrega información incompleta o inexacta, incumple una obligación legal que puede ser sancionable conforme al régimen de infracciones de la Ley 7/1996. El incumplimiento no anula automáticamente el contrato, pero puede fundar su anulación por error o dolo cuando la información omitida o falseada fue determinante del consentimiento, además de una reclamación de daños.

Dos matices limitan esa vía. El primero: lo que cuenta es toda la información entregada por escrito y con antelación —DIP, cuentas de explotación provisionales, precontrato, anexos—, no solo el documento titulado «DIP», porque el art. 3 del Real Decreto no exige un documento único ni una forma concreta más allá de la escrita. El segundo: el dolo exige que las palabras o maquinaciones de un contratante induzcan al otro a celebrar un contrato que sin ellas no habría celebrado (art. 1269 del Código Civil) y, para anular, debe ser grave (art. 1270). Las discrepancias formales entre documentos que, leídos en conjunto, daban la misma información sustantiva no bastan. La acción de anulabilidad por dolo caduca a los cuatro años desde la consumación del contrato (art. 1301 del Código Civil).

Due diligence sobre el franquiciador

La información precontractual es el punto de partida, no el final. Antes de firmar conviene verificarla de forma independiente y completarla:

• Marca. La franquicia descansa sobre su licencia de uso. Hay que comprobar en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) —o en la EUIPO si es marca de la Unión Europea— que está registrada a nombre del franquiciador y sin litigios sobre su titularidad.
• Solvencia. Inscripción en el Registro Mercantil y cuentas anuales depositadas de los últimos ejercicios; si es posible, también las de las sociedades franquiciadas. Conviene confirmar que está al corriente de sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social y consultar el Registro Público Concursal: un franquiciador en situación preconcursal o en reestructuración puede no ser capaz de prestar el soporte y la formación que justifican los royalties.
• Experiencia real de la red. Hablar con franquiciados actuales y, si es posible, con antiguos. Las bajas de los dos últimos años figuran en la información precontractual, pero no siempre reflejan el nivel real de conflicto; las discrepancias entre las proyecciones y la experiencia real son una señal de alerta.
• Viabilidad económica. Las proyecciones de facturación no son vinculantes salvo que se incorporen al contrato como garantía, aunque deben estar fundamentadas. Hay que contrastarlas con centros comparables y calcular el coste total: además del canon, adaptación del local, seguros, stock inicial, tesorería para los primeros meses y gastos de lanzamiento.
• Normativa sectorial. En una franquicia de gimnasio, por ejemplo, rige la regulación autonómica sobre instalaciones deportivas, seguridad y titulaciones del personal técnico, y un modelo diseñado para Madrid puede no trasladarse sin adaptaciones a Cataluña o Andalucía.

Las cláusulas clave del contrato

Canon de entrada y royalties

El canon de entrada es el pago único por acceder a la red, operar bajo la marca y recibir el saber hacer. Su importe varía mucho según el sector y la notoriedad de la marca, y debe compararse con lo que realmente incluye (formación inicial, asistencia en la apertura, software, equipamiento, proyecto de interiorismo). Hay que distinguirlo de otros pagos iniciales obligatorios —adaptación del local, stock de apertura, campaña de inauguración—, que forman parte del coste real de entrada.

Los royalties son pagos periódicos, habitualmente mensuales, calculados como porcentaje sobre ventas brutas o sobre margen, como cantidad fija o con un sistema mixto; a menudo se añade una aportación a un fondo de publicidad. Un royalty sobre ventas brutas pesa más que uno sobre margen en negocios de márgenes ajustados y, en los primeros meses, antes de alcanzar el punto de equilibrio. El contrato debe definir la base de cálculo, la periodicidad y la revisión de cada pago, y conviene modelizar su impacto en varios escenarios de ventas.

Exclusividad territorial

Define la zona en la que el franquiciador se compromete a no abrir otros establecimientos, propios o franquiciados, que compitan con el del franquiciado. Conviene comprobar:

• que el territorio se delimita con precisión (municipios, códigos postales o polígonos concretos), no con fórmulas como «zona de influencia» o «área de captación»;
• si la exclusividad es absoluta o depende de objetivos mínimos de ventas, porque en ese caso puede perderse sin incumplimiento formal;
• si alcanza a la venta en línea, que algunas redes reservan al franquiciador, y las consecuencias de su vulneración.

En Derecho de la competencia, el Reglamento (UE) 2022/720 —aplicable desde el 1 de junio de 2022 si las cuotas de mercado de las partes no superan el 30 % (art. 3)— permite como regla restringir las ventas activas en territorios reservados al franquiciador o asignados en exclusiva a otros, y el lugar de establecimiento del franquiciado, pero considera restricción especialmente grave limitar las ventas pasivas, incluidas las que llegan por internet, e impedir el uso efectivo de internet para vender (art. 4). Sobre el Derecho de la competencia en general puede verse la guía de riesgos legales de competencia para la empresa.

Suministro y aprovisionamiento

Muchos contratos obligan a comprar ciertos productos al franquiciador o a proveedores homologados. Puede ser legítimo para preservar la uniformidad y la calidad de la red, pero se convierte en un mecanismo de transferencia de rentas si los precios superan los de mercado. La obligación de comprar al franquiciador o a quien este designe más del 80 % de los productos contractuales se considera una obligación de no competencia (art. 1.1.f del Reglamento) y, en principio, solo está exenta si no excede de cinco años (art. 5.1.a). Las Directrices de la Comisión admiten que, en la franquicia, estas obligaciones queden fuera de la prohibición cuando son necesarias para mantener la identidad común y la reputación de la red, pero no cuando su finalidad principal es extraer rentas mediante precios elevados.

Inversiones y reformas obligatorias

Muchas centrales imponen renovaciones periódicas de equipamiento o reformas para mantener la imagen de marca. Deben estar cuantificadas o, al menos, acotadas: una cláusula que obligue a «mantener las instalaciones conforme a los estándares de la central» sin límite económico es una fuente de conflictos de difícil solución.

No competencia durante y después del contrato

Durante la vigencia, el Reglamento exime las obligaciones de no competencia de hasta cinco años (art. 5.1.a), y las Directrices admiten que en la franquicia se justifiquen durante todo el contrato si son necesarias para proteger el saber hacer y la identidad de la red. La no competencia postcontractual solo queda exenta si se refiere a bienes o servicios que compitan con los de la franquicia, se limita al local y terrenos desde los que operó el franquiciado, es indispensable para proteger el saber hacer transmitido y no dura más de un año tras la extinción (art. 5.3). Sí cabe prohibir sin límite temporal el uso y la divulgación del saber hacer no público. Una cláusula más amplia pierde la exención y queda sometida a un análisis individual que puede llevar a su nulidad, aunque esta no arrastra por sí sola la del resto del contrato.

Duración, renovación y salida

La duración debe permitir amortizar la inversión. Un contrato de dos o tres años para un negocio con cien mil euros invertidos en local y equipamiento no permite una rentabilidad razonable, y uno de cinco años para una inversión que necesita siete deja al franquiciado en posición de dependencia al negociar la renovación. Conviene revisar si las prórrogas son automáticas o están condicionadas a objetivos, y si el franquiciador puede modificar unilateralmente al renovar las condiciones económicas, de suministro o de inversión, porque esa asimetría puede volver poco rentable un negocio que lo era.

Las causas de resolución anticipada deben estar tasadas (por ejemplo, incumplimiento esencial, insolvencia o pérdida de la licencia de actividad) y ser equilibradas para ambas partes. Las que suele invocar el franquiciador —impago de royalties, objetivos de ventas, estándares de calidad o transmisión no autorizada del establecimiento— deben definirse con precisión, porque una redacción vaga le da un margen excesivo para resolver. La salida anticipada del franquiciado sin incumplimiento grave del franquiciador suele acarrear penalizaciones que deberían guardar proporción con el daño real; las que equivalen a todos los royalties pendientes pueden discutirse, pero la moderación judicial de la cláusula penal (art. 1154 del Código Civil) tiene un alcance limitado cuando la pena se pactó precisamente para ese incumplimiento. También conviene saber qué derechos tiene el franquiciado si quiere transmitir el negocio.

Por último, el crecimiento acelerado de la red puede perjudicar al franquiciado ya integrado: saturación territorial, peor asistencia de una central que crece más rápido de lo que puede gestionar o nuevos formatos que alteran el posicionamiento de la marca. El contrato debería prever mecanismos frente a esos escenarios.

Relaciones laborales y protección de datos

El franquiciado es el empleador de su plantilla y la central no asume responsabilidad laboral, salvo supuestos excepcionales de grupo de empresas o cesión ilegal de trabajadores. Pero si la central impone condiciones tan detalladas que anulan la autonomía organizativa del franquiciado (horarios, uniformes, protocolos de atención, fichaje), podría argumentarse una codirección con consecuencias de responsabilidad solidaria; el contrato debe delimitar dónde acaba la estandarización de la marca y empieza la autonomía empresarial.

En protección de datos, el franquiciado responde como responsable del tratamiento conforme al RGPD y la LOPDGDD. En sectores como el de los gimnasios se tratan datos de salud (cuestionarios médicos), biométricos (acceso por huella) e imágenes de videovigilancia, y el contrato debe regular la relación entre las partes, sobre todo si se comparten bases de datos o aplicaciones centralizadas.

Conflictos frecuentes y cómo se resuelven

Los conflictos típicos son la información precontractual que no se corresponde con la realidad (facturaciones infladas, costes omitidos, bajas no comunicadas), un saber hacer que no se transmite o no se actualiza, la apertura de centros en la zona protegida, las discrepancias sobre el cálculo de royalties, la negativa a renovar y la resolución anticipada, con sus consecuencias (indemnizaciones, liquidación de stock, no competencia). Para conflictos ya planteados, puede verse la guía sobre problemas legales en franquicias.

La vía depende de lo pactado: jurisdicción ordinaria, arbitraje o mediación. El arbitraje puede ser más ágil, pero sus costes iniciales pueden pesar para el franquiciado, por lo que la cláusula de resolución de conflictos debe analizarse antes de firmar. Si el asunto va a los tribunales civiles, desde la Ley Orgánica 1/2025 es requisito para que se admita la demanda, con carácter general, haber intentado antes un medio adecuado de solución de controversias (art. 5), como la negociación directa o entre abogados, la mediación o una oferta vinculante confidencial. La mediación previa puede, además, preservar la relación cuando el conflicto aún es reconducible.

Jurisprudencia de referencia

Sentencias públicas de otros procedimientos, seleccionadas como referencia; no son asuntos de este despacho. El resultado de cada caso depende de sus circunstancias.

• SAP Barcelona (Sección 17.ª) 901/2024, de 12 de diciembre (ROJ SAP B 15906/2024, ECLI:ES:APB:2024:15906; recurso de apelación n.º 1353/2022; ponente: Ana María Ninot Martínez). Etalentum Selección SL firmó el 20 de enero de 2020 una franquicia de selección de personal con Nazan Roy SL para Vizcaya; la franquiciada empezó a operar el 16 de marzo de 2020, dos días después del estado de alarma (Real Decreto 463/2020), y por anexo de 1 de abril se suspendió el contrato hasta el 30 de septiembre, con reanudación automática. Por burofax de 24 de septiembre la franquiciada se negó a reanudar invocando la cláusula rebus sic stantibus, no acudió al acta de reinicio ni a la formación y dejó impagado el último plazo del canon. El franquiciador resolvió el 23 de noviembre de 2020 (art. 1124 del Código Civil) y reclamó 80.262,17 euros a la sociedad y a sus dos fiadores solidarios; la franquiciada pidió en reconvención la nulidad por inexistencia de saber hacer, la anulabilidad por error y dolo o la resolución, con una indemnización de 364.948,07 euros. El Juzgado de Primera Instancia n.º 53 de Barcelona anuló el contrato por error inducido por dolo, al apreciar discrepancias entre DIP y contrato. La Audiencia lo revocó: el royalty del 10 % del DIP se desglosaba en el contrato en un 1 % de marca y un 9 % de explotación, diferencia inocua; el canon de marketing del 4 % se sustituía el primer año por 500 euros al mes, pero la cuenta de explotación provisional entregada en una reunión de los días 3 y 4 de diciembre de 2019 ya lo recogía (6.000 euros); y el canon tecnológico de 400 euros al mes figuraba en esa cuenta como gastos de software y alojamiento. La información previa «es toda la suministrada por el franquiciador, por escrito y con la debida antelación, y no solo la contenida en el denominado Documento de Información Precontractual». Rechazó la rebus sic stantibus por no acreditarse una alteración que frustrara el contrato ni una onerosidad excesiva, validó la resolución y condenó a la franquiciada y a sus fiadores a pagar 12.100 euros (el último plazo del canon, 10.000 euros más IVA), más el interés legal desde la demanda y las costas, sin pronunciamiento sobre las de la apelación.
• STS 62/2012, de 27 de febrero (ROJ: STS 1327/2012; ECLI:ES:TS:2012:1327). En una franquicia de hostelería no apreció dolo del franquiciador, porque constaba que los administradores de la franquiciada tenían experiencia en el sector, que los planes de viabilidad no carecían de realismo y que conocían el limitado recorrido de los establecimientos piloto.
• SAP Madrid (Sección 32.ª) n.º 218/2026, de 12 de junio (ROJ: SAP M 8159/2026; ECLI:ES:APM:2026:8159). Apreció la nulidad de una cláusula de no competencia postcontractual extendida a todo el territorio nacional.

Errores frecuentes y lista de comprobación antes de firmar

Los errores más comunes del candidato son confiar solo en las proyecciones del franquiciador, no negociar un contrato que se presenta como de adhesión aunque muchas de sus cláusulas (exclusividad, duración, renovación, objetivos, penalizaciones) admiten negociación, no calcular el coste total de la inversión y firmar sin asesoramiento independiente un documento redactado por los abogados del franquiciador. Antes de comprometerse conviene:

• comprobar la identidad, la inscripción y la solvencia del franquiciador y la titularidad o licencia de la marca;
• confirmar la recepción de toda la información precontractual con al menos veinte días hábiles de antelación y conservar la prueba de su entrega;
• contrastar las previsiones con datos reales de establecimientos operativos y con franquiciados actuales y antiguos;
• revisar la exclusividad territorial y su relación con la venta en línea, el suministro, la no competencia, la duración, las causas de resolución, las penalizaciones y la transmisión del negocio;
• analizar la normativa sectorial aplicable, las obligaciones de protección de datos y las implicaciones laborales del modelo;
• revisar la cláusula de resolución de conflictos.

El test de diagnóstico legal para franquicias permite una primera orientación. Para revisar el contrato y la información precontractual antes de firmar, el despacho presta asesoramiento como abogado de franquicias en Madrid, y la consulta puede plantearse a través de la página de contacto.

Valoración del despacho

La fase decisiva de una franquicia es la precontractual. La información precontractual no es un trámite, sino el documento en el que el franquiciador se compromete por escrito con datos sobre la red, la marca, las bajas y la inversión necesaria, y sobre el que el candidato decide invertir. Conviene exigirla completa, con los veinte días hábiles de margen, conservar la prueba de su entrega y contrastar cada dato —en especial la estimación de inversión, las previsiones de ventas y las bajas de los dos últimos años— con franquiciados actuales y antiguos, cuentas depositadas y registro de la marca, además de con el plan financiero del propio candidato. Todo lo recibido por escrito antes de la firma debe guardarse: si el negocio no responde a lo prometido, será la base de cualquier reclamación. Para el franquiciador, la mejor protección frente a reclamaciones por error o dolo es la inversa: una información completa, veraz y coherente con la cuenta de explotación y el contrato, con prueba fehaciente de la fecha de entrega de cada documento.

En el contrato, las cláusulas que más condicionan el futuro son la exclusividad territorial y su relación con la venta en línea y el reparto a domicilio, las obligaciones de compra, la no competencia postcontractual, que debe revisarse a la luz del Reglamento (UE) 2022/720, y las consecuencias económicas de la salida anticipada. Conviene negociarlo pensando en el peor escenario —qué ocurre si la central abre un centro cerca, si exige una reforma costosa o si la relación termina antes de amortizar la inversión—, porque muchas cláusulas son negociables y lo que no se negocia antes de firmar es difícil de corregir después.

Si surge el conflicto, quien quiera anular el contrato por defectos de información debe comparar todo lo recibido por escrito antes de firmar con lo que después se le exige, reconstruir el expediente precontractual con sus fechas y localizar datos concretos que falten en todos los documentos o sean falsos; la vía con más recorrido suele ser la de unas previsiones de ventas sin fundamento suficiente, donde la prueba pericial es decisiva, y hay que acreditar que el engaño fue grave y determinante. El error más costoso es dejar de cumplir antes de tener una causa sólida, como muestra el caso de Barcelona, en el que acabaron condenados también los fiadores: hay que documentar y comunicar incumplimientos concretos, requerir su subsanación y, si se invoca un cambio de circunstancias, proponer primero la renegociación. Para ambas partes, conviene pactar y documentar desde el principio un procedimiento de negociación previo, que facilita resolver discrepancias y, si el conflicto llega a los tribunales, cumplir el requisito de la LO 1/2025.